Impulsan un proyecto para sancionar las conductas negacionistas dentro del Estado
El proyecto prevé suspensiones y remociones a quienes utilicen estos discursos para banalizar o relativizan el terrorismo de Estado.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados.
Diputados MendozaLuego del receso, la Legislatura de Mendoza comenzó nuevamente a funcionar y los legisladores regresan a sus labores habituales. En ese contexto, la diputada provincial Gabriela Lizana presentó un proyecto contra las conductas negacionistas dentro del Estado, incluidos docentes y funcionarios.
La representante del Frente Renovador en la provincia argumentó su iniciativa en la protección de la memoria colectiva, los fundamentos constitucionales e internacionales y la posibilidad de sancionar a los funcionarios que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proyecto abarca no sólo los ámbitos públicos formales e institucionales, sino que incluye también las expresiones formuladas en redes sociales, plataformas digitales y sistemas de mensajería instantánea.
La iniciativa busca prevenir, erradicar y sancionar conductas y expresiones que promuevan la negación, justificación, reivindicación, apología y banalización tanto “del terrorismo de Estado de la República Argentina (1976-1983)”, como de genocidios reconocidos y repudiados por el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
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A su vez, el proyecto contempla la utilización de archivo y material para fines museísticos, académicos, investigativos o periodísticos, siempre que sea con fines informativos, documentales o de preservación de la memoria.
Qué sanciones establece el proyecto
La iniciativa contempla una serie de sanciones para el personal de la administración pública provincial que van desde el apercibimiento hasta la suspensión y cesantía de sus cargos. Por su parte, los docentes pueden recibir días de suspensión, postergación en ascensos, retrogradación o ser removidos de sus puestos.
Quienes hayan sido cesanteados de sus cargos no podrán reincorporarse a la Administración Pública Provincial por un plazo de 10 años, creándose un registro provincial de sanciones e inhabilidades firmes por conductas negacionistas para de esta manera quede asentada administrativamente la sanción.