Bentogate: investigan si un hijo del juez tiene negocios incompatibles con la función pública
Más de un millón de pesos mensuales en salarios del Estado es lo que percibe la familia Bento a raíz de los puestos que sus integrantes ocupan en el Poder Judicial de la Nación. No son los únicos: la nómina de tribunales está atestada de apellidos que se repiten en cascada, desde los magistrados hacia abajo. Pero en este caso el asunto cobra otro cariz, porque la investigación por las coimas en la Justicia Federal de Mendoza sugiere que Nahuel Bento, el hijo del juez, es titular de al menos un emprendimiento comercial que sería incompatible con la función pública.
Cuando el pasado 5 de mayo el fiscal general Dante Vega imputó por graves delitos al juez Walter Bento y a su mujer Marta Boiza, la bomba estalló y de ella saltaron esquirlas hacia dos de sus hijos, Luciano y Nahuel. Ambos trabajan en el Poder Judicial: Nahuel es abogado y cumple funciones de secretario de primera instancia con funciones en Cámara. Luciano es empleado judicial ante uno de los Tribunales Orales Federales de Mendoza (TOF).
Vega, a raíz de la pesquisa al juez Bento, descubrió la existencia de una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS) en la que Nahuel figura como socio al 50%, amén de ciertas participaciones comerciales en fideicomisos inmobiliarios que están a nombre de Nahuel y Luciano Bento y Marta Boiza.
El reglamento prohíbe expresamente el ejercicio de actividades lucrativas sin autorización
El Reglamento para la justicia Federal -que regula los deberes y derechos para los magistrados, funcionarios y empleados judiciales nacionales- prohíbe de forma expresa “el ejercicio del comercio o actividad lucrativa alguna sin la autorización de superintendencia”. Y seguramente la defensa de Bento, a cargo de Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, negará que estos emprendimientos lleven a cabo actividades. Pero su mera existencia llama la atención.
Investigado
Ese 5 de mayo, Vega puso en conocimiento esos hechos y pruebas a quienes cumplen la función de controlar administrativamente a los funcionarios y empleados judiciales. En el caso de Nahuel, al ser Secretario de primera instancia con funciones en Cámara, fue la Cámara Federal en su función de superintendencia la que tomó tal requerimiento e inició contra el joven un sumario administrativo que podría terminar con sanciones que pueden ir desde la simple suspensión a la cesantía o inclusive la exoneración.
Actualmente el sumario lo instruye una secretaria de Cámara y se ha citado a Nahuel para que ofrezca su descargo. Por lo pronto, el muchacho, al igual que su hermano Luciano, está de licencia médica (psiquiátrica) desde que sus padres fueron imputados.
Qué es una Sociedad de Acciones Simplificada
Las SAS son sociedades que se pueden constituir rápidamente y pueden estar integradas por una o varias personas humanas o jurídicas. Para aprobarlas deben tener la firma de un juez, un escribano o un banco. Es algo similar a una sociedad anónima, con acciones, etc.; pero más fácil de crear.
BSS Group es el nombre de la SAS que fue constituida por Nahuel y un arquitecto el pasado 15 de noviembre de 2019. El objeto social declarado de la sociedad era la de “servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros derechos” y lo mas curioso de todo es el domicilio “fantasma" de la firma, en calle Ituzaingó al 3088 de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. ¿Por qué poner como referencia una casa que no parece registrar ninguna actividad? Es extraño.
Ya hay fecha para apelar los procesamientos
Entre tanto, ya se fijó fecha para que las partes presenten los fundamentos de las apelaciones al procesamiento que dictó hace algunos días el juez que entiende en la causa de las coimas, Eduardo Puigdéngolas.
El límite para elevar esos escritos es el 19 de agosto a las 10: en la práctica, es el tiempo máximo para apelar las 23 imputaciones del expediente. Entre los acusados están el juez federal Bento y su esposa, más una constelación de abogados, contrabandistas y hasta un policía a quienes se acusa de haber pagado o recibido coimas a cambio de beneficios procesales.
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