En la previa de los anuncios, piqueteros redoblaron la apuesta contra el Gobierno
La ministra de Seguridad anunciará un "protocolo para el mantenimiento del orden público" esta tarde. Luego, el Polo Obrero dará una conferencia de prensa. Gremios y sindicatos critican, pero esperan.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó esta mañana que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará "un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación". Lo hará en el marco de la consigna "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y está previsto que las medidas que se comuniquen tengan que ver con anticipar que para quienes interrumpan la circulación o generen desmanes en una protesta habrá "severas multas" que alcanzarán "al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia". Líderes sindicales y piqueteros reaccionaron inmediatamente, salieron a cruzar al Gobierno y ratificaron su voluntad de marchar en las calles.
"Vamos a esperar los anuncios. Lo que es seguro es que no se puede vulnerar el derecho a manifestarse ni con un protocolo, ni con un decreto. Es un derecho constitucional. O declaran el estado de sitio, que también debe pasar por el parlamento o mandan al Congreso una reforma constitucional", dijo a MDZ el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que convocó a una marcha para el próximo 20 de diciembre.
Además, agregó: "No se pueden vulnerar el derecho a la protesta, menos aún cuando hay un ajuste de esta magnitud. Nadie, ni el presidente, puede anular los derechos", y anunció que hoy a las 18:30, luego de la comunicación oficial, ellos darán su conferencia de prensa en Mitre 2162 "en respuesta a los planteos de Patricia Bullrich". En el encuentro también estarán presentes los diputados Gabriel Solano y Vanina Biasi.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tampoco se quedó callada y "anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta" porque a "los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, el Secretario General del gremio, que detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.
“La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria. Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, agregó.
Por otro lado, ayer el consejo directivo de la CGT aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei "no ajustan a la denominada casta, como prometió en la campaña, sino que recaen en el pueblo" y "dinamitarán el poder adquisitivo salarial y jubilatorio" por lo que adelantó que el movimiento obrero "no se quedará de brazos cruzados".
Lo hizo en un documento titulado "No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo" en el que después de fuertes críticas contra el plan económico anunciado por Caputo destacó "la importancia de defender la progresividad de los derechos laborales y sociales para lograr una sociedad más justa como eje de un modelo de desarrollo, producción y trabajo nacionales" y afirmó que la CGT "acompañará con todo lo necesario a los sectores que se sientan perjudicados".
La vicepresidenta Victoria Villarruel recogió el guante y dijo hoy que espera que la Confederación General del Trabajo sea "lo suficientemente prudente para esperar que se tomen las medidas y no adelantarse" con protestas.
"El gobierno es un gobierno de cuatro días, así que la CGT espero que sea lo suficiente prudente para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social sobre algo que todavía no se explicitó en los hechos", dijo Villarruel en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno tras la reunión de Gabinete.