Ola de recusaciones en la causa de Marcelo D'Agostino: por qué la querella apunta contra los fiscales

La causa que investiga al ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por presuntos hechos de violencia de género y abuso sexual contra su expareja sumó un nuevo capítulo judicial, en medio de recusaciones cruzadas a los magistrados que deben resolver planteos realizados tanto por la querella como la defensa.

Por un lado, se conoció que la defensa de D'Agostino presentó una recusación contra la jueza María Belén Salido, integrante del Tribunal Penal Colegiado que debe resolver otra recusación (de la conjueza en primera instancia de la causa, María Jimena González Pina), tras una filtración de un chat de magistrados donde supuestamente había hecho comentarios negativos hacia el exsubsecretario de Justicia de Mendoza.

Pero en paralelo, la querella, encabezada por la abogada María Elena Quintero, solicitó el apartamiento del fiscal en jefe, Alejandro Iturbide, al considerar que existe un "conflicto de intereses" que compromete la objetividad de la investigación, teniendo en cuenta que aseguraron que el magistrado comparte el dictado de la cátedra Derecho Penal II (de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo) con Daniel Sosa Arditi, el abogado de D'Agostino.

También pidió el apartamiento de la fiscal de instrucción, Valeria Bottini, por diversas "irregularidades" en la causa.

El "vínculo" entre abogado defensor y fiscal en jefe en la causa de Marcelo D'Agostino

La presentación fue realizada ante el fiscal adjunto en lo Penal, Gustavo Pirrello, y se apoya en documentación que -según Quintero- se acredita esta relación académica y laboral "sostenida durante más de una década" entre Iturbide y Sosa Arditi. Recordemos que Iturbide es el fiscal en jefe que fiscaliza las acciones que está tomando la fiscal que tiene la causa, que es Valeria Bottini.

Siguiendo lo que establece la querella en la denuncia, Sosa Arditi se desempeña como profesor adjunto mientras que Iturbide ocupa el cargo de jefe de trabajos prácticos dentro de la misma cátedra. Para la querella, esa estructura implica una relación de "subordinación jerárquica directa del fiscal respecto del defensor" que resultaría "incompatible con la función de control y supervisión" que el fiscal debe ejercer sobre una causa en la que interviene el abogado.

Además, se agrega que ambos profesionales (el abogado de D'Agostino y el Fiscal en Jefe de la causa) "comparten actividades docentes, planificación académica y tribunales examinadores" desde hace 15 años, circunstancia que, a criterio de Quintero, debió haber sido informada por el propio funcionario judicial desde el inicio de la investigación.

En ese sentido, la presentación remarca que la querella tomó conocimiento del vínculo recientemente al revisar documentación universitaria, mientras que Iturbide, por ser parte de esa relación académica, "no podía desconocerla". Sin embargo, "no se inhibió ni informó" formalmente sobre esa situación.

Críticas a la actuación de la Fiscalía

Pero la recusación no se limita al vínculo académico entre Sosa Arditi e Iturbide, sino que además la querella sostiene que existe un conjunto de "decisiones y omisiones" de Iturbide y también de la fiscal de Instrucción, Valeria Bottini, que marcarían también una "pérdida de objetividad" en la conducción de la causa.

Entre los puntos cuestionados a los fiscales, figura la "falta de allanamientos" al imputado, la "ausencia de secuestro y peritaje integral de sus teléfonos celulares", el rechazo "a investigar comunicaciones vinculadas a amenazas y coacciones denunciadas", la "omisión" a un pedido de detención de D'Agostino y la ausencia de avances o ampliacióno de imputación respecto de la acusación por abuso sexual con acceso carnal, entre otros.

El pedido de apartamiento

Con esos argumentos, la querella solicitó la sustitución procesal tanto de la fiscal Bottini como del fiscal Iturbide, al considerar que la continuidad de ambos funcionarios podría "afectar la credibilidad y la imparcialidad" de la investigación.

La presentación invoca el artículo 90 del Código Procesal Penal y diversos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público para sostener que los fiscales también deben apartarse cuando existen circunstancias que comprometan su objetividad.

"El artículo 90 del Código Procesal Penal somete a los miembros del Ministerio Público al régimen de inhibición y recusación de los jueces, alcanzando las causales que afectan la neutralidad del juzgador", especificó Quintero.