Ambiente periglacial, pasado e hipocresía militante
La Cámara baja aprobó cambios para precisar áreas protegidas y reforzar el rol de las provincias.
La votación de la madrugada de hoy dejó cristalizados dos modelos diferentes para decidir sobre el rumbo del país.
Archivo.Diputados decidió, una vez más, confirmar a la Argentina en la senda del progreso, el desarrollo económico y, sobre todo, la preservación responsable de sus recursos naturales. Muchos de los que se opusieron parecen olvidar su propio pasado. La adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial votada en la madrugada de hoy configura, ante todo, una ley aclaratoria: una norma que ordena técnicamente qué debe protegerse y cómo, garantizando la preservación de los glaciares como reservorios estratégicos de agua, sin convertir al ambiente periglacial en un paraguas confuso que bloquea cualquier actividad productiva aun fuera de esas áreas.
La ley no tiene en sus fines habilitar la minería dentro de glaciares ni lo tendrá jamás. Lo que hace es corregir una definición imprecisa de 2010 que, debido a ineficacias, desinterés o directamente uso político, terminó paralizando proyectos que en nada afectaban a glaciares con función hídrica estratégica ni al agua de los argentinos. Hoy, con criterios técnicos claros y mapas seguros, se pone fin a la confusión y se abre la puerta a actividades controladas, supervisadas y fuera del ambiente estrictamente glaciar. Ahora, se acaba de abrir la puerta a un ingreso, sólo por impuestos nacionales, de más de 400 millones de dólares anuales. Un monto que podría servir para el pago de 100 mil jubilaciones anuales o la cobertura casi completa de todo el Plan Nacional de Alfabetización. Sin embargo, muchos parecen hacer oídos sordos y vista gorda a todas las ventajas que trae esta actualización de la ley que, además, viene a reafirmar el rol que otorga la Constitución a las provincias en cuanto al dominio de los recursos naturales.
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El veto del 2008 y la promulgación del 2010
Hacia fines del 2008 se aprobaba en el Congreso la primera Ley de Glaciares, que ya tenía como nombre oficial Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La ley tuvo su freno en el escritorio hoy menos pensado: el de Cristina Fernández de Kirchner. El veto a la ley ni siquiera fue parcial, sino total.
Queda clara la posición de la expresidente en el siguiente considerando de su veto: “Que la prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6° del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas. En este sentido, la prohibición de construcción de obras de infraestructura no toma en cuenta que muchas de ellas tienen carácter público y son de uso comunitario como los pasos fronterizos; y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”.
En el 2010, la ex presidente debió aceptar la sanción de la ley en el Congreso cuando este volvió a aprobar un proyecto de Ley de Glaciares. Igualmente, Cristina Fernández nunca la promulgó directamente, sino que dejó que esta ley se promulgara de hecho por el paso del tiempo.
La posición del kirchnerismo oscila, a lo largo del tiempo, entre vetos, promulgaciones y oposición a las mejoras de la ley. Entre tanta confusión, una cosa es clara: un sesgo meramente coyuntural anti desarrollo minero (sin dar importancia al objetivo central de proteger los glaciares) reina hoy en la bancada kirchnerista; una bancada que se mueve más por las conveniencias del momento que por el interés nacional.
El “ambientalismo” discursivo
Hoy en día esos mismos diputados eligen sumarse a un “ambientalismo” ambivalente y de horizontes pocos claros. Grupos activistas llegan a mostrar fotos del Perito Moreno amenazando con su extinción, recordando a cuando, en momentos del gobierno de Alberto Fernández, algunos decían que comprar vacunas Pfizer implicaba “vender nuestros glaciares”. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de esas políticas con poca profundidad técnica y amplia densidad ideológica.
Ese mismo kirchnerismo que habla del desarrollo de la industria nacional olvida que esta ley, como se encontraba vigente, frenaba muchos desarrollos productivos en zonas donde la función hídrica estratégica no se vería afectada. La misión del gobierno actual y el Congreso fue esclarecer el articulado de la ley después de más de 15 años.
También cuestionan el desarrollo minero que traerá esta adecuación los mismos grupos que dicen pujar por un avance de la transición energética; transición energética que se vería potenciada por recursos como el litio. Este mineral abunda en el país y, gracias a lo votado por el Congreso, se podrán instalar proyectos relativos a su extracción. Estos grupos alegan que la nueva adecuación de la ley viene exclusivamente a habilitar la minería en zonas de glaciares. Sobre esto, se puede decir que es, lisa y llanamente, falso. La redacción del 2010 nunca se trató de habilitar o prohibir la minería, sino de establecer marcos de protección. Sin embargo, debido a su falta de claridad, la minería terminaba siendo muy restringida en los hechos. La votación de esta madrugada solo trae seguridad en la protección de glaciares, para funcionarios que deben aprobar las declaraciones de impacto ambiental y a quien quiera realizar alguna actividad económica.
Son extraños estos argumentos cuando, después de un veto total en el 2008, ahora el Congreso solo modifica los puntos esenciales de una ley que debe terminar de adecuarse, nada más ni nada menos que a la Constitución y, por otro lado, sigue manteniendo los estrictos requerimientos científicos necesarios para la preservación de los glaciares. Estos últimos ni siquiera forman parte del punto central de discusión, sino que estamos hablando de no afectar la función hídrica estratégica de una geoforma. Esto no se encontraba bien definido en la ley del 2010 y concluía con muchos proyectos mineros instalándose en otros países vecinos debido a la falta, otra vez, de seguridad jurídica.
Federalismo en serio
¿Cuántas veces hemos escuchado al kirchnerismo hablar de la defensa al federalismo? A pesar de ello, en estos días el federalismo parece haber quedado en el olvido. La modificación de la ley no hace más que fortalecer al “federalismo de concertación” del que habló el diputado Nicolás Mayoraz en el recinto y al Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), al que algunos opositores dicen que el Gobierno Nacional pretende destruir.
Después de quince años, donde el relevamiento de datos científicos para la protección de los glaciares terminaba siendo incompleto, ahora se avanza para que las provincias, junto a un Ianigla con funcionamiento renovado, puedan relevar la totalidad de los datos para una verdadera protección del ambiente. Todo esto, sin perjudicar al desarrollo de las provincias.
Aquellos que dicen ser federales ahora, paradójicamente, expresan preocupación por la capacidad que pueden tener las provincias para llevar a cabo estas tareas. Un prejuicio absoluto. El mismo Ianigla depende hoy de tres entes que dan cuenta de la capacidad técnica y la implicancia de las provincias dentro de su esquema: el Conicet, la Universidad de Cuyo y el Gobierno de Mendoza.
La votación de la madrugada de hoy dejó cristalizados dos modelos diferentes para decidir sobre el rumbo del país. Uno de ellos, decide en base a su conveniencia política de turno y tapa con discursos llamativos la evidencia empírica que antes parecía defender. Otro modelo, tiene un horizonte de crecimiento claro, dando prioridad a los datos y al desarrollo certero del país, por sobre los intereses políticos de unos pocos. Al fin y al cabo, como dijo el diputado miembro informante en la sesión, José Peluc, algunos “leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”.
* Johanna Longo. Diputada Nacional.