Segmentación: la cifra de reducción del gasto que modera expectativas

"Curb your Enthusiasm" es una vieja frase de la cultura norteamericana, transformada luego en título de una exitosísima sitcom. Si significado apunta a moderar o controlar el entusiasmo de una persona en una situación donde las circunstancias apuntan al optimismo. Se lo relacional con alguna humorada con sentido irónico, vinculado con la necesidad de aplicar paños fríos ante la aparición de alguna novedad esperanzadora o que apunte a solucionar algún problema.

El anuncio oficial de esta mañana sobre la puesta en marcha de la demorada segmentación para el mantenimiento o eliminación de los subsidios a las tarifas de luz y gas, apunta a comenzar a solucionar un problema importante y casi imprescindible de solucionar. Y que tiene su disparador, al menos económico, en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 25 de marzo pasado y que tiene como una de sus tres metas principales e innegociables la necesidad de cumplir con un déficit fiscal tope de 2,5% del PBI durante el 2022.

Esto sería, unos 1.500 billones de pesos de piso (dependiendo del número final del producto que marque el país), dinero al que el Gobierno debería llegar por dos vías (y sólo dos). Aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos. En el primer capítulo, y sin la posibilidad real de aplicar incrementos impositivos en el mediano plazo, ante una Cámara de Diputados esquiva, la apuesta es a que la inflación produzca un incremento en los recursos que derive en un alza en los ingresos vía aumentos en los precios.

El segundo capítulo depende de la habilidad de Silvina Batakis de congelar los egresos públicos, lo que dependerá el éxito o el fracaso de la "Caja Unica" que la ministra anunció el lunes pasado. Sólo hay un ítem concreto donde el acuerdo negociado por Martín Guzmán habla y se compromete a una disminución del gasto público directo: la segmentación de tarifas públicas puesta en marcha hoy, y que apunta a disminuir los subsidios a sectores sociales que teóricamente tienen capacidad de hacer frente a la totalidad del monto de las tarifas de luz y gas.

Se trata de la única medida negociada y acordada con el FMI que apunta a una reducción de la presión en uno de los montos más complejos del gasto, y donde el organismo financiero internacional siempre pone la mira al observar donde se le escapa dinero al país. Hay grandes expectativas tanto dentro del gobierno como entre los privados, en que este avance acerque más al país a la inevitable (si se quiere sostener el acuerdo con el Fondo)  meta de 2,5%.

Sin embargo, habrá que aplicar la frase "Curb your Enthusiasm". Según los cálculos más optimistas, la reducción de los subsidios por esta vía alcanzaría para aplicar un ahorro de entre 80.000 a 100.000 millones de pesos anuales, durante el 2023; cuando la segmentación se aplicaría sobre año completo. Para el ejercicio 2022, dado que la eliminación de los subsidios se aplicaría desde septiembre (antes sería ilegal), la reducción de los subsidios se ubicaría en el rango de los 15.000 y 20.000 millones de pesos. Frente a los 1,5 billones de pesos, prácticamente una nimiedad. Obviamente, habrá que moderar el entusiasmo fiscal de la medida.

Todo esto siempre que no haya problemas en su aplicación. Ya con el kirchnerismo totalmente desentendido de la medida, luego de haber aceptado que se ejecute según los criterios impuestos por Martín Guzmán, aún son muchos los funcionarios dentro del Ejecutivo que consideran que la norma que apunta a solucionar un problema necesario de ser enfrentado. Hay un miedo de corte legalista, que no impidió que se avanzara en la puesta en práctica de la segmentación, pero que aún está en alerta de los funcionarios que deben poner en marcha el esquema.

Según muchos funcionarios (y funcionarias), el problema sería que la segmentación tal como está pensada podría dar lugar a cuestionamientos legales por "discriminación", dado que los criterios subjetivos para los que ingresen en los aumentos provocarían levantamientos de la Justicia. Se piensa que estos criterios (fundamentalmente percibir ingresos por más de 333.500 pesos mensuales netos) sólo podrían haberse aplicado por ley.

Y no por una resolución del ministerio de Economía. El segundo cuestionamiento legal es no haber diseñado el formulario como una declaración jurada que refiera a próximas legislaciones que eventualmente se aprueben en el Congreso. Y que, en cambio, se ponga en práctica simplemente un mecanismo para anotarse como consumidor excluido de la lista a los cuales se les quitará el subsidio. Finalmente, pero no lo menos importante, se cuestiona que la suba tarifaria se aplique de manera retroactiva; cuando el ABC de la jurisprudencia indica que una norma (sobre todo si es negativa) puede ejecutarse hacia atrás.