La denuncia que involucra a Alberto Fernández evidencia la arbitrariedad de la Justicia
A casi dos años de la muerte de Solange Musse, ocurrida en Córdoba, su padre continúa luchando contra un Estado que le quitó la posibilidad de despedirse de su hija. La denuncia realizada por Pablo Musse refleja las resoluciones arbitrarias de una Justicia que debería ser igual para todos.
El nombre de Solange Musse conmovió a todo el país tras conocerse el pedido que había hecho pocos días antes de su muerte. La joven de 36 años cursaba último estadio de un cáncer terminal y expresó el deseo de poder despedirse de sus seres queridos a través de una carta, sin embargo, las restricciones de circulación impuestas durante la pandemia le negaron la posibilidad de ver a su padre por última vez.
"Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”, había expresado Solange en un escrito días antes de su muerte pidiendo que se respeten sus derechos y los de su familia.
Pablo Musse vio a su hija en marzo del 2020 antes del inicio de la pandemia, en julio de ese mismo año decidió viajar desde Neuquén porque el cáncer de su hija empeoraba pero no pudo ingresar a Córdoba por las restricciones de circulación que regían entonces. La muerte de Solange marcó una de las injusticias más grandes de la pandemia y hoy toma protagonismo a partir de la figura de su padre, quien continúa luchando por una justicia que le dio la espalda.
Las decisiones tomadas a nivel judicial en torno a las causas que tenían como principales señalados a Fabiola Yañez y Alberto Fernández por la violación de la cuarentena en la Quinta de Olivos sirvieron para reavivar el dolor y la bronca de miles de familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos debido a las restricciones impuestas durante la pandemia.
Los 3 millones de pesos que pagarán el Presidente y la primera dama para cerrar la causa de la Fiesta VIP, en la que se los investiga por la violación del decreto que el mismo Alberto Fernández dictó, fue la gota que rebalsó el vaso para Musse quien continúa con una serie de acciones que incluyen una denuncia penal por prevaricato contra el juez y el fiscal de la causa.
“Tanto el juez como el fiscal tomaron al presidente como si fuera una persona común. La denuncia por prevaricato contra el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez se deriva a la jueza Arroyo Salgado quien nos convocó para ratificar la misma”, contó Musse en diálogo con MDZ.
“Al ser presidente y funcionario público no le corresponde ese beneficio, tenemos que esperar la investigación de la Dra. Arroyo Salgado y los tiempos de la justicia”, finalizó el papá de Solange.
Cierre polémico para una causa que provocó indignación
Finalmente la polémica causa por la fiesta de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama se cerrará con arreglos económicos. El juez Lino Mirabelli homologó los acuerdos realizados del presidente Alberto Fernández y su mujer Fabiola Yañez con el fiscal, por un total de 3 millones de pesos que irán destinados al hospital Malbrán.
La donación es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esa manera, se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado.
La propuesta en nombre de Alberto Fernández realizada por los abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso, se suma a las de los otros participantes de la fiesta que, al igual que el primer mandatario, violaron las restricciones impuestas en la pandemia. El primer acuerdo de compensación homologado por el juzgado fue el de la vestuarista Carolina Marafioti, que había ofrecido $200.000. Fernando Consagra, Emanuel López y Santiago Basabilbaso, donarían entre $250.000 y $300.00 para ser sobreseídos de manera definitiva.