El Gobierno nacional eliminó el aporte obligatorio y pone en jaque a la Coviar
El Gobierno nacional emitió esta madrugada una resolución que elimina el aporte obligatorio a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
El presidente de Coviar, Fabián Ruggeri.
Alf Ponce/MDZEl Gobierno nacional tomó la decisión de eliminar el aporte obligatorio que los establecimientos vitivinícolas hacen a la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina). Lo informó en el Boletín Oficial. De esta manera, las bodegas dejarán de contribuir al organismo.
Además, la resolución cierra formalmente el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y no tiene prórroga. El organismo queda en jaque económicamente y políticamente.
La resolución del Gobierno nacional
A través del Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, decidió emitir la resolución 55/2026 que dispone la eliminación del aporte obligatorio que las bodegas hacían a Coviar.
El texto dice en su artículo 6: "Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)".
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Además, le da un plazo de máximo de 3 meses al organismo para presentar un informe de cierre que incluye logros, uso de fondos y una rendición de cuentas.
Por lo tanto, con la finalización del PEVI, el Gobierno considera extinguida la finalidad de ese esquema de financiamiento.
Por qué la Coviar queda en jaque
La Corporación Vitivinícola Argentina no será disuelta pero lo que se termina es la manera en que se financia, con la terminación del PEVI y por ende de los aportes de viñedos y bodegas, en medio de una crisis de la vitivinicultura que complica al sector.
Por eso, es una incógnita cómo hará la Coviar para poder financiarse con esta decisión oficial. Hay que tener en cuenta que la gestión de Milei ya venía con tensiones con el organismo.
De hecho, en agosto del año pasado, el Directorio de la entidad dispuso un aumento del 45% la alícuota de la contribución obligatoria, el cual fue rechazado por el propio Gobierno nacional y por representantes del sector bodeguero.