Escándalo por los "superpoderes" para un funcionario vitalicio

El Tribunal de Cuentas es el órgano de control que se encarga de revisar los gastos del gobierno. En las últimas semanas, el Ejecutivo envió un proyecto de ley que propone cambios importantes y necesarios en la ley orgánica de ese ente de control, pero que al mismo tiempo esconde artículos polémicos que rompen el equilibrio de poder en el órgano colegiado. En concreto, empodera la figura de su presidente Néstor Parés, el mismo que a principios de año quedó en el ojo de la tormenta por intentar acomodar a su esposa en un alto cargo dentro del tribunal que conduce.

El proyecto está lleno de luces y sombras y puertas adentro del Tribunal de Cuentas reconocen que algunos artículos fueron incluidos a último momento y no formaban parte ni de los acuerdos ni del extenso proceso de estudio que desde hace años se lleva adelante para confeccionar el texto de la norma. Sobre todo, artículos que alteran el mecanismo de toma de decisiones dentro del órgano colegiado. En concreto, desde la oposición advierten que la ley le da "superpoderes" al presidente Parés, exlegislador cornejista que ocupa el cargo de forma vitalicia. 

Una de las primeras medidas que intentó tomar Parés cuando asumió fue modificar el organigrama y crear un cargo jerárquico para nombrar a su esposa Ángela Floridia. Lo justificó abiertamente afirmando que era una persona altamente capacitada y de su estricta confianza, pero finalmente el nombramiento no prosperó por falta de consenso dentro del propio Tribunal.

Si se aprueba la nueva ley, ya no será necesario que existan acuerdos entre los cuatro vocales y el presidente para tomar este tipo de decisiones, ya que el artículo 11 fija claramente que los nombramientos son atribución exclusiva del presidente. Incluso, Parés podrá designar sin necesidad de consulta al propio Secretario Relator, un cargo clave a la hora de supervisar la legalidad de las sanciones de multas y cargos.

"El Presidente del Tribunal es el jefe administrativo de la institución, tiene la representación del organismo y por su conducto, éste se relaciona con los Poderes del Estado. Estará a su cargo el gobierno y administración del Organismo", explica el proyecto y determina las atribuciones. Entre ellas, se destacan por ejemplo "designar y remover al personal del Tribunal" o "designar y remover los funcionarios fuera de nivel escalafonario y asignar por resolución el lugar de prestación de servicios de cada uno".

Pero no es el único artículo que ha generado tensión puertas adentro del órgano de control. Existe otro que también apunta a licuar el poder de los vocales, de los cuales hoy en día tres están identificados con el peronismo. Se trata del artículo 5 y las aclaraciones que luego hace el artículo 8 del proyecto. En concreto se crea la figura del "vocal letrado" algo que hoy no existe y se determina que ese "vocal letrado" -que debe ser abogado- será quien ocupe la presidencia cuando tome licencia Néstor Parés.

En la actualidad los cuatro vocales son contadores y quien se hace cargo de la presidencia en caso de licencia es el de mayor antigüedad. Es decir Mario Angelini (PJ), Héctor Caputo (PJ), Ricardo Pettignano (PJ) y Liliana Muñoz (UCR). La figura del vocal letrado rompe el juego de contrapeso que ha servido de garantía de imparcialidad.

Ante las críticas de la oposición el presidente del interbloque de Cambia Mendoza en Diputados, Jorge López aclaró que el proyecto ha sido trabajado durante años por una comisión técnica evaluadora pero incluso en esa comisión hay enojo por los cambios que se hicieron al proyecto enviado a la Legislatura.

Ni siquiera los argumentos que López esgrimió para justificar los "superpoderes" para el presidente del Tribunal de Cuentas no son compartidos por la comisión evaluadora cuyo trabajo López destacó en una entrevista con MDZ Radio.

"Las observaciones que hacen del instituto vinculado a auditorías es que el Tribunal de Cuentas era juez y parte en su propia revisión. Cuando se auditan sus cuentas la metodología que utilizaban para marcar una independencia era la excusación del presidente. Pero en realidad los vocales toman decisiones de carácter administrativo y terminaban siendo juez y parte. Para sanear ese vicio se establecen las atribuciones del presidente en materia administrativa. A fin de que cuando los vocales tengan que hacer la revisión no sean juez y parte", intentó justificar López, presidente de la comisión de Hacienda que evalúa el proyecto. 

En los hechos, se le entregan amplias prerrogativas al presidente del tribunal, rompiendo esquemas de contrapeso y esta situación ha despertado enojo dentro de la comisión técnica que elaboró el proyecto a lo largo de tres años y nunca esbozó ningún artículo similar al que aterrizó en la Legislatura.

Las luces del proyecto

Lo más lamentable de la polémica que se ha generado, es que tres artículos netamente políticos y administrativos han opacado las luces del proyecto en lo que respecta a aspectos técnicos de control. Desde el punto de vista técnico, la nueva ley contempla modificaciones imprescindibles para mejorar el trabajo de control y evitar litigios. Por ejemplo, crea una instancia de aclaratoria para que exista un paso previo a que el cuentadante sancionado recurra a la Suprema Corte contra un fallo del Tribunal de Cuentas. Eso evitaría juicios millonarios y permitiría mejorar la calidad de los fallos de revisión. 

En los últimos años, muchos fallos que condenan a exfuncionarios a devolver dinero por irregularidades nunca se hicieron efectivos porque fueron recurridos ante la Corte y luego de extensos procesos que han llegado a durar décadas la Justicia anuló lo actuado por el Tribunal de Cuentas. Eso cambiaría creando una instancia intermedia para que el propio tribunal pueda revisar su accionar ante los recursos que presenten los cuentadantes.

Otro cambio sustancial es que se aggiorna a las modificaciones que han sufrido algunas leyes que forman parte del marco normativo de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Además, permite las revisiones de cuentas sobre los actos y operaciones de la hacienda pública realizados en el transcurso del ejercicio, para lo cual dispondrá auditorias permanentes o periódicas pudiendo asimismo instar auditorías de carácter aleatorio. Esto marca un giro sustancial ya que antes las revisiones eran a ejercicio vencido, es decir del año anterior.

Por otro lado, la ley dice que debe rendir cuentas el heredero y ahora se aclara que el heredero debe responder en relación a la herencia y no sobre su matrimonio propio. Este punto es importante porque existen varios casos en los que se detectan irregularidades en entes públicos y se formulan cargos millonarios para que esos funcionarios devuelvan el dinero pero los funcionarios han fallecido. Un ejemplo es el de los herederos de Antonio Sabino en distintos fallos del Tribunal de Cuentas por supuestos sobreprecios en el Casino entre los años 2013 y 2015.

Según explicó Jorge López introduce modificaciones en lo que respecta a la actualización de montos de las multas a través de tasa activa del Banco Nación, algo que sirve para que por el paso del tiempo y la inflación no terminen siendo una cifra irrisoria.

En conclusión, se trata de una ley innovadora que apunta a solucionar problemas operativos que hoy existen. Pero en algún punto del camino la política metió la mano y se agregaron artículos que vuelven a teñir de colores partidarios a un Tribunal que debería ser independiente.