Por qué Alberto Fernández elogia el éxito de Toyota pero no lo copia

“A pesar de que todos tienen una historia de Toyota, quiero decir que tengo una ventaja: soy consumidor de Toyota, yo uso Toyota, mi auto es Toyota. Así que soy un cliente que valora mucho la marca”, la frase pertenece al presidente Alberto Fernández y la pronunció en una visita a la planta de la compañía japonesa, en la localidad bonaerense de Zárate. Esto toda una definición.

Está claro que el mandatario tiene una automotriz preferida. En cada oportunidad que puede resalta su éxito, es siempre elegida como ejemplo y convoca al titular de la terminal, Daniel Herrero, cada vez que se quiere reunir con el grupo selecto de los empresarios más importante del país.

Aparte de la simpatía personal, no es una decisión caprichosa, tiene fundamentos. Desde hace años, Toyota es el mayor fabricante de vehículos en la Argentina, el principal exportador y, en 2021, por primera vez, se convirtió en líder de ventas en el mercado local.

Lo curioso es que pese a esa admiración y reconocimiento del éxito de la compañía japonesa, el presidente no copia ese modelo en la toma de decisiones. Al contrario, hace exactamente lo inverso

Sin revolver mucho el pasado, la política de Toyota no es la improvisación. Se basa en un plan a largo plazo centrado en a una mejora continua y resultados. La filosofía Kaizen es uno de los pilares. Así se instaló en la Argentina, a fines de los 90, y desde una actividad incipiente alcanzó el poderío actual.

Son muchas las medidas que llevaron a este logro que, para la marca, nunca es suficiente. El hecho más reciente se produjo a comienzos de este año y es un claro contraste con el pensamiento del Gobierno.

Toyota venía trabajando al máximo de su capacidad instalada, en dos turnos y horas extras los fines de semana y feriados. Esto le permitió cerrar el 2021 con un récord de producción de 142.000 unidades de su pickup Hilux y el SUV SW4. Ya es conocido los problemas que tenía la compañía para que los operarios aceptaran trabajar horas extras ya que el pago adicional quedaba en manos del Estado como consecuencia del Impuesto a las Ganancias. Es bueno destacar que los salarios que paga la compañía, además, están entre los más altos de la industria.

Aún así, no alcanzaba. La fuerte demanda interna y externa hace que haya demoras de más de seis meses para que los compradores reciban su vehículo.

Fue por eso que durante todo el año pasado estuvo negociando con el gremio del SMATA una cambio en el régimen laboral que significaban una flexibilización de las condiciones de trabajo.

El punto central de esa reforma era que los sábados pasaran a ser de trabajo obligatorio a cambio de un franco rotativo en la semana. El objetivo era aumentar la productividad para pasar de esas 142.000 a 167.000 este año.

Las leyes rígidas que hay en el país no permiten hacer ese cambio sin consenso gremial. La empresa le explicó al sindicato que esa era la única forma de crecer, de llegar al objetivo de producción y de garantizar las inversiones que estaban pendiente. También implicaba un plus adicional para los operarios y efectivizar unos 1.000 trabajadores que estaban con contratos.

De no lograr esa reforma, no habría crecimiento ni mayores ingresos. La automotriz quedaría estancada y no entraría en los de la casa matriz, en Japón, para nuevas nuevas inversiones. Todos perderían.

Ante esta situación, el gremio planteo las alternativas a los trabajadores y mediante una elección interna se votó a favor de la flexibilización que redundaría en una mejora para la empresa y para quienes trabajan en ella. El nuevo régimen laboral comenzó a regir desde enero pasado.

Casualmente, en esos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que responde de forma directa al presidente Fernández, se encontraba negociando con el FMI la posibilidad de un acuerdo. La discusión era ajuste sí o ajuste no. El funcionario, en cada oportunidad que tenía, dejaba claro que la negociación no contemplaba la posibilidad de ninguna reforma laboral.
Esas dos palabras parecen prohibidas en el vocabulario oficialista. Lo mismo sucede desde la CGT. La idea de flexibilizar las condiciones de trabajo para mejorar la productividad es algo que, desde lo ideológico, se descarta de plano. Es sinónimo de explotación.

El argumento es que el actual régimen laboral “defiende” a los trabajadores. Es una bandera de lucha. No importa que con estas normas intocables, la Argentina no genere trabajo privado desde hace diez años o que la legislación actual sólo cubra al 40% de la fuerza laboral que está registrado en relación de dependencia. El resto son trabajadores informales, semiformales, cuentapropistas o desocupados que no gozan de ningún derecho.

El costo de contratar un empleado es altísimo en la Argentina y desalienta la generación de empleo. Incluso, en los pocos años que el país crece. Por el otro lado, el costo de despedir un trabajador, cuando la actividad se resiente, es mayor.

Las empresas prefieren no aumentar su producción e invertir para no tener que aumentar su plantilla.
Tampoco importa que los países que tienen menor desocupación o pleno empleo, tengan leyes laborales flexibles que genere movilidad laboral. En esos países, no se ven marchas o protesta de desocupados pidiendo trabajo, como sucede diariamente en la Argentina con sus leyes rígidas que “protegen” a los trabajadores.

Mucho menos importa el ejemplo cercano de Toyota que va a producir este año la mayor cantidad de vehículos de su historia, gracias a la reforma laboral que acordó con el gremio y sus trabajadores.

El presidente elogia el éxito la automotriz como si fuera un hecho de generación espontánea. Tal vez piense que es porque son todos japoneses, ordenados, metódicos, respetuosos. Son todos argentinos, desde el operario que recién ingresa hasta su presidente.

Está claro que es atractivo poner como ejemplo a Toyota, pero no copiarlo.