Causa Tupac: por qué también investigarán a funcionarios de la actual gestión

La justicia investiga el destino de los fondos que eran para construir casas y por qué se liberaron fondos sin verificar las obras. Las casas son inhabitables. 

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Pablo Icardi

Inspección Barrio Tulumaya Duo / Ingenieros a cargo del relevamiento

Pachy Reynoso/MDZ

La mega causa “Tupac” tiene ahora como protagonistas al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y a los ex titulares del IPV de las gestiones del PJ. Pero la investigación los trasciende funcionarios y podría abarcar incluso a funcionarios de la actual gestión. Claro que por una cuestión de magnitud, Lavalle es el epicentro. De hecho la defensa legal y también la estrategia política de Righi es poner también el foco de atención en los funcionarios del actual gobierno que liberaron fondos para que la Tupac siguiera actuando.

El programa Integración Socio Comunitaria comenzó en 2007 y terminó en 2016. Pero en Mendoza, así como en Jujuy, fue la Tupac la que capitalizó casi todo a través de una red de cooperarivs que, según la fiscal, eran fraudulentas. Como anticipó MDZ el informe técnico realizado para evaluar la calidad de construcción y evaluar si se invirtió el dinero transferido indica que las casas tienen una extrema precariedad. Entre otras cosas, no son antisísmicas y no cumplen las condiciones que la propia Municipalidad de Lavalle exige para habilitar una vivienda.

Además, esos barrios que quedaron a medio hacer no tienen obras de infraestructura; a pesar de que se pagó para ello. Allí hay un dato que podría involucrar a las actuales autoridades de vivienda de la Provincia. Es que hay pagos realizados a al Tupac cuando ya se había realizado el cambio de gobierno para obras que tampoco se hicieron. Es lo que ocurrió en abril del 2016. Ese mes la Cooperativa Sembrando Esperanza recibió dinero para la red de agua y cloacas. La orden de pago fue emitida el 22 de abril del 2016 y el cheque fue cobrado por la presidenta de la Cooperativa retiró el cheque de la Municipalidad de Lavalle. En total se pagó $1.142.960. El dinero se pagó, las obras no existen.

La defensa de Righi apunta a que también se acuse a otros intendentes, en particular a Alfredo Cornejo, que era jefe comunal cuando la Tupac inició un proyecto para hacer 11 viviendas. En realidad ese barrio es parte de la causa. Lo mismo Guaymallén, departamento que compartía proyectos con Lavalle.

Debido a la magnitud que tiene la causa, explican desde Tribunales, se parceló según cada departamento para ordenar mejor los avoques. Como Lavalle tiene la mayoría de los recursos, sospechas y personas involucradas fue el primero. Luego seguirán con Guaymallén, donde se detectaron maniobras similares. Y por último en Godoy Cruz. Esas líneas de investigación ya están abiertas.

Righi fue el primer imputado, pero no el único. En la misma condición quedarían la semana que viene todos los líderes de la Tupac, los presidentes de las cooperativas que sirvieron de paraguas para recibir fondos y también los ex funcionarios nacionales del INAE.

La recusación

Righi se presentó ayer en Tribunales y dijo que no tiene nada que ver, pues según él actuó siempre como corresponde. Pero su estrategia ahora es lograr que la fiscal Gabriela Cheves se aparte de la causa.

“La citación a indagatoria, la oportunidad de la misma, la absoluta ausencia de pruebas en mi contra, y la inentendible calificación jurídica de los delitos que se me endilgan no hacen otra cosa que demostrar que estamos ante una magistrada que ha perdido toda objetividad en su accionar y, en consecuencia, causa una violencia moral”, denuncia Righi en su recusación. Y aporta el testimonio de una persona que, según él, fue testigo de expresiones que probarían la animosidad de la fiscal contra Righi. “Se acompaña a esta presentación un acta notarial de la que surgen expresiones verbales atribuidas a la Sra Fiscal en oportunidad de efectuar un registro domiciliario en el Municipio de Lavalle, descalificadoras de mi persona y con expresiones cargadas de prejuicios que no obedecen a la buena fe y lealtad que debe guiar su actuación. Todo ello ante la presencia de un testigo que brindó testimonio ante notaria pública”, dice el Intendente.

Righi tiene un litigio similar en otra causa que, en realidad, es más densa para el intendente. Se trata de la investigación por enriquecimiento ilícito en la que se analiza el origen de su patrimonio y el de su familia. Allí la defensa del jefe comunal de Lavalle también recusó a la fiscal y apuntó contra los peritos.

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