Vuelve a enrarecerse el clima entre el gobierno de Suarez y la Corte

Vuelve a enrarecerse el clima entre el gobierno de Suarez y la Corte

Las recusaciones cruzadas por el caso María Teresa Day complican una salida, mientras el gobierno no cesa en su disputa con Omar Palermo por otro tema: la constitucionalidad de la prisión perpetua. Un acuerdo interno que le permitiría a la Corte votar en el caso de la jueza, pende de un hilo.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

A varios meses de desatada la crisis institucional grave entre el Gobierno y un grupo de jueces de la Suprema Corte por la designación de María Teresa Day, el conflicto está todavía lejos de resolverse. Y una audiencia pública próxima convocada por el máximo tribunal por otro tema que generó rispideces, el debate por la constitucionalidad de la prisión perpetua, sumó más tensión entre Tribunales y la Casa de Gobierno.

Hace unos días los organismos de Derecho Humanos, que habían acudido en junio al máximo tribunal para intentar frenar la asunción de la jueza propuesta por Rodolfo Suarez, presentaron un pedido de recusación contra el presidente del Tribunal, Dalmiro Garay, al considerar que su intervención en el caso “constituye una flagrante violación del principio de imparcialidad y una muestra clara y manifiesta del deterioro de las instituciones republicanas que avergüenza a la sociedad mendocina”.

A Garay lo sospechan de “partidismo” y que su recusación resulta “evidente porque no puede tener intervención en causas donde se encuentre en litigio el interés del gobierno del que ha sido operador político principal, rol que evidentemente sigue cumpliendo como Ministro de la Corte”.

A este episodio se le suma la tensión que generó otro conflicto latente. En la previa de la audiencia pública que la Corte convocó para el 22 de octubre, en el marco de del debate sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua, algunos dirigentes cercanos a Alfredo Cornejo comenzaron a militar en las redes sociales una presencia fuerte en esa audiencia. Otro conflicto con Omar Palermo que vuelve, después de varios años.

Esto que sucedió le metió ruido a un débil acuerdo que se estaba tejiendo puertas adentro del máximo tribunal: los magistrados están intentando ponerse de acuerdo en rechazar todas las recusaciones en la causa Day, de uno y otro lado, para que sean los mismos jueces de la Corte los que voten y resuelvan así las diferencias en este conflicto que va más allá de lo jurídico.

En su embestida, los organismos también solicitaron que la camarista Alejandra Orbelli, llamada a integrar la Corte luego de que Day se apartara de votar, se excuse como consecuencia de que entienden que su designación está fuera de la ley, más allá de que así está establecida la subrogancia desde 1947. Y además, a esta jueza, la sospechan de parcialidad al haber votado en sintonía con Day en la primera sentencia que firmó como suprema, en un fallo que tuvo un trasfondo político.

Ese episodio, ocurrió a días del acto de juramento de la nueva jueza. Allí se buscó que Day, muy velozmente, comenzara a hacer actos útiles como magistrada y estampó su firma en una sentencia que aumentó de 8 a 26 años de prisión la pena para el asesino de Micaela Tati, la niña de 13 años que fue asesinada a balazos en 2012 en el barrio La Gloria de Godoy Cruz.

Esta causa tuvo un recorrido muy particular durante los últimos años. El condenado se llama Jorge Barroso, inicialmente la Sexta Cámara del Crimen le impuso 26 años de prisión por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" por ser el responsable de esa muerte. Sin embargo, en 2015 un fallo de la Corte bajó su pena a 8 años, con los votos de Palermo y Mario Adaro. Los jueces entendieron que Barroso no tuvo intención de matar a Micaela y que se trató de un "homicidio imprudente", ya que el acusado disparó contra el tío de la pequeña. La Procuración General apeló el fallo ante la Corte Suprema de la Nación, quien declaró nulo ese fallo de Palermo y Adaro y ordenó que la Corte provincial expida uno nuevo.

Day y las juezas civiles Orbelli y Marina Isuani (quienes habían intervenido porque los otros integrantes de la Corte provincial que ya habían actuado no podían hacerlo) confirmaron la sentencia inicial y terminaron condenando a 26 años de prisión a Barroso. Fueron varios los legisladores oficialistas que aquél día salieron a festejar en las redes como “valió la pena para Mendoza apoyar a Day" y a cantar victoria porque en Mendoza "se acabó el ultragarantismo", en un mensaje claro para Palermo.

Como ya se sabe, a instancias de legisladores de la oposición y de organismos de DD.HH, un grupo de jueces con Palermo al frente avanzó y convocó a votar en un plenario de jueces de la Corte la cuestión que desde hace cuatro meses sacude al Gobierno y a la Justicia dejándolos al borde del abismo institucional. Esto es, ¿cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Corte? Y en este caso, si Day cumple o no los requisitos que exige la Carta Magna de diez años de ejercicio de la profesión de abogada para haber sido designada jueza.

Todas las recusaciones planteadas, y las que se realizaron también sobre los jueces más cercanos al Gobierno, demorarán los tiempos del fallo plenario que la Corte emitirá para resolver los cuestionamientos sobre Day y además, de resultar efectivas, podría cambiar drásticamente el panorama de votos favorables para que la magistrada logre afianzarse jurídicamente en su cargo y despejar todas las dudas.

El motivo de esta última afirmación es claro: el resultado terminaría siendo tres a tres, en caso de que, como se supone, Palermo, Adaro y Julio Gómez sostengan que no cumple los requisitos. Y que Garay, José Valerio y Pedro Llorente, como se descarta, voten que sí. Orbelli se transformaría así, en el voto decisivo.

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