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Paro general: el Gobierno le descontará el día a los trabajadores que adhieran a la medida de la CGT

La CGT llamó al paro general contra la reforma laboral del oficialismo, y gremios como ATE también apuntan a movilizarse al Congreso. La Casa Rosada respondió con una dura advertencia para los trabajadores públicos.


El Gobierno quiere apurar la marcha para tratar este jueves la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En respuesta, ante la creciente presión de las bases gremiales, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas en rechazo al proyecto. En ese marco, en Casa Rosada adelantaron que se le descontará el día a aquellos empleados públicos que decidan adherir a la medida, incluso a pesar de que el transporte se verá paralizado por la huelga.

La advertencia del Gobierno a los empleados públicos

La medida en sí no es novedosa, es una práctica que el Ejecutivo ya había implementado en los últimos tres paros nacionales previos convocados por la entidad obrera. Sin embargo, esta edición tiene una particularidad respecto a la última del pasado abril de 2025: llegar a los lugares de trabajo será toda una odisea.

Esto se debe debe a que los diferentes gremios de transporte que nuclean a colectivos, trenes, subtes y taxis anticiparon su adhesión al llamado de la CGT, un factor clave para garantizar el éxito de la medida de la central obrera que se propone paralizar por completo las actividades del país.

Sin embargo, en el Gobierno no tendrán contemplaciones y, según trascendió, repetirán el mecanismo de las protestas anteriores: descuentos salariales para quienes adhieran a la medida.

ATE declaró "estado de asamblea permanente y movilización" Foto: Noticias Argentinas

Frente a la reforma laboral del Gobierno, la CGT anunció paro general y el sindicato ATE marchará hacia el Congreso.

Las diferencias internas del sector gremial

Esto podría alcanzar a los trabajadores nucleados bajo los dos principales sindicatos del sector público, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que encabeza Rodolfo Aguiar.

El primero, confirmó su adhesión al paro, pero al igual que la CGT no realizará una movilización, mientras que el grupo que representa Aguiar anunció que marchará hacia el Congreso el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Hasta ahora, se prevé que la sesión sea el jueves.

"No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores", cuestionó Aguiar en diálogo con Infobae en Vivo, marcando las diferencias internas en el frente sindical.

Por su parte, el secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, apuntó directamente contra la cúpula de la CGT, a quienes calificó como "bastante tibios" por no movilizar al Palacio Legislativo.

"No nos sirve un paro dominguero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores", lanzó el gremialista en contacto con Radio Mitre.

El conflicto por las licencias médicas

Hasta el momento, la CGT había manifestado su rechazo a la reforma laboral del Gobierno, pero con negociaciones abiertas que le permitieron eliminar puntos clave para el financiamiento de los sindicatos como la mantención de las cuotas solidarias y las contribuciones patronales para las obras sociales.

Sin embargo, la aparición de un sorpresivo cambio en el proyecto aprobado por los senadores a último momento para modificar el régimen de las licencias médicas reavivó la llama combativa del sector sindical. De aprobarse, los trabajadores que deban solicitar licencias por enfermedad no percibirán el 100% de su salario como ocurre actualmente.

De acuerdo al artículo 44 que introdujo la Cámara Alta, los empleados que sufran accidentes o enfermedad no vinculados a la actividad laboral que puedan verse inhabilitados para trabajar, recibirán el 50% de su salario, mientras que aquellos que no puedan asistir a su puesto por motivos ajenos a su acción voluntaria, el monto ascenderá al 75 % de la remuneración.

Según el oficialismo, el polémico punto busca modificar un sistema que fomenta el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, para los gremios y la oposición se trata de una nueva avanzada del Gobierno contra los trabajadores.

Mientras el Gobierno lidia con la polémica desatada por la medida y evalúa posibles cambios para garantizar el avance de la reforma, la CGT se propone un paro contundente que congele la actividad en todo el país. Finalizado el descanso de Carnaval, el país atravesará días de tensión y negociación política con un resultado todavía incierto.