La Cámpora le declara la guerra a Milei: buscan blindar campos en PBA ante la derogación de la Ley de Tierras
A contramano de Milei, La Cámpora busca en la Legislatura bonaerense limitar la venta de tierras a capitales extranjeros en provincia de Buenos Aires
La Cámpora quiere blindar la tierra bonaerense de capitales foráneos. Imagen creada con IA
El kirchnerismo le declaró la guerra en la Legislatura bonaerense a la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Javier Milei. Diputados bonaerenses de La Cámpora presentaron un proyecto de ley para poner un estricto techo del 15% a la titularidad de campos en manos de extranjeros en la provincia de Buenos Aires.
La Cámpora le responde a Milei con un cerrojo a la Ley de Tierras en la provincia de Buenos Aires
La movida kirchnerista en la Cámara Baja bonaerense, impulsada por los diputados camporistas Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero busca reinstalar en la provincia de Buenos Aires el espíritu de la Ley 26.737, más conocida como Ley de Tierras impulsada por Cristina Kirchner en 2011, tras la desregulación fijada por el DNU 70/2023 de Javier Milei.
El objetivo formal de La Cámpora es ponerle un freno a la compra masiva de tierras por parte de firmas o personas de otros países, creando para eso un Registro Provincial de Tierras Rurales que obligará a transparentar en la provincia de Buenos Aires quién es el "beneficiario final" detrás de cada sociedad, fideicomiso o fondo de inversión.
La iniciativa pretende ponerle un límite del 15%, aplicable a todos los municipios bonaerenses, a la venta de tierras a capitales foráneos. Aunque en la letra chica del proyecto de Ley, tiene una limitación más: fija que personas de una misma nacionalidad no podrán superar el 30% de ese cupo y establece un tope máximo de 1.000 hectáreas por titular en la codiciada "zona núcleo" agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.
El foco en el mapa productivo y los números en rojo
En los fundamentos del proyecto, los legisladores kirchneristas citan datos del ex Registro Nacional de Tierras que exponen realidades muy dispares. Si bien el promedio de extranjerización bonaerense ronda el 2,89% (con unas 834.421 hectáreas en manos extranjeras), hay distritos estratégicos a orillas del río Paraná que sobrepasaron ampliamente cualquier límite; poniendo como ejemplo los municipios de Zárate, un 24,8%, y Campana en donde las tierras en manos de extranjeros escala hasta el 50,2%.
Además, la iniciativa prohíbe de manera explícita que extranjeros sean dueños o poseedores de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura. Para La Cámpora, permitir la libre venta de tierras es poner en jaque la soberanía alimentaria de los bonaerenses y el acceso a recursos hídricos en la provincia que genera casi el 39% de las exportaciones del país.
Blindaje ambiental y "cero indemnizaciones" para los tramposos
El texto prevé la creación de las llamadas "zonas de protección territorial estratégica" —que abarcan desde humedales y cuencas hídricas hasta cinturones hortícolas— donde cualquier transacción requerirá el aval previo del estado provincial. Es decir, si el gobierno bonaerense considera que la operación atenta contra el arraigo local o promueve la especulación inmobiliaria, directamente deberá rechazarla.
Asimismo, para evitar maniobras de evasión, el proyecto de Ley camporista advierte que el uso de "testaferros" nacionales será sancionado como simulación ilícita. Siendo penalizados con "nulidad total, absoluta e insanable", sin posibilidad de que los inversores reclamen indemnización alguna al estado bonaerense.
La discusión por el modelo de propiedad y el freno a la inversión
Detrás del argumento de la "defensa del trabajo local" y la "soberanía sobre los recursos" la propuesta de La Cámpora, de avanzar en la Legislatura bonaerense, encenderá alarmas en el sector inmobiliario rural y en los bloques legislativos libertarios que verán en el proyecto una traba para desincentivar la llegada de capitales extranjeros al campo de la provincia de Buenos Aires.
Con este proyecto, el kirchnerismo busca marcar la cancha al gobierno nacional argumentando que el dominio originario de la provincia de Buenos Aires sobre sus recursos naturales fue fijado en la Constitución bonaerense.