Diputados proponen una drástica sanción contra discursos negacionistas

El interbloque de diputados provinciales de Unión por Mendoza, que integra Cambia Mendoza, presentó un proyecto de ley para imponer penalidades para aquellos funcionarios que reivindiquen la última dictadura militar. Concretamente plantean la inhabilitación por 5 años para ejercer la función pública o presentarse a candidaturas electivas para quienes difundan a través de medios o redes sociales discursos negacionistas.

La iniciativa es impulsada por los legisladores Jorge Difonso, Mauricio Torres y José María Videla Saenz. Plantean establecer la inhabilitación por el termino de 5 años en funciones públicas o a presentarse a candidaturas electivas a “aquellos funcionarios/as que hagan menciones o declaraciones públicas a través de medios de comunicación o redes sociales que promuevan o reivindiquen la dictadura militar”.

Por otro lado, el proyecto también plantea “obligar a estos funcionarios a hacer una disculpa pública una vez pasados los cinco años para poder volver a ejercer cargos públicos”.

Entre los fundamentos, los diputados resaltan que durante la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976 y 1983 “se generaron más de 30 mil desaparecidos y por estos hechos, los genocidas están siendo juzgados por la Justicia desde hace más de una década”.

Asimismo hace referencia a la célebre frase del fiscal Julio César Strassera durante su alegato en el Juicio a las Juntas en 1985 en donde expresó: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino, Nunca más”.

El proyecto elaborado por los sancarlinos de Unión Popular, Difonso y Torres, junto a su aliado legislativo Videla Saenz, del Partido Renovador Federal, expresa que su finalidad es “hacer nuestra la frase de Strassera, ‘Nunca Más’. Pero pretendemos aplicar esta frase histórica en relación a la responsabilidad de todos los funcionarios del Estado, que ya son funcionarios de la democracia argentina”-

Los autores resaltan que “el Estado Argentino en todos sus ámbitos (nacional, provincial o bien departamental), como así también en los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) debe estar obligado a garantizar y cuidar nuestro sistema de gobierno. Para eso es obligación de todos los funcionarios del Estado defender la democracia y en el caso de no hacerlo, es decir, en caso de incurrir en alusiones que reivindiquen la dictadura militar deben ser sancionados”.

La iniciativa de estos diputados aliados de Cambia Mendoza ingresó un mes después del escándalo que involucró a una funcionaria de la municipalidad de Rivadavia que reivindicó a la última dictadura militar y el terrorismo de Estado a través de las redes sociales.

Se trató de Claudia Jaunin, quien se desempeñaba como subdirectora Turismo del municipio del Este y que había hecho un posteo en su cuenta de Facebook donde aparecía un montaje digital en el que el dictador Jorge Rafael Videla tenía adentro del baúl de un Ford Fálcon verde al presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al por entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Luego del revuelo que generó la publicación, el intendente radical de la comuna, Miguel Ronco, tomó la decisión de separarla del cargo y repudió lo sucedido.