Denuncian la gravedad de la situación de las personas con discapacidad

La situación crítica que atraviesan las obras sociales y empresas de medicina prepaga impacta de manera directa en los afiliados que ven imposibilitado el acceso a prestaciones médicas. Entre las dificultades principales está la escasa disponibilidad de turnos, los coseguros que deben abonar por diversas prácticas y la cobertura de medicamentos o prestaciones relacionadas con el Programa Médico Obligatorio (PMO). A eso se suma la cobertura que poseen las personas con discapacidad que según los afiliados, es insuficiente.

De hecho, este jueves en todo el país, las entidades que nuclean a prestadores de la salud dedicados a atender y practicar terapias a personas con discapacidad, se unirán en una misma voz y se movilizarán junto a las familias afectadas como consecuencia de las trabas a la hora de lograr una adecuada cobertura; derecho que por ley den ser contemplado y garantizado. En Mendoza, la convocatoria para reclamar por los derechos de miles de personas que atraviesan por complejas y dolorosas situaciones como consecuencia de las dilaciones para acceder a las prestaciones, está programada para las 10:30 en el Parque Cívico (franja este).

Mariana Oldrá es una de las profesionales dedicadas a trabajar con personas que atraviesan una limitación física o mental. Detalla la kinesióloga, que una de las trabas más notorias con las que se encuentran los pacientes a la hora de acceder a la cobertura en sus tratamientos y terapias, tiene que ver con "las graves falencias de tipo burocrático que hace extender por demás los plazos". Pero además, señala la profesional, los prestadores de salud se ven expuestos a demoras que exceden los 90 días a la hora de cobrar sus honorarios y eso lleva a que muchos decidan trabajar por fuera del sistema, es decir, sin recibir obras sociales o prepagas.

"Muchas veces las obras sociales tardan en aprobar las prestaciones. Es muy compleja la situación tanto para nosotros, los profesionales, como para las familias que necesitan mejorar la calidad de vida de sus seres queridos", aclara Oldrá.

Sus dichos inclusive, muestran una mirada más amplia de la problemática que hoy atraviesa a las personas con discapacidad. Para logar la cobertura de los acompañantes terapéuticos que en el caso de los niños con diferentes condiciones requieren para asistir a la escuela, la odisea de muchos papás y mamás merece un capítulo aparte: "Hay veces que demoran hasta veinte días o más para autorizar las prestaciones y eso implica para las familias mucho estrés y tristeza", ejemplifica la profesional que forma parte de un grupo de prestadores médicos dedicados a discapacidad, que por estos días se encuentran tramitando la conformación de una entidad que los represente con personería jurídica.

Oldrá considera que aún queda un largo camino para que la Ley Nacional N° 26.378 -que establece los derechos que deben ser garantizados por el Estado respecto de las personas con discapacidad- sea cumplida. "La discapacidad en Argentina y en Mendoza en particular sigue siendo algo a lo que no se le da importancia. No se hace el adecuado seguimiento; es como si nadie mirara en realidad a los pacientes y sus necesidades", detalla la profesional. 

Casi como una paradoja, Argentina es uno de los países que ya manifestó su adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento establece, en líneas generales, el derecho humano de quienes viven con una condición limitante a vivir de manera plena en sociedad, sin limitaciones ni discriminación de ninguna clase. 

El argumento de los privados

Por su parte, los referentes de las empresas de medicina prepaga explicaron que uno de los aspectos relacionados con la dificultad que tienen los programas médicos obligatorios para cubrir las patologías y tratamientos de los afiliados está relacionado con nuevas prestaciones que se incorporan a través de la legislación. 

"Aparecen los nuevos derechos que las empresas de medicina prepaga estamos obligados a cubrir mientras que el Estado no está obligado a cubrir ninguna de esas prestaciones. Se incorpora la cobertura de servicios de educación y gastos de transporte para personas con discapacidad que no tiene nada que ver con la salud", destacó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra). 

"Estamos de acuerdo con la asistencia y cobertura a la persona con discapacidad pero esa cobertura tiene que salir de un fondo específico", explicó Lilloy.

"Coincidimos con la CGT en relación a las prestaciones que se otorga a las personas con discapacidad. Más del 60% del Fondo Solidario se gasta en prestaciones no médicas. Estamos de acuerdo con la asistencia y cobertura a la persona con discapacidad pero esa cobertura tiene que salir de un fondo específico", explicó Lilloy.

En ese sentido, desde la Cámara de Entidades de Medicina Privada explicaron que existe un menú de prestaciones que son teóricas y que el sistema no tiene capacidad de financiarlas. "Es una actualización de hecho del PMO. El sistema hoy tiene dificultad para cubrir el sistema básico, mucho menos tiene capacidad para cubrir estas nuevas prestaciones", agregó.