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Julio De Vido sumó otra condena judicial por la adjudicación de obras vinculadas a Odebrecht

El TOF 2 impuso penas de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al exministro de Planificación, a Daniel Cameron y Cristian Folgar por negociaciones incompatibles con la función pública.


El Tribunal Oral Federal Nº2 condenó este martes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Energía, Daniel Cameron; y al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Cristian Folgar, por su responsabilidad en maniobras vinculadas a la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a una firma relacionada con el grupo brasileño Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.

Los jueces Jorge Goribi, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron acreditado que existieron negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en el proceso de contratación de las obras de ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.

Detalles de las penas y resoluciones judiciales

Cameron fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena recibió De Vido, aunque en calidad de partícipe necesario del delito. Por su parte, Folgar fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua.

Además, el tribunal dispuso que los tres condenados deberán cumplir reglas de conducta durante el plazo de sus respectivas condenas, entre ellas fijar residencia y someterse al control de un patronato.

En contraste, Luis Alberto Beuret fue absuelto de los cargos por los que había llegado a juicio, mientras que Julio Armando Braulat resultó absuelto debido a que no existió acusación en su contra al momento de la definición del proceso. También se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ambos.

La decisión judicial llegó luego de un extenso debate oral iniciado en diciembre de 2020. Antes de resolver sobre el fondo del caso, el tribunal rechazó un planteo de prescripción promovido por las defensas de Cameron y Folgar, que sostenían que había transcurrido un plazo irrazonable para el avance de la acción penal.

El trasfondo del escándalo y el historial delictivo de Julio De Vido

La investigación se centró en las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicadas durante la gestión kirchnerista. Según la acusación impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios del área energética habrían favorecido a una empresa vinculada a Odebrecht mediante decisiones incompatibles con los deberes propios de sus cargos.

Durante su alegato, el fiscal Diego Luciani había solicitado penas más severas. Para De Vido y Cameron reclamó cuatro años de prisión, mientras que para Folgar pidió una condena de tres años y seis meses. Los fiscales sostuvieron que los exfuncionarios intervinieron en decisiones que beneficiaron a la empresa adjudicataria en detrimento de la transparencia que debía regir los procesos de contratación pública.

El caso constituye uno de los capítulos locales derivados del esquema internacional de sobornos reconocido por Odebrecht ante autoridades judiciales de distintos países. Aunque esta causa no abordó específicamente el pago de coimas, sí analizó la legalidad de las decisiones adoptadas por funcionarios argentinos en torno a la contratación de obras energéticas de gran magnitud.

Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos el próximo 4 de septiembre. Allí se conocerán los argumentos detallados que llevaron al tribunal a condenar a tres de los acusados y a absolver a los otros dos imputados que llegaron a juicio.

Las condenas de Julio De Vido

Con esta, Julio De Vido acumula cuatro condenas judiciales: la primera de 4 años por la causa por la tragedia de Once que quedó firme el año pasado, la segunda también de 4 años por compra de trenes chatarra a España y Portugal; y el expediente por la compra irregular de gas natural licuado de 4 años de prisión.