Drogas, extorsiones y hasta un negocio con Starlink: la polémica cárcel "all inclusive" de Florencio Varela
La Policía Bonaerense realizó un operativo en la Unidad Penitenciaria N°31 tras una serie de denuncias contra una organización conocida como "La Comitiva".
La pesquisa busca determinar además si personal del Servicio Penitenciario habría participado de las maniobras investigadas.
Imagen generada con inteligencia artificialUn operativo de la Policía Bonaerense se realizó esta semana en la Unidad Penitenciaria N°31 de Florencio Varela, luego de que la Justicia recibiera denuncias sobre el presunto funcionamiento de una estructura delictiva dentro del establecimiento. La pesquisa busca determinar además si personal del Servicio Penitenciario habría participado de las maniobras investigadas.
Los denunciantes identificaron al grupo como "La Comitiva" y le atribuyeron el supuesto manejo de diferentes negocios y actividades ilegales dentro de la cárcel. Entre las acusaciones figuran venta y circulación de drogas, extorsiones, reducción a la servidumbre y el control de determinados bienes y servicios.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios y actualmente subrogada por la fiscal Roxana Giménez, quien ordenó el procedimiento luego de analizar la información incorporada inicialmente al expediente.
Cómo funcionaba el supuesto negocio de internet dentro del penal
Una de las denuncias que analiza la Justicia apunta al presunto control de la conectividad a internet dentro de la Unidad Penitenciaria N°31. De acuerdo con las presentaciones realizadas por familiares y detenidos del Pabellón N°1, los integrantes de "La Comitiva" administrarían antenas de la empresa Starlink y cobrarían a otros internos entre $30.000 y $40.000 mensuales para permitirles acceder al servicio.
El esquema habría entrado en conflicto cuando otros presos intentaron instalar un equipo propio para ofrecer internet a un precio menor. Según las denuncias, esa disputa derivó en agresiones físicas y desplazamientos forzados de internos hacia otros pabellones.
Monopolio y trabajo forzado
Las presentaciones que analiza la Fiscalía también describen otras presuntas actividades ilegales dentro del establecimiento penitenciario. Entre ellas aparecen un supuesto monopolio sobre la venta de bebidas y alimentos, la imposición de trabajos forzados y la falsificación de documentación vinculada con traslados de detenidos. Los denunciantes también señalaron que estas maniobras contarían con la presunta complicidad de personal penitenciario.
Otra de las acusaciones sostiene que los integrantes del grupo tendrían acceso irregular a oficinas y bases de datos oficiales del servicio penitenciario. Todos estos puntos forman parte de la investigación y deberán ser corroborados por la Justicia.
El allanamiento fue ordenado luego de que la fiscalía analizara las primeras denuncias presentadas por familiares y personas detenidas. Ahora, los investigadores buscan determinar si efectivamente existe una organización con capacidad para controlar actividades y servicios dentro del penal, cuál sería el rol de los internos y del personal penitenciario involucrado y si hubo funcionarios que facilitaron las maniobras denunciadas.
