La interna entre el albertismo y el kirchnerismo como el único freno al gasoducto

El ingeniero Antonio Pronsato no defraudó. En su declaración de ayer ante el juez Daniel Rafecas, el ex responsable de ejecutar la obra del gasoducto Nestor Kirchner, afirmó que de ninguna manera recibió presiones para beneficiar a SIAT (empresa de Techint) y que se retiró del proyecto por las demoras de las autoridades del Ejecutivo que manejan el área de Energía.

Pronsato se presentó como testigo; y, en consecuencia, como potencial acusado de algún tipo de imputación potencial de tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con su rol de funcionario público para redirigir la licitación hacia algún destino particular.

Pero, al prácticamente coincidir su declaración del lunes con la del viernes de la semana pasada del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; su posición judicial estaría prácticamente solucionada y su participación en el caso cerca de concluir. Además, salvo que aparezcan pruebas en los próximos días, el caso parecería dirigirse a un final de cierre. O cajonamiento judicial. Lo que prácticamente en los hechos es lo mismo.

Entre este martes y el viernes se escucharán a los cuatro expertos llamado por su juzgado y Rafecas leerá además las recomendaciones de las cuatro petroleras a las que el magistrado convocó para conocer si los caños son los recomendables. Esto es, Tecpetrol (Techint), Pluspetrol, Total e YPF. Se descarta que los ocho testimonios irán sobre el mismo argumento: SIAT es la empresa idónea y adecuada para aportar los tubos, los que, además, son los adecuados para un emprendimiento de este tipo. Lo más probable en consecuencia, es que en algunas semanas la causa se libere y el Ejecutivo tenga las manos libres para acelerar el proceso de liberación de la licitación de la obra civil, y así avanzar en la elección del constructor del proyecto.

Todo esto no quiere decir que, finalmente, el gasoducto sea una realidad, y que la intención del gobierno de Alberto Fernández de inaugurar esta obra máxima de su gestión pueda destrabar. Si algo queda en claro luego de las declaraciones de Pronsato, Kulfas, los cuatro expertos en ductos y las cuatro petroleras convocadas; es que lo que trabó el proyecto no fueron irregularidades penales, sino la interna de la alianza gobernante.

Dicho de otra manera, el conflicto entre el mandatario y Cristina Fernández de Kirchner y sus derivaciones dentro del Ejecutivo, donde combaten ya públicamente los funcionarios que responden a unos y otros (incluso se boicotean); frenó la obra pública más importante comprometida por ambos integrantes de la fórmula que venció en las elecciones del 2019. Tan importante que incluso lleva el nombre de Néstor Kirchner, el padre teórico del proyecto gobernante. Y siguiendo esta lógica que queda claro hasta aquí, sólo se podrá destrabar el gasoducto (una obra de nivel básico en cualquier país del mundo), si hay una tregua entre el presidente y la vicepresidenta, aunque sea únicamente para que el proyecto se concrete.

Hablan cerca de Alberto Fernández sobre que aún hay tiempo para el milagro. Según la información que le envían al Ejecutivo las propias compañías interesadas en participar en el proceso, si la licitación de la obra civil se define antes de agosto, y sin mayores demoras legales; para octubre del próximo año el presidente podría darse el gusto de inaugurar al menos parte del ducto. O, como mínimo, mostrar una foto de campaña con un tubo soldado detrás como escenografía, y no con una maqueta de lo que podría ser. Para esto habría que olvidarse de una sospecha: que el kirchnerismo, en realidad, traba el proceso por especulaciones políticas. Según la visión que dejan trascender desde la Casa Rosada, la vicepresidenta descarta que no hay chances electorales en 2023, y que no hay que gastar esfuerzos (y dólares) en una obra que beneficiaría a la hoy oposición.

Obviamente esto se niega desde el kirchnerismo. Y se afirma que las restricciones a firmar autorizaciones de inicio de obra se relaciona más al poco profesionalismo de los ejecutores y la poca convicción de avanzar con la política de "sustitución de importaciones" dentro de un proyecto tan caro a la ideología kirchnerista. La denuncia del viernes 3 de la propia Vicepresidenta sobre la necesidad de obligar a Techint a producir en el país la chapa para los tubos, es sólo un capítulo de este tema. Se piensa también que el no haber tenido en cuenta a los oferentes chinos como los principales socios en semejante proyecto, es algo así como una falta de respeto.

Para recordar, el gasoducto en cuestión unirá Tratayén, Vaca Muerta, y Salliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires (en total unos 563 kilómetros pasando también por las provincias de Río Negro y La Pampa). SIAT (Techint) fue la única oferente en la licitación de los tubos, comprometiéndose a producirlos en el país. Según la compañía, los primeros tubos podrían estar saliendo de la planta en septiembre y para octubre estarían en condiciones de comenzar los trabajos de encastre para avanzar en el gasoducto.

Eso siempre que desde el Ejecutivo llegue la orden al Banco Central para que se liberen los aproximadamente 200 millones de dólares necesarios para iniciar la producción de la chapa en la planta brasileña de la propia Techint. Es lo que figura también en el pliego de licitación, y que quedó en una sombra de dudas el viernes pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner cuestionó que la empresa multinacional no haya decidido levantar una planta dentro del país para fabricar ese insumo básico para fabricas los tubos.