Una exfuncionaria clave negó irregularidades y desligó a Alberto Fernández en la causa Nación Seguros
Mirta Adriana Guida, extitular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, declaró en la causa donde está procesado el expresidente y afirmó que no intervenía en ningún tipo de contrataciones.
La exsuperintendenta de Seguros de la Nación brindó testimonio en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante el gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que no hubo directa del entonces presidente en las decisiones operativas del sistema ni en la elección de compañías o intermediarios.
Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo, Guida explicó que el decreto “establecía la obligatoriedad de que las pólizas del Estado sean aseguradas en Nación Seguros” y remarcó que su implementación no generó conflictos en el sector. “No hubo quejas”, sostuvo, al tiempo que indicó que tampoco se registraron cambios relevantes en el funcionamiento del mercado asegurador tras su entrada en vigencia.
El de Guida fue el segundo de los 6 testimonios solicitados por Mariana Barbitta, defensora de Alberto Fernández. La exfuncionaria subrayó que el exmandatario no tenía injerencia en las contrataciones específicas: “Sacó el decreto y hay que cumplirlo. Otro rol no hace”, dijo. En esa línea, agregó que el mandatario “no selecciona ni define ni elige las entidades autorizadas a operar ni las coaseguradoras”, lo que refuerza la idea de que las decisiones concretas recaen en los organismos administrativos.
Guida también descartó haber participado en la elaboración de la norma o haber sido consultada previamente. “No participé de la redacción del decreto”, señaló, y explicó que ello se debía a que el entonces presidente tenía conocimiento del área. Su intervención, en cambio, se limitó al control del sistema asegurador, función propia del organismo que encabezaba entre 2020 y 2023.
Otro aspecto que abordó durante la testimonial fue el rol de los intermediarios, pues el decreto no eliminó la participación de brokers o productores, una de las cuestiones bajo análisis en la causa. “El decreto no elimina la intermediación”, sostuvo, y detalló que los organismos públicos podían seguir contratando seguros tanto de manera directa como a través de asesores, especialmente cuando no contaban con conocimiento técnico en la materia.
En ese sentido, explicó que la intervención de un productor es habitual y responde a una lógica operativa: “Si no se sabe del tema, las personas u organismos recurren a un productor”. De esta manera, relativizó la hipótesis de que la intermediación constituya, por sí misma, una irregularidad.
A lo largo de su declaración, la exfuncionaria no identificó anomalías en la aplicación del decreto ni situaciones que sugieran un uso indebido del sistema. Tampoco señaló haber recibido presiones, instrucciones o consultas vinculadas a favorecer a determinados actores del mercado. Su testimonio, en cambio, reforzó la idea de que el esquema se mantuvo dentro de los parámetros habituales de funcionamiento.
Incluso, al referirse a la causa, dejó una valoración personal que no pasó desapercibida: dijo que le parecía “ridículo” el planteo y afirmó estar “segura de que no tiene nada que ver”, en alusión al expresidente.