Celulares en las cárceles: la oposición vuelve a la carga para que Axel Kicillof corte el "call center del delito"
La oposición en la Legislatura bonaerense quiere que Kicillof adhiera al protocolo nacional para inhabilitar el uso de celulares en las cárceles.
La oposición presiona a Kicillof para que habilite en la Legislatura provincial a debatir los proyectos para que los presos no puedan usar celulares en las cárceles bonaerenses
Imagen generada con inteligencia artificialTras la autorización en las cárceles federales de un software que inhabilita celulares, la oposición vuelve a la carga para ponerle fin al “ call center del delito” operados desde los centros penitenciarios bonaerenses. El PRO pide al gobierno de Axel Kicillof que habilite el debate legislativo, acusándolo de cajonear los proyectos por “un sesgo ideológico”.
Mientras en las cárceles federales bloquean celulares a los presos, en PBA miran para otro lado
Mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y la Resolución 734/2026 del ENACOM, el Gobierno nacional formalizó el mecanismo técnico para detectar e inhabilitar los dispositivos en los penales federales, dejando la puerta abierta para que las provincias adhieran voluntariamente. Por lo que el escenario de los últimos meses cambió radicalmente.
La herramienta a utilizar en las cárceles federales no se limita a dar de baja un chip. El sistema ataca directamente la estructura del dispositivo, bloqueando el IMEI del aparato, el IMSI del abonado y la línea.
Que significa esto, que el software al detectar el uso de un teléfono celular no habilitado dentro de un penal lo deja inservible de forma definitiva, impidiendo que el preso continúe con “su negocio” ilegal cambiando la tarjeta SIM.
Las provincias que adhirieren a la herramienta para combatir el “call center” carcelario
Mientras otras provincias evalúan adherirse al protocolo nacional, la primera provincia en firmar su adhesión para implementarlo en sus unidades penitenciarias fue Córdoba.
En tanto, en las provincias de Río Negro y Buenos Aires, la oposición legislativa presiona a los gobiernos provinciales para implementar la herramienta que inhibe el uso de celulares a los presos en las cárceles.
“El cajoneo" garantista en la Legislatura bonaerense que da luz verde en las cárceles a las Pymes delictivas
El jefe del bloque de senadores bonaerenses amarillos, Pablo Petrecca, en las últimas horas reflotó su reclamo para que el gobierno bonaerense habilite el bloqueo de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada a comienzos de año por el legislador juninense, duerme - al igual que otras que apuntan por el uso que hacen los presos de teléfonos móviles- en un “cajón” de mesa de entradas de la Cámara Alta provincial, ya que ni siquiera llego a tratarse en las comisiones parlamentarias.
Para Pablo Petrecca, el no tratamiento de estos proyectos en la Legislatura bonaerense es de fondo, por un sesgo ideológico, poniendo énfasis en que la discusión no pasa por restringir derechos a los presos, sino por evitar que la privación de la libertad sea compatible con la continuidad de actividades delictivas.
"Lo planteamos a principios de año porque entendíamos que un celular dentro de una cárcel puede convertirse en una herramienta para seguir delinquiendo afuera. El proyecto ni siquiera fue tratado en comisión y hoy Nación ya puso a disposición de las provincias una herramienta concreta. Buenos Aires no tiene por qué seguir esperando", recriminó el senador del PRO, dejando expuesta la inacción de la administración provincial.
¿Garantismo o falta de decisión política?
Desde el PRO remarcan qué con el marco regulatorio fijado por el gobierno nacional y la tecnología al alcance de la mano, la falta de avance en bloquear el uso de celulares a los presos es política.
“Ya no estamos discutiendo si técnicamente se puede hacer. La herramienta existe y otras provincias están avanzando. Lo que falta en Buenos Aires es tomar la decisión y aplicarla”, sostuvo Pablo Petrecca, agregando: “No se puede permitir que desde una cárcel se siga estafando, extorsionando o coordinando delitos contra los vecinos”.
Asimismo, dijo: “Lo advertimos, presentamos una iniciativa y ahora existe además una herramienta nacional para hacerlo. No tiene sentido seguir demorando una medida que puede contribuir concretamente a la seguridad de los bonaerenses”, concluyó el senador juninense jefe del bloque amarillo.


