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El Gobierno formalizó la denuncia por espionaje ilegal contra Rodolfo Tailhade

El Ministerio de Seguridad avanzó con la presentación judicial contra el diputado kirchnerista, quien confrontó con el jefe de gabinete y dio detalles sobre la custodia a su familia.


El Gobierno formalizó este martes la denuncia penal contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, en una causa que ya quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y, según confirmaron fuentes oficiales, apunta a determinar si existieron maniobras de inteligencia indebidas vinculadas a información sensible.

“Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia”, sostiene el escrito firmado por el subsecretario legal Diego Goldman y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio, al que accedió NA.

El movimiento del Gobierno se produce pocos días después del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó en Diputados el 29 de abril, en medio de la controversia por su patrimonio. Durante esa sesión, Tailhade expuso datos sobre la vida privada de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, lo que encendió alarmas en el oficialismo.

En su intervención, el legislador mencionó supuestos movimientos personales y rutinas vinculadas a la custodia oficial, e incluso hizo referencia a viajes y actividades privadas. Ese nivel de detalle es, precisamente, lo que motivó la reacción del Ejecutivo.

“Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cóyunge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, advierte la denuncia. Y agrega: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.

Desde el Ministerio de Seguridad consideran que la información divulgada podría implicar un riesgo mayor. En esa línea, sostuvieron que lo revelado presenta “severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”.

Con este paso judicial, el conflicto político suma un nuevo frente, ahora en tribunales, donde se buscará establecer si los dichos del diputado se apoyaron en fuentes legítimas o si, como sostiene el Gobierno, podrían encuadrarse en prácticas ilegales de inteligencia.