Celulares en la cárcel: la oposición busca cortar líneas y el peronismo le da tono al "Home Office tumbero"
El peronismo cajonea proyectos para que los presos no tengan celulares en las cárceles. La embestida del PRO, para que Kicillof habilite el debate, se da luego de que un preso extorsionara a una familia desde la celda.
Mientras crecen los delitos ciberneticos desde las cárceles, el peronismo traba en la Legislatura bonaerense proyectos para que los presos no puedan usar celulares en cárceles de la provincia de Buenos Aires
Imagen generada con inteligencia artificialEsta semana la justicia desbarató el accionar de un preso de la Unidad 16 de Junín, tras descubrir que extorsionaba a una familia desde un celular. Mientras las estafas virtuales se multiplican en las cárceles bonaerenses, el peronismo cajonea en la Legislatura provincial un proyecto que busca terminar el “Home Office Tumbero”. El PRO cargó contra Kicillof, por su inacción.
El ejecutivo provincial avala el uso de celulares en las cárceles
El esquema de comunicaciones en los penales de la provincia de Buenos Aires sigue funcionando bajo el paraguas del protocolo de excepción dictado durante la pandemia de 2020. Aquella medida provisoria se transformó en una norma implícita que hoy beneficia a unos 49.000 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Sin control legislativo ni ley específica, los pabellones operan como verdaderos “Call Center delictivos”.
Ante este panorama, el jefe del bloque de senadores bonaerenses del PRO, Pablo Petrecca, volvió a alzar la voz para denunciar la parálisis legislativa, pidiendo al ejecutivo provincial que habilite el tratamiento de proyectos para que los presos no pueden tener telefonía móvil en las unidades carcelarias.
"Hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema, se desentiende, como en muchas otras problemáticas y mientras tanto, los casos se multiplican", afirmó el jefe de la bancada amarilla en la Cámara Alta provincial.
La inacción del gobierno de Kicillof para ponerle un punto final al “home office tumbero” debería ser algo muy difícil de justificar ante la ciudadanía. Por lo que Petrecca dijo, "Es ilógico como diariamente vemos que se 'detienen' a presos de las cárceles bonaerenses por el delito de estafas y amenazas, a bandas narco que operan con absoluta tranquilidad mientras todos los días, los vecinos de la provincia reciben una llamada, un mensaje o una amenaza de alguien que busca engañarlos y quedarse con el esfuerzo de toda una vida".
Un nuevo caso que expone la inacción del ejecutivo provincial
La indignación de la oposición volvió a escalar tras una investigación judicial que tuvo como epicentro a la ciudad de Junín. Un preso condenado por homicidio “operaba” un celular dentro de la Unidad Penitenciaria N° 16.
A raíz de la denuncia de un ciudadano atormentado por los mensajes amenazantes que recibía él y su familia vía WhatsApp, la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense realizaron un allanamiento en el pabellón y secuestraron el dispositivo móvil.
El episodio no representa un hecho aislado ni una falla extraordinaria de seguridad en el sistema penitenciario provincial; es la dinámica habitual de la delincuencia tumbera en las cárceles bonaerenses. Las estafas virtuales, las extorsiones y el manejo de redes narco mediante celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires se transformaron en una Pyme en constante expansión a costa de los ciudadanos bonaerenses.
La propuesta: supervisión digital y fin internet en las cárceles bonaerenses
La iniciativa legislativa del bloque de Senadores bonaerenses del PRO, cajoneada por el peronismo apunta a sustituir la anarquía actual por un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). La propuesta busca estructurar una plataforma cerrada donde los presos únicamente puedan comunicarse con números predeterminados, registrados y verificados.
El proyecto prohíbe de manera tajante el acceso libre a internet, las redes sociales y cualquier aplicación de mensajería no fiscalizada.
Al presentarlo Pablo Petrecca argumentó que "esta iniciativa busca dar una respuesta institucional a una problemática que desde hace tiempo genera alarma tanto en la Justicia como en las fuerzas de seguridad: el uso de celulares dentro de cárceles para concretar estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y otras maniobras delictivas". Sin embargo, el proyecto de Ley que le pondría punto final al “Home Office Tumbero” tropieza sistemáticamente con el freno ideológico del kirchnerismo en la Cámara Alta provincial.
Un freno legislativo que no distingue colores políticos
El cajoneo del proyecto impulsado por el PRO, coincide con un fenómeno más amplio dentro de la Legislatura bonaerense. Iniciativas similares presentadas por otros bloques opositores como La Libertad Avanza que impulsa la "Ley Rodrigo", o el espacio HECHOS; e incluso proyectos del propio oficialismo como el presentado por el Frente Renovador chocaron de frente contra la pared ideológica del ejecutivo combinado con la inacción legislativa producto de la interna peronista.
La falta de avance en la regulación técnica e instalación de bloqueadores de señal de telefonía móvil expone una vez más la falta de voluntad del gobierno de Kicillof en abordar proyectos para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Cada día que los proyectos que buscan terminar con los Call Center del delito en las penales bonaerenses permanecen cajoneados, más de 17 millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires son expuestos a estafas virtuales, extorsiones, robos, supresión de identidades y tráfico de drogas; algunos de los negocios que manejan los presos con sus celulares desde las cárceles bonaerenses.