Malas noticias para Janina Ortiz: la Justicia rechazó un recurso en contra de uno de los pedidos de desafuero
El pasado 27 de marzo, la Cámara de Diputados de Mendoza suspendió a Janina Ortiz como diputada, después de haber sido desaforada en diciembre de 2023. La exsecretaria de Gobierno lasherina fue apartada de su banca y dejó de percibir su dieta hasta que se dicte una condena en los dos procesos judiciales en su contra, los cuales forman parte del denominado "Las Heras Gate". Este miércoles se dio a conocer que la jueza penal Dolores Ramón rechazó uno de los recursos presentados por la defensa de la dirigente de La Unión Mendocina.
Se trata de una apelación presentada en noviembre cuando la situación de Janina Ortiz todavía era analizada en la Comisión de Poderes de la Legislatura. Son dos apelaciones por dos pedidos de desafuero distintos. En este caso, se contestó el que involucra al fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7.
Tras enterarse de la decisión de la Justicia, Elena Quintero, abogada de Ortiz, dijo a MDZ: "En los fundamentos me dio la razón, pero me rechazó los pedidos. No me dio tratamiento, pero también me dio la razón en que a Janina no la tenían que citar en diciembre por los plazos legales".
"Voy a apelar. Voy a ir al Tribunal Oral y llegaré a la Corte. Lo que ha mencionado la jueza sobre que estaba fuera de la ley lo voy a usar como prueba y voy a acompañarlo con la denuncia penal a los fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Los dos pedidos de desafuero en contra Ortiz habían sido presentados en 2023 por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y por la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32. Ambos magistrados están a cargo de dos causas en las que investigan presuntos delitos cometidos por Ortiz mientras se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.
D’ Amore lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública” en la cual se señala a la ex secretaria de Gobierno lasherina como presunta coautora por el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el exintendente Orozco y varios ex funcionarios municipales.
En el caso de Atur -donde se aguarda también una contestación a otra apelación- el proceso está vinculado a una acusación de "coacciones" contra Ortiz realizada por una empleada municipal, quien denunció que la exsecretaria de Gobierno la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y obtener información sensible. Se trataba del ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la supuesta grabación de la cual se desprendió la causa por las cooperativas.
Por otro lado, un mes atrás, el equipo legal de Ortiz presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para revertir la situación que la tiene suspendida de su banca. Dicho proceso aún sigue su curso.