Duro revés para Axel Kicillof: ordenan dar marcha atrás con los aumentos a la luz en la Provincia
Un juez de Bahía Blanca dejó sin efecto el aumento a la luz autorizado por gobernador y obliga a las empresas a devolver los montos cobrados de más.
La Justicia bonaerense fallo en contra del aumento de luz autorizado por el gobierno de Kicillof
Archivo MDZTras la cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Justicia frenó el tarifazo eléctrico autorizado por Axel Kicillof. El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ordena suspender la resolución que autorizó los aumentos a la luz, exige retrotraer tarifas y obliga a las empresas a devolver los cobros indebidos a los usuarios.
Un freno judicial al tarifazo de Kicillof
En un fallo de alto impacto político y económico, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, congelando los aumentos de la luz vigentes en la provincia de Buenos Aires. La resolución de la Justicia bonaerense significa un fuerte cachetazo a la estrategia de subas a los servicios públicos de la administración Kicillof.
El fallo del juez Agustín López Coppola dejó sin efecto la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis. De esta manera, el magistrado en lo Contencioso Administrativo de Bahía Blanca ordenó al gobierno bonaerense restablecer de inmediato el cuadro tarifario anterior y frenar cualquier nuevo incremento que intente aplicarse sin el cumplimiento de las instancias legales previas.
La medida alcanza de lleno a las principales empresas distribuidoras de energía que operan en la provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. A partir de este pronunciamiento judicial, las distribuidoras eléctricas no solo deberán abstenerse de emitir facturas con los nuevos aumentos, sino que, en caso de haber facturado los incrementos en los consumos aplicados desde agosto de 2026, tendrán que compensar a los usuarios e imputar esos montos como crédito en las próximas facturas.
Diez años sin escuchar a los usuarios
El eje central del amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, apunta a la flagrante omisión de un requisito constitucional básico: la convocatoria a audiencia pública previa.
Según se remarca en el expediente, la provincia venía ajustando los costos propios de distribución (el denominado Valor Agregado de Distribución o VAD) escudándose en un régimen de "transición tarifaria" indefinido que se arrastra desde la pandemia.
Al momento de defender el tarifazo, la provincia de Buenos Aires argumentó que los aumentos de la luz se encuadraban en las proyecciones presentadas en las audiencias públicas celebradas a fines de 2016. Sin embargo, la resolución del juez Contencioso Administrativo de Bahía Blanca desarmó ese argumento al recordar que han transcurrido diez años desde aquella consulta ciudadana y que una tarifa "transitoria" no puede extenderse de manera indeterminada para eludir la participación popular.
En su fallo, el magistrado Agustín López Coppola cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundamentar que "la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz".
El escrito judicial resulta lapidario al señalar que "no es posible predicar, sobre la base de las normas constitucionales, la legitimidad de un decreto que dispone un aumento tarifario sin que se haya previsto ni garantizado, de algún modo previo y eficaz, la información y consecuente participación de los usuarios".
El relato de una "tarifa justa" que choca con la realidad
El traspié judicial deja al descubierto las severas contradicciones del discurso de Kicillof. Mientras desde la administración provincial cuestionan de forma recurrente las políticas de quita de subsidios impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, en tierras bonaerenses la gestión Kicillof aplicó más de una treintena de resoluciones consecutivas de ajuste sobre los componentes locales de la factura de electricidad sin someterlas a debate público.
La cautelar de la Defensoría del pueblo bonaerense pone de relieve cómo el ejecutivo provincial abusó de las resoluciones ministeriales para reajustar los ingresos de las distribuidoras eléctricas privadas, eludiendo la transparencia procesal bajo “la muletilla” contractual de la emergencia. Para las familias y las Pymes bonaerenses, el fallo representa un alivio frente a la seguidilla de subas en los costos fijos.
Un laberinto incómodo para el gobierno bonaerense
La decisión judicial coloca al gobierno de Kicillof ante una paradoja administrativa y financiera de difícil resolución. Por un lado, si la Provincia decide apelar la cautelar, prolongará una batalla judicial, nada simpática ante la opinión pública.
Y por el otro lado, si acata el fallo judicial y resuelve convocar formalmente a la postergada Revisión Tarifaria Integral (RTI) con sus correspondientes audiencias públicas, el gobierno bonaerense se verá en la obligación de exponer abiertamente la estructura de costos del sistema energético provincial.
