El nombre que vuelve a tensar las relaciones en la Corte

El nombre que vuelve a tensar las relaciones en la Corte

En los últimos días, varios funcionarios han salido a militar la participación en la audiencia pública por la constitucionalidad de la prisión perpetua. Jueces de la Corte ven la mano de Alfredo Cornejo detrás de la convocatoria y se niegan a prestarse al juego de la grieta.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

En los pasillos del cuarto piso del Poder Judicial ya se escuchan comentarios sobre audiencia pública en la que se discutirá la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. "Han montado un ring al que nosotros no nos vamos a subir", manifestaron desde la Justicia y vuelve a tensarse la relación entre el ala peronista y los magistrados filo radicales del máximo tribunal.

Específicamente, se quejan del fervor con el que funcionarios gubernamentales han salido a pedir participación y deducen que buscan generar un escenario para plantear consignas con fines políticos en lugar de enfocarse en el fondo de la cuestión. 

Incluso, le ponen nombre y apellido a la convocatoria y la vinculan directamente al diputado nacional Alfredo Cornejo. Eso es lo que ha crispado los ánimos y amenaza con poner punto final a la "tregua" que se había firmado entre Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Adaro con el presidente de la Corte Dalmiro Garay y los jueces Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day.

La audiencia pública tendrá lugar el 22 de octubre y hasta el 15 de octubre hay tiempo para anotarse. En ese contexto varios integrantes del gabinete salieron a promocionar el encuentro. Entre ellos el diputado nacional Luis Petri o el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul.

Entre otras cosas, destacan que si se llegase a declarar inconstitucionales la prisión perpetua, "se beneficiarían más de 211 delincuentes condenados a perpetuidad con una liberación anticipada". "Pero además esta decisión puede impactar en todo el país y miles de asesinos y violadores salir de las cárceles", adhiere el diputado Petri.

El origen del conflicto es un fallo del juez Eduardo Martearena que declara la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. En agosto del año pasado un jurado popular condenó a los tres acusados por el asesinato de Juan Leonardo Lucero, ocurrido en 2017. El magistrado debía sentenciarlos a prisión perpetua por homicidio agravado por el concurso premeditado y alevosía. Sin embargo no lo hizo entendiendo que es inconstitucional porque no permite la resocialización de los condenados.

Esta decisión despertó una inmediata reacción y la causa llegó a la Suprema Corte, que ahora deberá resolver en pleno si la prisión perpetua es constitucional o no. En ese marco el juez José Valerio llamó a audiencia pública para que la ciudadanía se expida respecto al tema. 

Puertas adentro de la Justicia, la decisión de Valerio de convocar a una audiencia pública fue "una devolución de atenciones de José Valerio a Omar Palermo por la audiencia pública que convocó para cuestionar la designación de Teresa Day".

De a poco, la tensión en el máximo tribunal comienza a incrementarse nuevamente y aún no se han resuelto temas sustanciales como la interpretación del artículo 152 de la constitución provincial sobre los requisitos necesarios para ser juez de la Corte.

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