Los riesgos del maniqueismo
Los incidentes ocurridos en la marcha del 11 de marzo pasado siguen generando comentarios y presentaciones judiciales. Cuesta encontrar, sin embargo, análisis desapasionados, cuyas conclusiones no estén determinadas por las posiciones políticas de quienes los realizan. El discurso oficial, por su parte, cargado de agresividad y de insultos, estimula la radicalización y dificulta la convivencia en la diversidad. La apelación a imaginarios golpes de Estado pretende justificar la excepcionalidad y la necesidad de medidas que desborden los cauces institucionales.
Mientras tanto, la reiterada invocación de la casta como un talismán que permite conjurar cualquier objeción se va debilitando. Como un ejemplo entre muchos se puede mencionar la patética escena de pugilato que se desarrollaba en el recinto de Diputados mientras en la calle tenían lugar las protestas. Esta vez no fue el kirchnerismo el que acudió a las vías de hecho, sino dos legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que se peleaban por un cargo.
Parece innecesario recordar que la protesta, como ejercicio de la libertad de expresión, es un derecho constitucional y un elemento esencial de la democracia, como lo ha señalado la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. También lo es el derecho de reunión, que, no obstante, no es absoluto, ya que admite una razonable reglamentación a fin de armonizarlo con otros derechos de raíz constitucional, como el de libre circulación. Por cierto, la tutela jurídica de esas manifestaciones se refiere a su ejercicio pacífico. No hay derecho a dañar cosas, ya sean del dominio privado o público, ni a agredir físicamente a personas. El Estado no tiene solo la facultad, sino el deber de actuar para prevenir y hacer cesar esas conductas, y de someter a proceso a quienes las llevan adelante. Siempre he considerado sumamente desdichada la idea de que “no hay que criminalizar a la protesta”. Claro que la protesta en sí misma no constituye un delito, pero esa frase sugiere que bajo el manto de la protesta es legítimo desarrollar actos que lesionen derechos de otros o que impliquen lisa y llanamente la comisión de delitos.
Dos décadas de kirchnerismo fueron acostumbrando a una parte importante de la sociedad a que conceptos como ley y orden eran “de derecha”. Lo mismo pensaban en materia de seguridad, sin advertir que quienes más sufren su falta son los pobres. Pareciera que hoy soplan otros vientos. Bienvenido el cambio, siempre que se exprese en el marco del Estado de Derecho y que no sea producto del oportunismo siempre volátil. Queda claro, entonces, que si en una marcha hay personas que cometen actos de violencia, el Estado debe ejercer respecto de ellos una represión legítima. No hay que temerle a la palabra “represión” que siempre fue aviesamente considerada como sinónimo de “asesinar” y su uso era fulminado con la condena. Represión es “frenar, contener”, es restablecer el orden jurídico quebrado. La represión, que es siempre un último recurso después de la disuasión, es la manifestación más evidente del poder estatal
Lo que caracteriza al Estado, como lo enseñó Max Weber, es el monopolio legítimo de la fuerza. De manera que si el Estado no actúa, se abren las puertas para la venganza privada y la ley de la selva. Hay, en esa actuación del Estado, un principio de legitimidad. Si eso es lo que ha querido decir el presidente al postular que “los azules son los buenos” (por referencia a los policías), entonces tiene razón. Pero el maniqueísmo de la afirmación conlleva un tinte peligroso. Porque si bien es cierto que en principio el obrar de las fuerzas de seguridad es legítimo, eso no implica que necesariamente lo sea siempre. La represión del Estado se debe ejercer dentro de las pautas que establecen la Constitución y las leyes. Hay protocolos que respetar, destinados a que la respuesta a la violencia privada se ejerza de manera adecuada y proporcional.
Por otra parte, la tajante distinción entre buenos y malos puede llevar también a cierta deshumanización. Sin abrir juicio sobre la realidad del disparo que hirió gravemente al fotógrafo y periodista Pablo Grillo, que deberá dilucidar la justicia, ciertas expresiones oficiales fueron sumamente desafortunadas. Poco importa si la persona herida es un militante (lo que además no es algo ilícito) o si profesa determinadas ideas. Es un ser humano. Faltó en esas voces la menor empatía por su situación y por el dolor que sufren sus seres queridos.
Llama la atención, asimismo, que no se trabajó adecuadamente la prevención, ni se hizo la necesaria inteligencia como para limitar los riesgos de una concentración que no estaba compuesta solamente por jubilados, sino por sectores de la izquierda dura y por los delincuentes conocidos como “barras bravas”, los mismos que eran exaltados románticamente por Cristina Kirchner, durante cuyo gobierno se los alentaron a través de la organización “Hinchadas Argentinas Unidas” .
Por suerte, en la manifestación de la semana siguiente no hubo disturbios importantes. El gobierno reaccionó y tomó precauciones que había omitido en el primer caso. Eso también generó algunas suspicacias, pero es saludable que el resultado haya sido mejor. Tampoco, más allá de algunos episodios muy específicos, hubo de parte de los manifestantes el tono violento que muchos le imprimieron a la protesta del 11 de marzo.
No se trata solo de cumplir la ley, que con eso debería bastar. Si la represión de la violencia se hace mal, si se causan graves daños evitables, el péndulo social volverá a su estado anterior y el Estado deberá una vez más abdicar de su función más esencial.
* Dr. Jorge R. Enríquez, exdiputado nacional – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA
Mail: jrenriquez2000@gmail.com
X: @enriquezjorge
https://jorgerenriquez.wordpress.com