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La decisión que tomó CABA para que los consumidores sepan cuánto pagan de impuestos

Los reclamos de la población sobre los precios de los productos suelen estar destinados a las empresas y los comercios. Sin embargo, el Estado tiene una responsabilidad importante.


La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se sumó al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor,según Decreto 107-26 publicado en el boletín oficial, por lo cual los tickets de compra en este distrito visibilizarán el impuesto sobre los ingresos brutos, además del IVA y otros impuestos nacionales que ya venían mostrándose en todo el país.

La fecha de aplicación dependerá de la reglamentación por AGIP, la autoridad de aplicación. De esta manera CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido el año pasado, estando pendiente la reglamentación.

Desde el gobierno porteño, Germán Krivocapich, titular de AGIP, destacó que "la Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión.”

Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, tanto con prohibiciones y sanciones que no existen en otros países, como por la aplicación de tributos, como ingresos brutos, detrás de cada eslabón de la cadena, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, en general más del 40% y hasta más del 50% del precio final.”

Este régimen ha sido impulsado por Lógica, asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. En 2023 le propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar este régimen, firmado por Javier Milei (también por Bullrich y Schiaretti), quien luego lo incluyó en la Ley 27.743, en la cual se prevé la adhesión de las provincias para visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Lógica y otras entidades enviaron sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a adherirse.

Chubut, Mendoza y Entre Ríos se adhirieron durante 2025 pero aún no muestran sus impuestos por falta de reglamentación luego de once meses de la ley provincial (Chubut) y de estar vencidos los plazos para hacerlo (Mendoza y Entre Ríos). Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, encontrándose el gobierno provincial demorado desde entonces. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

Lógica inició una campaña de difusión en la cual destacan las provincias que adhieren como, en especial, las que rechazan este régimen.

CABA es el primer distrito en sumarse a este régimen por decreto. El Código Fiscal 2026 de CABA contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, el cual fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado.

Sostiene Olivero que “aquella eliminación por la legislatura fue sorprendente pero ya es historia. Nos reunimos en aquellos días con el Jefe de Gabinete, el Lic. Sanchez Zinny, y el Administrador de AGIP, el Dr. Krivocapich, quienes con muy buena predisposición se pusieron a trabajar en este decreto, el cual es válido porque no modifica impuestos,sino que sólo implica información al consumidor. Era muy esperado que CABA se sumara al régimen y confiamos en la pronta implementación, según nos informan. Porque es inaceptable la foto general de las provincias. Las adheridas no reglamentan, las que están en proceso avanzan muy lento y los otros 18 gobernadores guardan un inaceptable silencio. Adviértase la asimetría con la implementación nacional donde, en menos de seis meses, la ley fue reglamentada y los impuestos nacionales se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes. Esos gobernadores no le están diciendo que ´no´ al Gobierno Nacional sino al 94% de ciudadanos que quieren saber cuánto del precio final corresponde a impuestos, según Poliarquía. La Constitución Nacional obliga a dar al consumidor ‘información adecuada y veraz’. Si califica de tal el 1% de sodio y el 0,8% de azúcares, mucho más obligados están los gobernadores a dar la información del, por ejemplo, 5% de ingresos brutos y 3% de tasas municipales.”

Finaliza Olivero que “saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir tributos y gastos públicos lógicos, como también servicios acordes, en los tres niveles del Estado. Debemos reclamar estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil. Porque estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las autoridades nacionales. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas, para que nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos, sino que se convierta en una causa principalmente ciudadana y apartidaria, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.´´