La maniobra de la oposición para investigar la multimillonaria contratación de comida para presos

La oposición salió a la carga contra el Gobierno por la multimillonaria compra de la comida para presos y penitenciarios. Este miércoles los bloques opositores presentaron en la Legislatura un proyecto que busca crear una comisión investigadora por las presuntas irregularidades en la contratación directa de las raciones alimentarias para las cárceles por 54 mil millones de pesos.

Se trata de dos iniciativas impulsadas por el Partido Justicialista, La Unión Mendocina, el Partido Verde, el Partido de los Jubilados y el bloque Consumidores y Ciudadanos que ingresaron tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado y que apuntan a presionar al oficialismo para que brinde explicaciones sobre el proceso por el que se compraron 4 millones de raciones alimentarias para el Servicio Penitenciario Provincial.

El presidente del bloque de Diputados del PJ, Germán Gómez, manifestó este miércoles durante una conferencia de prensa que "todos los bloques de la oposición que conforman tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores hemos presentado un proyecto solicitando una comisión investigadora a los efectos de determinar responsabilidades, o no, sobre una contratación directa del Ministerio de Seguridad respecto de una compra de más de 4 millones de viandas que suponen un presupuesto de 54 mil millones de pesos".

El legislador destacó que "todo ese proceso licitatorio, tanto en su etapa inicial como la contratación directa, tuvo observaciones de la Fiscalía de Estado. Se la ha dado vista a Ética Pública y al Tribunal de Cuentas ante posibles responsabilidades de funcionarios públicos que han intervenido en el proceso licitatorio. La Fiscalía de Estado ha observado irregularidades en el proceso. Entendemos que si fracasó la licitación debió llamarse a otro proceso licitatorio. Es una licitación importante, son 54 mil millones de pesos".

El diputado destacó que se tomó la iniciativa ante la falta de respuesta del oficialismo respecto a pedidos de informe sobre la contratación de la comida para los presos y penitenciarios. "Realizamos pedidos de informe que están en la Comisión de Hacienda pero no se resuelven. El oficialismo no quiere avanzar con ello y nosotros entendemos que este es el proceso político para saber si existe responsabilidad de los funcionarios", sostuvo el dirigente sanrafaelino.

"Estamos hablando de una posible situación de irregularidades que no lo decimos nosotros, sino la Fiscalía de Estado", planteó el legislador peronista.

Una controvertida contratación 

El Gobierno de Mendoza oficializó la compra de 4 millones de raciones alimentarias destinadas a alimentar a los presos y el personal del Servicio Penitenciario Provincial. Se trata de una operación de 54 mil millones de pesos, que lo convierte en el contrato más oneroso del Estado mendocino. La empresa adjudicataria es Clisa Interior SA, empresa que viene brindando este servicio desde 2010, pero en esta oportunidad fue contratada tras el fracaso de una licitación pública y el rechazo de la oferta de otra compañía competidora.

El Gobierno provincial decidió avanzar con esta contratación directa luego de que fracasara la licitación que lanzó en diciembre de 2024. El único oferente que se había presentado a esa licitación había sido la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad SA. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad consideraron que la propuesta realizada tenía inconsistencias, lo que hizo fracasar el proceso.

Lo llamativo fue que que Clisa Interior SA no participó de la licitación, pero sí presentó posteriormente a la caída del proceso una propuesta en el marco de la contratación directa, con un monto propuesto inferior al de la otra compañía.