Piden el procesamiento de funcionarios por los bolsos con dinero en la TV Pública

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, pidió este lunes el procesamiento de varios funcionarios que extrajeron de forma irregular -supuestamente usando bolsos- la suma de $11.400.000 con la excusa de que los fondos iban a ser utilizados para un programa de Canal 7. 

Oficialmente, el retiro de ese dinero en concepto de anticipo de gastos de la cuenta bancaria de Radio y Televisión Argentina se hizo con el objeto de "materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios". Lo cierto, sin embargo, es que el movimiento está fuera de las normas dictadas para este tipo de operaciones. 

"En las presentes actuaciones se tiene debidamente acreditada la maniobra defraudatoria desplegada, entre los días 26 de febrero y 8 de marzo del 2021, por los funcionarios de Radio y Televisión Argentina SE, Alejandro De la Torre —Director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales (DAyF)—, Claudio Lamalfa —Tesorero—, Guillermo Siaira —Director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales—, Ernesto Molinero —Gerente de Producción— y Ariel Berliner —Subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7— quienes, en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna Los amores prohibidos de Belgrano, extrajeron el dinero", reza el escrito del fiscal Pollicita.

"La conducta estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo por fuera e los límites previstos" (Pollicita)

Para el magistrado, el haber sacado el dinero de esa forma va en contra de "la normativa regulatoria sobre el manejo de los fondos involucrados", "eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado; lo cual redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas".

¿Para qué era la plata?

Por otra parte, el dictamen de 53 páginas al que tuvo acceso MDZ pone de manifiesto el representante del Ministerio público Fiscal que el objeto de cuestionamiento no radica en la falta de conocimiento del Directorio de RTA SE del proyecto, ya que, conforme fuera explicado en el dictamen del 10 de junio de 2021, la Presidenta de la sociedad firmó diversos contratos de locación con agentes que prestarían servicios para la concreción de la ficción.

Sin embargo, “lo que sí resulta central en este hecho delictivo al punto tal que las propias autoridades de la sociedad hicieron la correspondiente denuncia penal es que, lo acaecido con posterioridad a ello, es decir, la obtención irregular de dinero derivado de un espurio manejo del mecanismo conocido como “anticipos de gastos” se suscitó esquivando la correspondiente autorización por parte de las autoridades de la sociedad”.

En otro orden de cosas, Pollicita hizo hincapié en lo evidente del direccionamiento espurio que estuvo orientado en beneficiar a la escenógrafa Adriana Maestri ya que el pago de $1.900.000 se realizó en su totalidad sin que el trabajo presuntamente comprometido se encuentre terminado, sumado a que “no obra un documento que especifique los alcances del servicio contratado, tal como es costumbre ante cualquier compra en la que se comprometen fondos públicos”.

Luego de las indagatorias que no fueron satisfactorias para la fiscalía por considerar que el marco probatorio está cumplido es que a la hora de pedir los procesamientos el fiscal Pollicita sostuvo que “los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”

Será el juez Luis Rodríguez quien ahora deba resolver la situación procesal de los imputados en una causa que nació con una denuncia a la que se le sumó la propia realizada por la actual titular de RTA Rosario Lufrano quien en su momento ordenó una auditoría interna.