El intrincado laberinto de la causa de Marcelo D'Agostino y los vínculos entre magistrados

Posteriormente, y ya con la querella presente, fue sorteada la jueza Eleonora Arenas. Pero la magistrada fue recusada por un supuesto vínculo de amistad con D'Agostino. Al margen de esta recusación, Arenas tampoco tuvo en sus manos la causa porque antes de que se resolviera su recusación fue nombrada por el Poder Ejecutivo -y pasó el filtro del Senado- como integrante del Tribunal Penal Colegiado.

De esta forma llegamos a la jueza de primera instancia que actualmente tiene la causa, que es Pina González. Sin embargo, la querella, que tiene como principal abogada a María Elena Quintero, la recusó al sostener que "se ha violado la garantía de juez natural" y que es una conjueza que "aún debe pasar por todo el proceso político" del Consejo de la Magistratura -para aspirar a ser magistrada de ese puesto- .

Además, expresaron que tampoco hubo un sorteo para definir a esta magistrada y que todo el "proceso político" que debería cursar para ser jueza genera incertidumbre en la querella.

Siguiendo en orden cronológico, la recusación de Pina González llegó a un Tribunal compuesto, en un primer momento, por Eleonora Arenas (nuevamente fue sorteada), Belén Salido y Mauricio Juan.

En este caso, la querella no cuestionó a Arenas, cómo sí lo había hecho anteriormente, "porque no debe resolver la cuestión de fondo sino sólo una recusación".

Hay otro dato importante que se suma y que influye en este intrincado laberinto judicial de Mendoza, y es que en una causa anterior, Eleonora Arenas fue denunciada por su expareja, y fue defendida por Pina González, quien es hoy la conjueza de la causa y sobre la cual debería resolver Arenas, según informó diario El Sol este martes. Hasta la fecha, la magistrada no se inhibió.

Recusación de la defensa y la aparición del chat de Whatsapp

Pero hay más capítulos que se conocieron días atrás. En este caso, la defensa de D'Agostino sí decidieron recusar a una jueza del Tribunal, particularmente a Salido, luego de la filtración de un chat de Whatsapp integrado por magistrados mendocinos llamado "Hay jueces en Berlín" donde aparecían críticas de la magistrada al exfuncionario.

Como mencionó MDZ, en aquel chat se compartió una noticia de D’Agostino y, citan los abogados, la jueza cuestionada ironizó al decir “Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej”.

De hecho, en la presentación judicial se menciona el diálogo con otros magistrados en el que opinan sobre los sucesos y el propio D’Agostino e hipotetizan si con eso debería o no estar detenido con prisión preventiva por la gravedad de las acusaciones. “Por lo menos nos salvamos de que sea Ministro de la Corte o Procurador”, menciona uno de los integrantes.

La filtración fue realizada por el juez Rafael Escot, quien envió esas declaraciones a partir de capturas de pantalla a D'Agostino "porque era su amigo y quería ayudarlo", según citaron en el escrito los magistrados que lo denunciaron.

Al conocerse la filtración, uno de los que denunció a Escot fue el juez Diego Lusverti, quien presentó en conjunto con otros magistrados una denuncia administrativa, que debe resolver la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, compuesta, como ya se dijo, por Garay, Palermo y Gómez.

Desde el Poder Judicial informaron a MDZ que aún no ha habido un encuentro de la Sala Administrativa, y se aguarda que haya una reunión esta semana o la otra, para avanzar con este tema. Se espera que, una vez se tome conocimiento en este encuentro, se le dará vista a Escot para que responda.

No obstante, miembros del máximo tribunal dijeron a este medio que el poder disciplinario de la Corte está limitado a sanciones menores, ya se un llamado de atención o apercibimiento; y que si entienden que la decisión debería ser mayor, se debería pedir un jury contra el juez cuestionado.

Por otro lado, la jueza Salido criticó con dureza a Escot y rechazó las acusaciones por parte del magistrado, así como también de los defensores, pero de igual forma decidió apartarse de la causa. Es por esto, que el tribunal integrado por Mauricio Juan y Eleonora Arenas deberá completarse con otro juez/a.

El factor "fiscal-abogado defensor"

Para sumar un dato más, hay otra denuncia en la causa D'Agostino, y es sobre un supuesto vínculo entre el fiscal Iturbide y el abogado defensor, Daniel Sosa Arditi.

En este caso, la abogada querellante solicitó el apartamiento del fiscal en jefe al considerar que existe un "conflicto de intereses" que compromete la objetividad de la investigación, teniendo en cuenta que aseguraron que el magistrado comparte desde hace años el dictado de la cátedra Derecho Penal II (de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo) con Sosa Arditi.

También pidió el apartamiento de la fiscal de instrucción, Valeria Bottini, por diversas "irregularidades" en la causa.

La presentación fue realizada ante el fiscal adjunto en lo Penal, Gustavo Pirrello, y se apoya en documentación que -según Quintero- se acredita esta relación académica y laboral "sostenida durante más de una década" entre Iturbide y Sosa Arditi.

Siguiendo lo que establece la querella en la denuncia, Sosa Arditi se desempeña como profesor adjunto mientras que Iturbide ocupa el cargo de jefe de trabajos prácticos dentro de la misma cátedra. Para la querella, esa estructura implica una relación de "subordinación jerárquica directa del fiscal respecto del defensor" que resultaría "incompatible con la función de control y supervisión" que el fiscal debe ejercer sobre una causa en la que interviene el abogado.

Además, se agrega que ambos profesionales (el abogado de D'Agostino y el Fiscal en Jefe de la causa) "comparten actividades docentes, planificación académica y tribunales examinadores" desde hace 15 años, circunstancia que, a criterio de Quintero, debió haber sido informada por el propio funcionario judicial desde el inicio de la investigación.