Una disputa en la que nadie cede y pierde Mendoza

Si hay algo que nadie puede asegurar hoy en Mendoza al analizar la coyuntura política, es aventurar de qué manera se resolverá el conflicto planteado alrededor de las modificaciones al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia que busca imponer el Gobierno y que tiene a los jueces del máximo tribunal enfrentados y al borde del quiebre institucional.

Luego de que el PD, el PRO y el massismo frenaran el proyecto oficialista en comisiones de la Legislatura, una delgadísima línea de acuerdo se volvió a abrir entre los magistrados supremos que trataron hasta aquí, en vano, de acordar entre ellos los cambios que se hacen necesarios para corregir desviaciones en la marcha cotidiana del tribunal que terminan afectando no solo la eficiencia sino también la transparencia de la Justicia.

Ya se vio como la disputa en público por este tema entre los jueces está siendo tan grave como durísima. Se están repartieron acusaciones cruzadas que van desde la existencia de “kioscos” en manos de algunos jueces para resolver causas, por el lado del radicalismo. Hasta la denuncia de que, detrás de la idea de cambiar la Corte, el único objetivo del Poder Ejecutivo es terminar de avanzar definitivamente sobre el Poder Judicial como sostiene el peronismo. Si cosas como estas fueron ventiladas ante los legisladores, no cuesta imaginar demasiado como fue el tono de la discusión a puertas cerradas en ese plenario de jueces que se llevó adelante el jueves para intentar un arreglo.

Más allá de lo que se dicen, el punto es que no hay chances por el momento de que la Corte consensúe un proyecto. Y por lo que se sabe, asimismo existen muy pocas posibilidades de que algo de esto suceda en los próximos días. Dalmiro Garay, el presidente del tribunal, le volvió a cerrar la puerta a rediscutir cambios en la letra de lo que se plantea que es, básicamente, la eliminación de las dos salas actuales de la Corte para pasar a un sistema de sorteo de jueces que permita terminar con el denominado “forum shopping”, es decir, la elección que están haciendo muchos abogados a la hora de la presentación de causas en los fueros laboral, administrativo y penal, fundamentalmente, seguros de que van a obtener allí una sentencia favorable.

Garay está sentado sobre el proyecto por dos motivos. En primer lugar les achaca a sus colegas cortesanos Mario Adaro y Omar Palermo que durante los últimos cinco meses, desde la apertura del año judicial al menos, viene intentando consensuar una solución al problema de la Sala 2 y que a cambio todo lo que recibió fueron evasivas. Garay entiende que lo tensaron todo lo que pudieron y que ahora ya no hay marcha atrás. Pero quien se muestra inflexible es José Valerio. El fue el redactor principal de la ley que está en discusión, les dijo a sus pares que el proyecto no se modifica y eso mantiene condicionado al presidente del tribunal.

A modo de acercar posiciones, lo que se tiró sobre la mesa por parte de los que se oponen fue una adaptación de lo que el propio Garay había propuesto en su momento. En ese sentido se habló de la idea de que la Legislatura apruebe el sorteo de jueces pero por ahora solo para el fuero contencioso administrativo, que se establezca un período de prueba de entre tres y seis meses y que si, cumplido ese plazo quedó demostrado que la Corte ganó en transparencia y eficiencia, sumar ahí sí al resto de los fueros a los cambios. Pero la respuesta de la conducción del tribunal fue un no rotundo. “Es increíble Dalmiro, no querés volver ni siquiera al plan Garay”, le dijeron Adaro y Palermo al presidente en el cruce fuerte del jueves.

Es muy probable que desde este lunes, si no se llega a un arreglo, los magistrados ligados al peronismo salgan a mostrarse como permeables a acordar ante la cerrazón de sus pares vinculados al Gobierno. Algo así expresó Adaro este sábado: “Tengo la expectativa de acordar. No hacerlo sería no estar a la altura de la historia y es imprescindible que consensuemos”. Detrás de esta actitud no existe demasiado misterio: él y Palermo no quieren quedar ahora ante la opinión pública como quienes están saboteando una salida a la crisis.

Ya se dijo en este espacio con anterioridad al momento de explicar el hilo conductor de la movida oficial: si, como se sostiene, el 75% de la totalidad de las causas que ingresan a la Corte lo hacen a través de la Sala 2 y, a su vez, Adaro y Palermo mediante sus sentencias son los que están marcando el camino en los fueros laboral y penal porque imponen su criterio en esa sala; en definitiva, entiende el Gobierno, estos dos jueces son los que están definiendo los criterios de la Corte, como consecuencia el de los jueces inferiores y en definitiva el criterio de la Justicia en Mendoza.

La discusión, entonces, no es entre jueces filoperonistas y filoradicales por la manera en que se debería solucionar el problema real del forum shopping. La pelea es por los criterios en que se están definiendo las causas y, sobre todo, las de materia penal. O dicho de otra forma: la batalla de fondo es de Alfredo Cornejo con Omar Palermo y todo lo que este representa para el exgobernador y para el Gobierno.

¿Qué otra cosa más que esto, fue lo que aseguró Palermo en su mensaje final ante los legisladores cuando le tocó el turno de criticar el proyecto? "Señores legisladores, señoras legisladoras, a quienes tienen responsabilidad en el ámbito del poder político del Estado, a los hombres y mujeres que integramos el poder judicial, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que tiene esta provincia, que son muchos, recuperemos la senda de la institucionalidad. La alternativa es Mendoza institucional o Mendoza feudal. Ustedes, que son la casa de la democracia, tienen la última palabra", sentenció.

El punto parece de no retorno y ante este debate trabado no se vislumbra otro camino que vaya a seguir el gobierno que no sea el de buscar imponer sus mayorías legislativas. Lo sostuvo Valerio sin vueltas: “Yo no voy a aceptar negociaciones políticas. Estoy dispuesto a conversar, pero no me voy a someter al toma y daca político . No nos pagan para hacer política, ni amigos. Nos pagan para cumplir la función por eso ganamos lo que ganamos. Esto es una Corte y debe funcionar como tal, no aceptó de ninguna manera que se divida por partidos políticos. No se si llegaremos o no a un acuerdo en la Corte, pero el proyecto ya está en la Legislatura”.

Y aquí se vio otro juego. El que hizo en las últimas horas Omar De Marchi. El diputado nacional del PRO y socio mayoritario de los radicales dentro de Cambia Mendoza se viene moviendo alrededor de este proyecto entre la incomodidad y el enojo. Ya nadie puede desmentir a esta altura (y tras siete años de existencia) que la alianza que gobierna Mendoza desde 2015 es solamente una aglutinación de partidos con objetivos electorales. Lejos está, prácticamente siempre lo estuvo, de ser una coalición de gobierno.

De Marchi se sintió arreado desde el mismo día en que el subsecretario de Justicia, Marcelo D Agostino, presentó en Diputados esta iniciativa sobre la cual nunca fue consultado. Y suma en esta coyuntura política su aspiración de disputarle a los radicales una candidatura a gobernador en 2023. En los últimos días trató de resistir como pudo el embate que vino desde el PRO a nivel nacional sobre sus críticas al proyecto, aunque no guardó en esa defensa ningún argumento duro contra Alfredo Cornejo. Otro vínculo político cuasi roto, en este caso, a nivel del oficialismo.

Para salir de la incomodidad que le genera no respaldar en definitiva una ley que apunta a menguar el poder del peronismo, en este caso dentro de la Justicia, lo que está tratando de hacer el diputado es sumarse al debate presentado otra salida al problema de la cantidad de causas que se acumulan en la Suprema Corte: en un extenso hilo de Twitter que fue redactado pensando palabra por palabra, cuestionó este sábado el espíritu de la iniciativa impulsada por Suarez y propuso la creación de instancias intermedias en fueros laboral y penal, además de una modificación al artículo 152 de la Constitución provincial para terminar a futuro con la pertenencia partidaria de los ministros de la Suprema Corte.

El líder del PRO soltó también sus dardos en forma directa el proyecto del Gobierno, pero guardó por ahora en público el malestar que también acarrea contra Rodolfo Suarez  y sus falencias de gestión que cada vez quedan más en evidencia. “Si solo se apunta a modificar la Corte, cambiando la conformación de Salas por sorteo en lugar de especialidad, no solo que no resuelve, sino que distorsiona el sentido de la reforma”, cuestionó a través de la red social.

Ahora. ¿Terminará el PRO votando en contra del proyecto de reforma de la Corte cuando, como se presume, el oficialismo embista en la Legislatura? Tras el arreglo electoral de 2021, De Marchi quedó con cinco diputados propios quienes, desde que asumieron, se sabe que en algún momento podían operar como freno ante alguna iniciativa del gobierno en la que su líder no estuviera de acuerdo. Pero más allá del malestar evidente, no hay chances de que el PRO pueda hacer llegar la sangre al río en esta ocasión. El oficialismo podría votar la ley de todos modos, aunque para ello necesita sortear primero al verdadero escollo que se le presentó en la tramitación legislativa.

No hay que perder de vista aquí a otro protagonista, integrante muy particular del oficialismo: el massista Jorge Difonso, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados y uno de los tres legisladores con lo que Cambia Mendoza contaba como seguros para respaldar los cambios en la Corte. El exintendente sancarlino fue uno de los que paró la firma del despacho de la comisión para que el proyecto pudiera ser tratado el miércoles pasado y se sostiene todavía en que avanzará solo si existe un acuerdo entre los propios miembros de la Corte. Este escenario, como ya se dijo, se avizora como imposible. ¿Entonces? Si De Marchi recibió presiones, Difonso las debió multiplicar por diez esta última semana. Y en consecuencia, si Difonso accede a sacar despacho de comisión, poco margen le quedará a De Marchi para seguir oponiéndose en soledad dentro de Cambia Mendoza.

El gobierno (Cornejo en definitiva) analizó ayer la propuesta soltada en Twitter y si bien no la cuestionó demasiado, tampoco se mostró abierto a que se convierta en una salida al conflicto. “La creación de un fuero penal para evitar que las causas lleguen a la Corte ya lo venimos discutiendo desde hace tiempo. No está mal la idea, pero no es alternativa a nuestro proyecto. A lo sumo es un complemento”, minimizaron a este diario. En otros términos: el gobierno está dejando correr la posibilidad de un acuerdo interno de la Corte pero sin abrir la puerta para encontrar una salida y todo, en definitiva, para buscar el momento de aprobar su proyecto tal cual lo presentó. Otra réplica de una forma de manejo político a nivel oficial ya instaurado en Mendoza en el que nunca se retrocede y mucho menos ( jamás por decirlo bien) alguno se rinde.