Las dos batallas de Massa, luego del "dólar soja"

Comienza desde hoy la tercera etapa de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Cerrado el canje de deuda en pesos y anunciado el dólar soja, el funcionario encarará ahora sus dos próximas batallas; aprovechando, obviamente, el momento político del oficialismo, que le permite avanzar en medidas que en otros momentos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hubieran sido imposibles, siquiera, de analizar.

Los próximos pasos serán dos: cerrar la inspección del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente al segundo trimestre del año; y preparar los lineamientos generales y pétreos del proyecto de ley de Presupuesto 2023.

Ambas cuestiones deberán estar terminadas antes que finalice el mes. El primero porque antes del 30 de septiembre, el propio FMI deberá girar los U$S 2.700 millones (aproximadamente) para cumplir con el segundo pago correspondiente al segundo vencimiento del crédito Stand By firmado con el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Hay que recordar que el acuerdo con el Fondo no implica una renegociación de la deuda, sino un plan de pagos del propio FMI, para que el Gobierno pueda cumplir con la liquidación de las cuotas del Stand By. Para que el Fondo envíe el dinero, el gobierno nacional debe cumplir con metas y objetivos, luego de lo cual el board del FMI libera el dinero. Si no se cumplen las metas, se vuelven a discutir los números y porcentajes.

Reglas de juego ad hoc

Lo que negoció en su momento Martín Guzmán y, tal como adelantó este medio, ratificaron Silvina Batakis primero y Sergio Massa después, es que las revisiones no sean este año, sino a ejercicio vencido. Esto es, que se analicen los porcentajes y números del 2022 durante algún momento entre febrero y marzo del próximo año, y no entre septiembre y diciembre.

Si esto se cumple (lo negociará Massa en las próximas horas en Washington), el Ejecutivo se liberará de la agenda con el FMI hasta bien entrado el 2023, lo que le dará políticamente al Palacio de Hacienda un poder de acción que Massa promete aprovechar. Al máximo.

Es en este sentido, donde se empieza a escribir el segundo frente que el ministro iniciará a transitar en estas horas. El experimentado Raúl Rigo diseñó desde la secretaría de Hacienda la primera definición económica importante para el próximo ejercicio.

Argentina se comprometerá ante el Fondo y los operadores económicos locales, que en 2023 se respetará la idea de un déficit fiscal de 1,9% del PBI; respetando lo firmado y negociado con el organismo financiero para el próximo ejercicio. El dato figurará en el proyecto de ley de Presupuesto que en septiembre se presentará oficialmente en sociedad, que tendrá en el funcionario su principal referente, veedor y defensor.

Todo esto junto con el compromiso de un crecimiento general de 3%, una acumulación de reservas de U$S 4.000 millones y una emisión monetaria no superior al 0,6%. En síntesis, todo lo mismo que se había firmado y cerrado con el FMI en la negociación de Martín Guzmán con el Fondo en el Facilidades Extendidas aprobado por el board del organismo el 25 de marzo pasado.

Dureza negociadora

Rigo armó este esquema al saber que el FMI dejó en claro, durante la visita de Silvina Batakis de julio a Estados Unidos, algo que Sergio Massa aceptó como una realidad. El organismo expresó que no se aceptará una renegociación de las metas y objetivos planteados en el acuerdo vigente. En todo caso, lo que deberá tener en cuenta el Palacio de Hacienda es la manera de armonizar y articular el resto de las variables macroeconómicas para el año próximo, con el norte de las metas ya fijadas en el crédito de Facilidades Extendidas.

Martín Guzmán había cerrado las cuentas en sintonía con lo que el FMI le reclamaría al país, y también negoció un corrimiento de las evaluaciones finales sobre el cumplimiento de las metas para el comienzo del 2023, en lugar de las fiscalizaciones trimestrales vinculantes.

Al menos no durante este 2022. Recién a comienzos del año que viene, y si Argentina mostrara mucha buena voluntad en lograr las metas pero por algún motivo (como la invasión de Rusia a Ucrania) algunas de ellas no se terminaran de cumplir, podría negociarse un waiver (perdón o desvío).

Esto sería recién en el primer trimestre del 2023. No antes. Mientras tanto, y hasta que Massa se reúna con los funcionarios en Washington y comience una relación directa con las autoridades actuales, desde el FMI no habrá opiniones duras ni presiones extras. Incluso se especula con una segunda misión del año con la aceptación sin mayores cuestionamientos de las metas del período abril- junio, recomendando desde el staff técnico la liberación de los fondos para cubrir los pagos del período; con el objetivo de darle a la Argentina un respiro para reacomodar los equilibrios macroeconómicos para el último tramo del año.

Cuando esto ocurra, será un guiño a la gestión de Martín Guzmán, quién no sólo había cerrado las cuentas en sintonía con lo que el FMI le reclamaría al país, sino que negoció un corrimiento de las evaluaciones finales sobre el cumplimiento de las metas para el comienzo del 2023, en lugar de las fiscalizaciones trimestrales vinculantes.