La estructura de poder que cruje detrás de la reforma de la Corte

Hay una máxima en el modelo de gestión política del oficialismo mendocino que alude al pragmatismo como eje: hay que medir las decisiones por las consecuencias que genera, no tanto por el método. Es decir, si se ejecuta una reforma lo “importante es lo que genera” y no cómo se llegó a ella. Lo aplican, por ejemplo, a los cambios en la Justicia, al ítem aula, al “empoderamiento” del gobierno y la lista sigue. En esa lista no está tildado el cambio en el funcionamiento de la Suprema Corte, una de las frustraciones que arrastra Cambia Mendoza en el plan de reformas del Poder Judicial porque, entre otras cosas, esa idea generó alertas internas.

Con el proyecto que envió el Gobierno para cambiar la forma de gestionar la Corte buscan que la política y la ciudadanía vea “lo que puede generar” en la gestión de ese tribunal, más que el proceso en sí. Es que la crisis en la administración de justicia es evidente: la Suprema Corte está saturada, tiene “votos cantados” según los temas y la exposición sin tapujos de las peleas genera una incertidumbre enorme.

Desde la política ven el problema al revés: que usan una excusa estructural para ejecutar un plan coyuntural y tener más poder hoy en Tribunales. Si de coyuntura se habla, pues la crisis la detonó la tensión política que hay entre los 7 integrantes de la Suprema Corte y que hasta por una cuestión generacional no tiene vistas de solución. En la coyuntura pura y dura es real que el Gobierno podría depender de algunas decisiones de la Corte para, por ejemplo, poder tomar deuda sin los dos tercios de la Legislatura, o avanzar en cambios

En el fondo lo que cruje es la estructura de poder e institucional sobre la que está basada la provincia y que desde hace años entró en crisis.

Un trípode roto

La idea de que Mendoza tenía una vida institucional modelo respondía más a un “mal necesario” que a la voluntad de quienes ejercían cargos relevantes. Desde el retorno de la democracia se generó un extraño escenario que obligó a los partidos políticos a buscar un equilibrio. El Partido Demócrata, la UCR y el PJ tensionaban por el poder y se lo repartían. Nuevamente; más por obligación que por voluntad republicana, estaban obligados a negociar. Un presupuesto, pero también cargos. Cada espacio del Estado era repartido en cuotas partes. El Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte, el Instituto de Juegos y Casinos, la OSEP, luego el EPAS, el EPRE y cuanto organismo público con representación plural apareciera. Una comodidad que algunas veces funcionaba como sistema inmune para evitar abusos y que obligaba en la Legislatura a esa extraña costumbre de antaño: negociar.

Ese equilibrio del trípode de poder se resquebrajó con la pérdida de respaldo ciudadano al PD, la flaqueza de las “terceras fuerzas” y el derrumbe de PJ. Es real que desde el 2015 el radicalismo avanzó con apetito voraz en cada espacio de disputa de la “cosa pública”. Con la legitimidad del voto, prescindió de otras voces, incluso de sus aliados. Por eso se generaron los saltos sin escala de la Legislatura al Tribunal de Cuentas de Néstor Parés, del tercer piso de casa de gobierno al Cuarto de Tribunales de Dalmiro Garay, de la Legislatura a la Oficina de Ética Pública de Gabriel Miró, lo mismo en los entes de control y hasta los colegios profesionales. La “aristocracia” mendocina no responde a apellidos, sino más a pertenencias y fidelidades.

Pero no es una característica propia del cornejismo, solo que ese sector logró ejecutar lo que el resto quiso. La antigua división en tres de cada espacio no se alejaba mucho de ese modelo, pues cada espacio era repartido con las “familias del poder”. El propio peronismo también tuvo su intentona similar. Mario Adaro hizo el mismo tránsito que Garay, con menos escalas aún. Cuando tuvieron que nominar a un fiscal de Estado también promovieron a un exlegislador, como es el caso de Fernando Simón. Y en el Tribunal de Cuentas colocaron a fieles dirigentes que garantizaron custodia para las posibles irregularidades propias (Caputto tuvo que auditar las cuentas de sus propio exjefe y Pettignano igual).

El clímax de esa estrategia se vivió con la postulación de Miriam Gallardo como ministra de la Suprema Corte, con antecedentes flojos de papeles (quizá parecido a lo denunciado que ocurrió con Teresa Day). Las vueltas de la vida son cortas para las familias del poder y el escándalo público de la Corte tuvo a los Gallardo como partícipes: la sentencia en la que Mario Adaro y Omar Palermo denunciaban la intervención del Gobierno en la Justicia era sobre el pedido de reincorporación del hermano de Miriam Gallardo, que había sido nombrado por Carlos Ciurca, echado por Cornejo y reincorporado por el Tribunal para el que su hermana había sido promocionada. En realidad si se siguiera cada hilo familiar dentro de los poderes del Estado habría que hacer un mapa conceptual similar al necesario para la familia Buendía.

La pelea por la reforma de la Corte tiene en la superficie disputas de egos, caprichos y también, en el fondo, la pelea por el control. Pero no se ha concentrado en dos preguntas clave: por qué es necesario y cómo se debe hacer.

El diagnóstico compartido por los dos sectores que conducen las sentencias incluye el problema que genera la “elección” de tribunales según conveniencia, la poca claridad para llamar a plenos y la enorme cantidad de causas que llegan al máximo tribunal. Es decir, el sorteo de algunas causas para evitar parcialidades, la necesidad de refrendar en pleno temas estructurales y que haya alguna instancia previa en temas laborales y penales es un punto común. No hay acuerdo en cómo se gestiona Tribunales, en la posibilidad coyuntural de que todo lo decida una mayoría y, sobre todo, en deshacer las salas con jueces especializados.

Las sentencias de la Corte tienen una fuerte influencia en la vida cotidiana, mucho más en Mendoza. Es que, por ejemplo, pueden signar las relaciones laborales, marcar una tendencia en política criminal y hasta influir directamente en las cuentas públicas por otorgar o rechazar recursos de los empleados estales, las empresas concesionarias y la administración de los bienes comunes. Hay causas administrativas, por ejemplo, que en realidad tienen influencia directa en la propiedad y el uso de los recursos naturales, como el agua y el petróleo. Por eso aunque parezca fuera de foco, el debate es fundamental.

Todo indica que el Gobierno conseguirá los votos para aprobar la reforma en las próximas dos semanas. Lo hará cediendo a pedidos del Pro para crear instancias laborales intermedias y también flexibilizando en parte el proyecto, sin cambiar el eje. Como en la Legislatura no hay matices, tampoco habrá más voces en el recinto. La duda que quedará es si para una reforma de ese calibre alcanza con cumplir la exigencia de la mayoría de los votos.