El fuerte impacto en los afiliados de un sistema de salud quebrado y obsoleto

Las personas que requieren atención médica se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a un sistema de salud que se burocratiza a medida que las patologías que padecen son más complejas. Las regulación en materia de prestaciones médicas es escasa y en muchas ocasiones los pacientes recurren a la judicialización de sus causas para lograr la cobertura que necesitan. Empresas de medicina prepaga y obras sociales prácticamente quebradas y sin solvencia para brindar los servicios esenciales a los afiliados.

El cimbronazo económico generado por la pandemia sumado a los altos niveles de inflación que registra Argentina, derivó en numerosos problemas que impactaron de forma directa en el derecho que todos los seres humanos tienen por el solo hecho de existir, el acceso a la salud es uno de ellos y hoy se ve limitado por los valores de las cuotas, la falta de coberturas y la reducción de las cartillas médicas. 

El costo del acceso a la seguridad social varía de acuerdo a la cobertura, edades y empresa u obra social seleccionada. Los afiliados de algunas de las empresas de medicina prepaga más importantes a nivel nacional abonan entre 5 y 20 mil pesos mientras que las obras sociales estatales tienen un ingreso promedio de 3.500 pesos. 

Se calcula que al sistema de salud público asiste al 30% de la población total de nuestro país mientras que el 70% restante posee la cobertura de alguna empresa de medicina prepaga u obra social. Sin embargo, debido a la situación económica, miles de personas migran a los efectores públicos en busca de atención médica y tratamientos que sus obras sociales o prepagas no cubren.

Un sistema casi quebrado que impacta en los afiliados

El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una canasta básica de prestaciones obligatorias establecida para todas las prepagas y obras sociales que las mismas están obligadas a cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes. A pesar de eso, miles de afiliados recurren a la judicialización de sus causas con el objetivo de lograr coberturas que no están contempladas.

"Es un sistema que está fuertemente desfinanciado, menos de la mitad de las obras sociales están en condiciones de cubrir el PMO, sin tener en cuenta todos los agregados que han surgido", explicó Lilloy. 

Hace 10 años, cuando se elaboró el PMO se tomó en cuenta la recaudación promedio de la seguridad social y los recursos disponibles, sin embargo, muchos de esos planes y tratamientos que fueron autorizados hoy están desactualizados. Por esa razón, los pacientes se ven obligados a recurrir a la justicia para lograr el acceso a las coberturas y, a pesar de que esos tiempos no son significativos, para quien necesita una solución inmediata cada minuto es valioso y puede ser determinante para el riesgo de vida.

"El sistema en vez de haber tenido una actualización en función de los recursos de la seguridad social, ha tenido una actualización anárquica y desordenada. Hay un menú de prestaciones que son teóricas y el sistema no tiene capacidad de financiarlo, se siguen agregando coberturas de manera indiscriminada que incluyen medicamentos que ni siquiera están aprobados en el país", aclaró el presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra), Ricardo Lilloy. 

El ex titular de Osep agregó que durante su gestión al frente de la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza, el total que representaban los medicamentos de alto costo era del 10% mientras que hoy representan el 60%, "un producto que consumen 100 personas se lleva lo que gastan 400 mil afiliados. Va a llegar un momento en que la obra social va a gastar todos sus recursos en la atención que brinda a 100 personas, se está trabajando para ver cómo se puede hacer que la sociedad no se quede sin fondos para la atención de las enfermedades comunes".

Según Lilloy, otro de los aspectos relacionados con la dificultad que tienen los planes médicos obligatorios para cubrir las patologías y tratamientos de los afiliados está relacionado con nuevas prestaciones que se incorporan a través de la legislación. "En Argentina es frecuente que se legisle por enfermedad. Aparecen los nuevos derechos que tienen que ver con los cambios de sexo y servicios para personas con discapacidad que las empresas de medicina prepaga estamos obligados a cubrir mientras que el Estado no está obligado a cubrir ninguna de esas prestaciones", explicó.

El impacto en la cartillas médicas

Entre las consecuencias del desfinanciamiento que tienen las obras sociales y empresas de medicina prepaga se encuentra la incapacidad del sistema para cubrir tratamientos básicos relacionados con análisis clínicos, odontología, consultas ginecológicas, demoras en la obtención de turnos para prestaciones básicas sumado al impacto en las cartillas médicas que, en los últimos años 10 años tuvieron una reducción del 40%.

"Es un sistema que está fuertemente desfinanciado, menos de la mitad de las obras sociales están en condiciones de cubrir el PMO, sin tener en cuenta todos los agregados que han surgido", explicó Lilloy. 

Una de las consecuencias de la situación actual de desfinanciamiento es la caída en los honorarios médicos que impacta en una reducción importante de las cartillas ya que los profesionales optan por abandonar el sistema. "Hay otra reducción relacionada con los niveles profesionales, cuando se inicia va adquiriendo trayectoria y pericia con los años, se va transformando de un profesional inicial a uno experimentado y no necesita que la obra social les derive sus afiliados. La cantidad de profesionales se ha reducido en números pero también en jerarquía", agregó.