Según Vaquié, el oficialismo puede "perpetuar la impunidad"

Esta semana el trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación fue una muestra de uno de los grandes problemas que genera el kirchnerismo para el país. La creación de una comisión que investigue la fuga de capitales para evadir impuestos mediante cuentas bancarias en el exterior y la modificación del Código Procesal Penal eran grandes oportunidades para perseguir y castigar la corrupción tanto pública como privada y para mejorar el funcionamiento de la Justicia como un poder independiente y eficiente. Eso no va a pasar porque el oficialismo decidió utilizar su mayoría parlamentaria para perpetuar la impunidad y para avanzar sobre el Poder Judicial.

Desde algunos sectores se alimenta la fantasía de que la oposición se limita a ver con indignación esta manera de ejercer el poder en lugar de presentar sus propios proyectos o que solo se opone a lo que presentan los demás, prácticamente sin estudiar lo que se nos propone. Eso no es así, la Unión Cívica Radical presentó propuestas alternativas a las del oficialismo que de haberse debatido y consensuado hubieran tenido consecuencias positivas para todos los habitantes de este país.

En el caso de la comisión bicameral, estamos de acuerdo con investigar la fuga de capitales y la evasión de impuestos. Sin embargo, nos parece insuficiente. Por eso propusimos que también se investigue el lavado de activos. Esto excede a la cuestión financiera: en gran parte de los casos esos activos provienen de actividades ilegales como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. El oficialismo, que sancionó una ley de blanqueo de capitales que está vigente y que no por su fracaso como política deja de ser una salvaguarda para quienes no pueden justificar el origen de su dinero, se opuso sin siquiera considerar la necesidad de salir de la coyuntura que los motiva a proponer la comisión y la constituyó como quiso: mal y pronto.

Aunque sobre el Código Procesal Penal se habló mucho, considero importante destacar el trabajo del diputado nacional y exfiscal nacional Manuel Garrido quien presentó un proyecto excelente y completo para realizar las necesarias modificaciones que podrían agilizar y mejorar la Justicia. Entre otras cosas, Garrido propuso facultar a las ONGs que luchan contra la corrupción para presentarse como querellante en causas de corrupción; una Ley Orgánica de Ministerio Público que establece la figura del Consejo Fiscal, integrado por todos los fiscales generales y modifica los mecanismos de designación de fiscales y agrava las mayorías necesarias; incorporar una ley de extinción de dominio para la recuperación de activos provenientes de la corrupción o el narcotráfico, eliminar el agregado de los extranjeros del artículo 35.