La denuncia del PJ ante el oficialismo por las casas del IPV y el proyecto que se aprobó
La Cámara Alta aprobó el proyecto que agiliza los desalojos por irregularidades. El peronismo no acompañó y denunció "acomodos" en la entrega de viviendas.
En medio de críticas de parte de la oposición, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción completa al proyecto de ley que agiliza el proceso y facilita al Gobierno Provincial la desadjudicación de viviendas que fueron entregadas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero cuyos propietarios han cometido diversas irregularidades, ya sea al no estar al día con el pago de las cuotas, o directamente no habitarlas y alquilarlas mediante contratos temporarios, como uno de los ejemplos.
El proyecto ya había obtenido una fuerte mayoría de votos, con 31 a favor y 8 en contra (del peronismo y kirchnerismo); y ocurrió lo mismo este martes, con una votación que tuvo 28 a favor y 10 en contra (todo Encuentro Mendocino y el kirchnerismo).
Desde el sector peronista, habían sostenido que es necesario “diferenciar al que no puede pagar por una situación particular de aquel que alquila la vivienda" y agregaron que que el proyecto, tal cual estaba presentado, "generaliza y no se resuelve el problema social de las viviendas".
Pero este marte,s el senador peronista, Mauricio Sat, denunció que se estaba dejando aguera "la discusión de fondo, que es quiénes reciben las viviendas del Estado y bajo qué criterios", y deslizó "acomodos" en la adjudicación de casas de parte del radicalismo, aunque no dio nombres.
Qué dice el proyecto de las viviendas del IPV
El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo provincial modifica las normativas para acelerar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles. La propuesta advierte que el IPV continuará con controles para detectar y sancionar a incumplidores.
La iniciativa resalta que “en aquellos supuestos en los que el Instituto Provincial de la Vivienda haya resuelto una desadjudicación podrá iniciar juicio de desalojo”.
El proyecto elimina la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV. La iniciativa sostiene que estos actos administrativos cuentan con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, siempre que se haya respetado.
También se modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario donde se incorpora a los procedimientos de desalojo los supuestos de intervención del IPV para accionar frente a beneficiarios desadjudicados.
Concretamente incorpora un nuevo inciso al artículo 232 del Código Procesal Civil habilitando una vía procesal específica para las desadjudicaciones resueltas administrativamente por el IPV.
La denuncia del peronismo
Volviendo a las declaraciones de Sat, al margen de votar en contra, dijo que están "de acuerdo en que una vivienda debe recuperarse cuando fue alquilada, abandonada o utilizada indebidamente" pero agregó que "no estamos discutiendo cuando una vivienda fue mal adjudicada. Y ese es el verdadero problema que el oficialismo se niega a abordar”, sostuvo.
Sat, quien no ha dado nombres respecto a posibles "acomodos", recordó que presentó en marzo una iniciativa para impedir que funcionarios públicos, familiares directos y socios comerciales accedan a viviendas sociales, proyecto que continúa sin tratamiento legislativo.
“La transparencia no empieza con la desadjudicación. La transparencia empieza con la adjudicación. Si queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y no a quienes tienen vínculos con el poder”, afirmó.
La sorpresa radical ante el voto negativo del peronismo
La senadora Natacha Eisenchlas fue una de las que defendió el proyecto oficialista y se mostró "sorprendida" de las acusaciones de la oposición. "Nos acusan de ser un Gobierno cruel porque queremos quitarle las casas a la gente", dijo.
"Están diciendo que Cornejo le quiere quitar la casa a la gente pobre. No es así, debemos tener más apego a la realidad. Somos un Gobierno que hace más de 7 años que encara la política habitacional con fondos propios", expresó.
En este sentido, sostuvo que el objetivo del proyecto es "permitir que la resolución de desadjudicación tomado por el directorio del IPV sirva como título hábil para iniciar un proceso de desalojo ante la Justicia".
"¿Cómo el IPV llega a iniciar un juicio? Luego de irregularidades por mora o por mal uso de las viviendas", planteó. Agregó que actualmente, cuando el organismo toma conocimiento de la irregularidad, se inicia un proceso "que dura casi 15 meses", tendiente a que el adjudicatario se siente a conversar para cesar en el uso irregular.
No obstante, señaló que si es por alquileres indebidos, la situación se soluciona "en el 100% de las veces"; mientras que si es por mora, se realizan 5 notificaciones y se ofrecen beneficios como "años de gracia, sistema de pagos a cuenta, recálculo de cuotas, entre otros. En este caso, hay solución en el 80% de los casos".
Y agregó que en el 20% de los casos restantes "no es la gente que no puede pagar, sino la gente que no quiere pagar. Lo digo de forma taxativa", agregó.
Mora y/o uso indebido de las viviendas del IPV
Los datos oficiales marcan que hay unos 500 casos vinculados a mora o uso indebido de viviendas.
Según comentó a MDZ Radio el titular del IPV, Gustavo Cantero, desde el 2025 ya llevan “413 casos procesados” y “20 judicializados”.
El funcionario remarcó que la mayoría de los adjudicatarios que están en mora termina regularizando su situación mediante planes de pago. De hecho, expresó que “siete de cada diez personas en el IPV pagan su cuota”, afirmó, y precisó que la mora actual ronda el 30%, equivalente a “cerca de 4.000 familias”.
Sobre la demanda habitacional, Cantero reconoció que “supera más de las 100.000 familias” registradas en los municipios. “La realidad es que la demanda supera la oferta, no hay posibilidades de atender en los tiempos que uno quisiera a la cantidad de gente que está con necesidad”, sostuvo.
De esta forma es cuando toma poder el proyecto, según el oficialismo, sobre todo con propietarios que no utilizan la vivienda a la que accedieron y deciden alquilarla de manera indebida, ya sea en un alquiler "normal", o de manera temporaria, muchos a través de la plataforma AirBnb.
Programas vigentes y acceso a la vivienda
Cantero explicó que las líneas sociales del IPV están destinadas a familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos y que “no tienen que poner anticipo”. En esos casos, “la cuota va hasta el 15% del salario familiar”.
Para los sectores medios, el IPV mantiene programas como IPV Mi Casa y anticipó el lanzamiento de una nueva operatoria. “En el caso del IPV Mi Casa estamos hablando de 25 salarios mínimos”, indicó sobre el aporte inicial requerido. En el nuevo plan, adelantó, “va a estar en el orden de los 10-12 millones de pesos como cuota inicial”.
El titular del IPV destacó que actualmente hay “2.600 unidades habitacionales en ejecución”, de las cuales “más del 70%” están destinadas a sectores vulnerables mediante viviendas sociales y programas de mejoramiento habitacional. “Le hacemos un baño y le cambiamos la vida”, afirmó al referirse a las intervenciones para familias con necesidades básicas insatisfechas.
En cuanto a la construcción de barrios, señaló que el IPV tiene “33 barrios ejecutados en toda la provincia”, con desarrollos de entre 10 y 50 viviendas.