Histórica condena por trata con fines sexuales a través de medios digitales
La trata de personas genera aproximadamente USD150 mil millones al año.
ShutterstockPor primera vez en la Argentina, la Justicia dictó una condena por trata de personas con fines de explotación sexual a través de medios digitales.
El acusado, Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, recibió una pena de 25 años de prisión por los abusos y el sometimiento sexual de tres mujeres entre 2017 y 2020. Una de ellas, víctima del prolongado tormento, se quitó la vida antes de que el agresor fuera detenido.
La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encontró culpable al imputado de trata agravada y abuso sexual reiterado a través de medios digitales.
La modalidad delictiva incluyó, a partir de la pandemia, la coacción a las víctimas para realizar actos sexuales frente a cámaras, que eran transmitidos desde distintos departamentos del barrio porteño de Retiro.
La causa judicial se inició en febrero de 2018, cuando una de las mujeres logró escapar del lugar donde estaba retenida. Más tarde, otras dos víctimas pudieron salir del círculo de violencia y prestaron declaración en el proceso.
Una de ellas lo hizo a través de una Cámara Gesell; la otra no llegó a testificar: en diciembre de 2021, tras años de sufrimiento y bajo tratamiento psicológico, decidió suicidarse.
Durante el juicio —que se extendió a lo largo de diez audiencias y contó con la participación de 21 testigos— el tribunal resolvió además el embargo de un inmueble ubicado en Ezpeleta, propiedad del padre del condenado, que había sido utilizado para ocultarlo y como parte del circuito delictivo.
El modus operandi de Zea Ricardo incluía anuncios falsos solicitando “modelos sin experiencia” o promesas de trabajo como promotoras. Así lograba captar a mujeres jóvenes, a quienes luego trasladaba a distintos puntos de la ciudad para forzarlas a ejercer la prostitución.
La fiscalía había pedido una condena de 27 años. El fallo, a cargo de los jueces María Gabriela López Iñiguez, Guillermo Costabel y Luciano Gorini, representa un precedente clave en la lucha contra la trata en entornos digitales. También ordenaron que se investigue si hubo otros partícipes en los hechos.
La causa visibiliza una forma de esclavitud moderna que se sirve de las herramientas digitales para captar, someter y explotar sexualmente a personas vulnerables. Una práctica que encuentra, ahora, su primer gran revés judicial.
