Una disputa con la Nación que funcionó para tapar problemas de gestión

El gobierno de Rodolfo Suarez volvió a pintarse la cara para ir a la guerra otra vez contra Alberto Fernández, esta vez por el conflicto desatado tras la decisión nacional de entregar 21.000 hectáreas a comunidades mapuches en el Sur provincial.

A esta altura ya está claro que cada uno de los sucesivos enfrentamientos entre Nación y provincia, al gobernador en particular y a la coalición gobernante en general le han rendido políticamente ante una sociedad como la mendocina que, desde el punto de vista electoral, está en líneas generales alejada del kirchnerismo.

En este aspecto el arranque del año de elecciones exacerbó las reacciones de todo el arco del oficialismo provincial que, además, aparece con argumentos válidos como para subirse a la pelea. ¿Un ejemplo?: en esas tierras que están en discusión existen pozos petroleros. Aunque con el transcurso de los días la gravedad de la controvertida decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se fue atenuando. En principio lo que resolvió el gobierno nacional no implicaría la transferencia de tierras, expropiación o enajenación en San Rafael y Malargüe. Sino que, en realidad, de lo que se trata es de una medida que les reconoce el derecho a la ocupación de esas tierras a los puesteros para evitar su desalojo.

Sea como fuere, el caso es que esta nueva escalada de Suarez con Alberto le sirvió a la administración radical para quitar el foco ante la opinión pública de los recurrentes problemas de gestión que, en enero, se profundizaron al menos en dos áreas: el turismo y al plan para rescatar a OSEP.

El propio Emetur (Ente Mendoza Turismo) admitió que el primer mes del año cerró con un 30% menos de visitantes que el mismo mes del año anterior. La caída fue significativa y el sector sintió el impacto que amenaza con no corregirse en febrero. 

Mendoza es una plaza cara para el turismo de origen nacional, en un escenario en donde además el 80% de la población no pudo tomarse vacaciones por la crisis económica y para sumar obstáculos, en esta temporada no ayudó la posibilidad de contratar el Previaje como en las dos anteriores. Los prestadores turísticos privados, sin embargo, apuntan a otro efecto como fue la falta de promoción por parte del Emetur.

El gobierno niega esto y se refugia en el impacto de la situación macroeconómica. Pero basta repasar las cifras de ocupación hotelera registrada durante enero en destinos que no son de playa para contrastar esa excusa. En Mendoza la ocupación fue del 70% en los hoteles y cabañas de la montaña y de San Rafael, pero esa cifra fue menor a la hora de relevar, por caso, como lograron funcionar los hoteles del centro. Córdoba, Bariloche y Jujuy estuvieron por encima del 80% de ocupación durante el mes pasado y sitios como Ushuaia y San Luis llegaron al 85%. En casi todos estos lugares, Jujuy o Córdoba por caso, las campañas de promoción oficiales fueron muy agresivas.

¿Qué otro ejemplo de administración regular en materia turística es lo que sucedió este fin de semana en Mendoza y que sin duda terminará afectando a una actividad que, para Suarez ,es la gallina de los huevos de oro ? Nadie en el organismo que conduce Nora Vicario coordinó y actuó para evitar que, entre sábado y domingo, se superpusieran seis festivales populares en distintos departamentos que, con esta organización, seguramente se terminarán perjudicando unos a otros.

El otro punto crucial que se debate por estos días es la situación crítica de la obra social de los empleados públicos, que obligó al gobierno a estructurar un plan de rescate financiero para que en 2023 se sigan prestando los servicios. 

A decir verdad, la crítica situación financiera de OSEP no es cosa de los últimos dos o tres años exclusivamente. Como un mantra que repite administración tras administración (del color político que sea) los problemas se remontan a más de 25 años cuando el gobierno nacional decidió traspasar el manejo de la salud a las provincias.

En las últimas dos décadas el Estado provincial debió salir al rescate de la obra social con diversas medidas que fueron desde los subsidios, emisiones de bonos, un intento que no prosperó por inconstitucional para que los jubilados aporten más y sucesivos incrementos de los aportes de los afiliados que casi nunca redundaron en mejoras de los servicios.

La inflación que, entre otras cosas, impacta en el precio de los medicamentos, los insumos que se pagan en dólares, los juicios, la incorporación de nuevos servicios, las distorsiones del esquema de aportes, una planta de personal sobredimensionada y las malas gestiones hicieron el resto del trabajo para llegar a una situación recurrente: la OSEP casi todo los años gasta más de lo que recauda.  Este año será crítico, pero en la historia reciente déficits tan agudos como el actual se atravesaron tanto en los dos últimos ejercicios del gobierno de Francisco Pérez como en los dos finales de Alfredo Cornejo.

La pandemia de Covid-19 desatada en 2020 terminó por agravar el panorama. No solo por el impacto brutal que tuvo en las prestaciones de servicios de salud en general, sino que OSEP en particular resultó perjudicada por una decisión clave tomada por el gobernador como fue la negativa a otorgar ese año aumentos salariales a los empleados públicos  Ese hecho derivó en una disminución fuerte de los aportes de los afiliados a la obra social y ese año, la OSEP, dejó gastos sin imputar por casi $5.000 millones.

Ante la realidad actual, el gobierno diseñó un proyecto de ley de salvataje que ingresó el viernes a la Legislatura pero que el propio directorio del organismo se encargó de divulgar previamente a un grupo de periodistas esta última semana. El plan diseñado por Carlos Funes, el presidente del directorio, no reviste demasiado análisis: ante el fenomenal rojo de $6000 millones que enfrenta, en principio no queda mucha más alternativa para el gobierno que buscar como ponerle plata a la obra social. La idea, entonces, no fue muy ingeniosa. Por un lado se busca un incremento mensual de 0,75% en el pago de afiliados directos con indirectos a cargo en el monto destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficos (FEC) y asimismo una modificación para que el aporte patronal del Estado pase de 6% a 7%.

En este último punto, existía un reclamo del directorio para subir 2 puntos el aporte estatal. Aunque ese planteo no prosperó finalmente, queda claro que todos los mendocinos, afiliados o no, terminarán poniendo plata para efectivizar el rescate. En realidad ya vienen poniendo. Entre 2021 y 2022, el Gobierno transfirió a la OSEP algo más de $1.000 millones para, entre otras cosas, pagar deudas por la compra de medicamentos.

Y aquí es donde surgen las evidencias de las falencias de gestión. Una duda queda flotando todavía en el aire: la propia OSEP dejó trascender que con estas medidas se recaudarán unos $5.000 millones en doce meses. Es decir que, a priori, el próximo directorio que asuma en 2024 (podría ser este mismo si la política así lo resuelve) arrancará el año con un agujero de $1.000 millones si se toma el déficit proyectado para este año. Pero el aspecto clave es que no se terminan atacando realmente los bolsones del gasto existente en la obra social. Un trabajo de tales características, claro está, requiere de un esfuerzo mayor al que en principio se ha hecho.

Porcentaje más o menos, la OSEP concentra la mayor parte de sus gastos en tres grandes rubros. La compra de medicamentos, las prestaciones de atención, de internación y de alta complejidad y, como es característico en el Estado, lo que insume el costo del personal. A poco y nada de esto se le mete mano en el proyecto de ley de salvataje. Es muy particular esto: hacia finales de 2021, cuando la crisis de OSEP ya entraba en un callejón sin salida, un informe interno firmado por los subdirectores de Finanzas, de Contabilidad y de Administración del propio organismo proponía salidas al desfinanciamiento que no solo pasaban por un incrementos de aportes.

En el primero de los gastos fuertes, los insumos médicos,  que representan casi el 35% del presupuesto, los funcionarios plantearon firmar un convenio con la industria para llegar a la misma línea de descuentos que tienen el PAMI y generar un ahorro que, hace un año, podría haber representado un ahorro de $500 millones.

En relación a las prestaciones, que se lleva otro  30% de los recursos, se propuso la firma de convenios con el sector privado para aliviar la carga de la OSEP que resuelve anualmente casi 2.000.000 de consultas, realiza más de 25.000 cirugías y lleva a cabo al menos la mitad de los requerimientos bioquímicos de los afiliados de la provincia.

Y en relación al personal está el nudo. OSEP cuenta con casi 4.000 empleados y con un alto porcentaje de ellos que realizan tareas administrativas. Implica el 25% del presupuesto y allí se propuso “revisar y racionalizar la planta y sus asignaciones escalafonarias y de horario porque la gran cantidad de personal “presenta distorsiones múltiples y sería esperable que, una vez corregidas estas, se obtenga una reducción de al menos 3% del gasto anual.

También se planteó, entre otros aspectos, congelar vacantes y revisar el esquema de financiamiento vigente de las Residencias Médicas y medir su efectiva utilidad en el futuro mediato. “Una reducción del 50% del gasto representaría- rezaba el informe interno de ese entonces- ahorrar recursos por $90 millones anuales.

¿Qué se hizo con toda esta información? Nada. Si algo se hubiera puesto en marcha durante 2022 con estas recomendaciones internas, quizás, la situación para 2023 no hubiera sido la actual. Aunque mejor dicho algo sí resolvió el directorio de OSEP en este sentido: en marzo del año pasado decidió echar de su puesto a la subdirectora de Administración, Marcela Gazali, dirigente del PRO que había sido una de las firmantes del estudio.