Salario Básico Universal: la batalla por $ 1.2 billones

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner acordaron que el Salario Básico Universal (SBU), se tomará en cuenta como una alternativa válida sólo si es aprobada por el Congreso Nacional. Lo que, según la composición de la Cámara de Diputados, sería una utopía.

Se supone entonces, que sería un escudo legal para que la medida no se aplique, pero sin que el oficialismo quede como que se desinteresó del tema, o que directamente no la avaló política, económica y fiscalmente; algo que le generaría a la cúpula de la coalición oficialista una crisis interna con sectores más cercanos a la izquierda que dudan de la convicción del presidente y la vicepresidenta. Esta es la estrategia, y lo que se acordó en el encuentro de ayer. Y el motivo por el cual Silvina Batakis respire con cierta tranquilidad. Al menos por ahora.

No es para menos. Según el último cálculo profesional que llegó al escritorio de la ministra de Economía, el costo final de aplicar el sistema de SBU llegaría a los $ 1.2 billones anuales; lo que implicaría casi un punto y medio del PBI. Siendo conservador. Como argentina no tiene ese dinero, y debería generarse con un incremento en la emisión o con un mayor endeudamiento.

Ambas alternativas llevarían el déficit fiscal por arriba de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por arriba del 2,5% de desequilibrio primario; y lo ubicarían cerca del 3,5%. Como los analistas saben que este dinero es imposible de conseguir por caminos legales, que su aplicación terminaría con cualquier alternativa lógica de continuar parlamentando con el Fondo y que, en definitiva, sería el final de lo que se sea el plan económico de Alberto Fernández, sólo con la idea de la aplicación directamente se generaría un clima de punto final.

Lo sabe el presidente, Batakis y quizá, también Cristina Fernández de Kirchner. Aunque ideológicamente un SBU pueda ser ponderable, es política y económicamente una utopía. ¿Cómo llegan Batakis y los analistas al resultado de los $ 1.2 billones?. Simple. Se multiplica la canasta básica de indigencia de aproximadamente $ 16.000 medidos por el INDEC, por los 7,5 millones que este año recibieron la ayuda social IFE, y se anualiza el resultado; el número final es esa cifra.

Si, además se considera que los reclamantes de ese beneficio podrían ser hoy que los que a comienzos de año se anotaron en el régimen, el número final podría superar las 9 millones de personas. Y la necesidad fiscal de atender la demanda se iría más allá de los $ 1.2 billones, acercándose a los 1.500 millones. Un panorama aún peor.

Los dirigentes sociales que impulsan el sistema hablan de otros números. Si bien ya reconocen que el cálculo inicial no es lógico, y se reconoce que el costo llegaría a los $ 1 billón; tienen su método para sumar el dinero  necesario. Hablan de fundir la mitad de los planes Argentina Trabaja en el nuevo régimen, lo que reduciría el monto a $ 300.000 millones.

¿Cómo se obtendría el resto del dinero?. Aumentando las retenciones a la soja del 31% actual a unos 5 puntos porcentuales más, lo que llevaría la presión a un 36%. Esto, según los valores actuales, determinaría un nivel de recaudación extra de unos $ 600.000 millones. Igualmente los fondos no alcanzarían, pero igual merece el análisis la medida de avanzar sobre los sojeros.

Un nivel de incremento superior al 33% permitido hasta hoy para que el Ejecutivo pueda avanzar de manera legal, debería ser aprobado por ley. Lo que, volviendo al punto de partida original, sería casi utópico que pueda ser aprobado por el Congreso. En este punto habría que tener en cuenta también que los legisladores provinciales podrían tener dificultades políticas en sus provincias, para avalar un proyecto semejante en el Ejecutivo. Y los problemas de aprobación no sólo aparecerían en Diputados, sino también en el Senado.

Finalmente un recordatorio histórico. Ese 36% de retenciones es el mismo porcentaje en el cual deberían comenzar a aplicarse las retenciones móviles dispuestas en la Resolución 125 del ministerio de Economía de 2008, medida con la que comenzó la Guerra contra el Campo de aquel año. Y que derivó en la crisis política más importante de la gestión Cristina Fernández de Kirchner. Tan grande que terminó por eyectar del poder al entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández.