Home office tumbero: el PRO presiona a Axel Kicillof para que se dejen de usar celulares en las cárceles

El PRO presentó un proyecto en el Senado bonaerense que busca prohibir que los presos usen celulares en las cárceles de la Provincia. La iniciativa amarilla deja al desnudo “la afinidad ideológica” del gobierno de Axel Kicillof y el kirchnerismo con la delincuencia, permitiendo que los pabellones carcelarios se conviertan en el “home office” de los presos.

Mientras el Gobierno nacional, mediante la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, ordenó que en los penales federales se apriete el botón de "off" a los celulares de los presos para ponerle fin al ciberdelito desde las cárceles; en la provincia de Buenos Aires todo sigue igual desde la pandemia. Permitiendo que los presos usen celulares sin restricciones, por lo que muchos siguen manejando y ampliando sus “pymes delictivas” desde las cárceles bonaerenses sin ningún tipo de restricciones.

El proyecto para prohibir el uso de celulares

La propuesta presentada por el presidente del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, se da luego de que una organización delictiva, liderada por presos detenidos en unidades carcelarias del servicio penitenciario bonaerense de Junín y Pergamino, utilizaran su imagen para estafar a vecinos y comerciantes juninenses.

La denuncia del exintendente de Junín ante la Justicia permitió destapar una modalidad delictiva en expansión en las cárceles como es la suplantación de identidad con fines de estafa, basada en el uso de tecnología, manipulación psicológica y estructuras organizadas.

La experiencia vivida en primera persona, llevó a Pablo Petrecca a presentar un proyecto de ley orientado a terminar con el ciberdelito orquestado desde las cárceles bonaerenses.

En su iniciativa, el legislador del PRO plantea la creación de un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplaza el uso de celulares por parte de los presos. El sistema funciona bajo una red cerrada, sin acceso a internet ni redes sociales, permitiendo únicamente comunicaciones con contactos previamente autorizados, con trazabilidad y supervisión estatal, buscando "reemplazar los celulares de las personas privadas de su libertad por canales controlados, con trazabilidad, contactos autorizados y límites claros para evitar abusos", dice la iniciativa.

Asimismo, establece la prohibición a los detenidos de portar celulares dentro de las unidades penitenciarias y que el incumplimiento será considerado una falta grave teniendo impacto en los beneficios penitenciarios como, entre otros, las salidas transitorias.

¿Derechos humanos o privilegios para el crimen?

El legislador amarillo afirmó que “las cárceles no pueden funcionar como plataformas para delinquir” y añadió: “No se trata de eliminar la comunicación, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado”.

El jefe de la bancada remarcó que su propuesta “no se trata de quitar derechos. Se trata de que esos derechos no se conviertan en una herramienta para delinquir”. El objetivo es que el Estado recupere el control de lo que hoy, por decisión política o incapacidad manifiesta, ha cedido a las bandas organizadas, transformando a las cárceles bonaerenses en centros de logística y "call centers" delictivos.

La decisión política que Kicillof esquiva

La Resolución 336/2026 de Nación fue el disparo de largada. Con tecnología de punta que bloquea dispositivos por IMEI e IMSI, el Gobierno nacional limpió las celdas de las cárceles federales destruyendo más de 4.200 celulares en poder de los detenidos.

Mientras que, en la vereda de enfrente el gobierno bonaerense se aferra a un protocolo de emergencia de la pandemia que hoy se convierte en la herramienta básica que necesita cualquier detenido para manejar “una pyme delictiva” desde su celda.

Lo cierto es que cada vez que la oposición intenta avanzar con una medida para poner orden en las cárceles de la provincia de Buenos Aires los organismo de Derechos Humanos ponen el grito en cielo para que nada cambie.