El trabajo en negro no para de crecer y contamina la Seguridad Social y el empleo

A todo esto, deben sumarse los altos costos de los profesionales para la debida defensa de los costosos y largos procesos laborales judiciales. Al respecto, las leyes que combaten la clandestinidad laboral, son la ley 24.013 y la ley 25.323, que deberían tener por finalidad erradicar el trabajo clandestino, tienen efectos que no confluyeron a su vocación originaria por la cual se motivó el espíritu del legislador. Leyes que ya son obsoletas y deberán pasar por una actualización acorde al trabajo del futuro.

La clandestinidad laboral responde, principalmente, al alto costo laboral que tiene el mercado laboral en lo que vulgarmente llamamos “impuesto al trabajo” mediante la presión en las cargas sociales.

Las cargas sociales se constituyen de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), y Argentina tiene una de las presiones más altas de Latinoamérica, sólo por debajo de México.

Los aportes forman parte del salario devengado del trabajador y el empleador, en su carácter legado de agente de retención, retiene para incorporar al SUSS.

Las contribuciones, en cambio, son los aportes directos que debe incorporar al SUSS el empleador por cada trabajador registrado. La suma nominal de los aportes y las contribuciones conforman las cargas sociales (aportes y contribuciones). Es cierto que el empleador solo debería contabilizar como costo las contribuciones, en tanto que el aporte es fruto de la remuneración propia del trabajador. Pero también es cierto que la remuneración del trabajador es una suma de dinero que sale del mismo bolsillo del empleador.

Con lo cual, es dable a efectos de la realidad que los empleadores cuando reclaman los altos costos laborales, lo hagan en razón de las cargas sociales y no en exclusiva delimitación de la baja de las contribuciones.

Ésta es una diferencia muy ligera de percibir pero que al objeto de esta obra no es desperdicio dejar de apreciar. Las cargas sociales generan una presión en forma de “temor fundado” en la mayoría de las empresas y en el 70% de las 500.000 pymes (Fuente Sepyme) que existen en el país.

Esto se debe a la situación por la cual se les vuelve imposible a las pymes hacer frente a las cargas sociales. Esto se vuelve una patología más endémica y agravada, en tanto que debe saber el lector que la columna vertebral de la economía argentina, la generación del empleo genuino y el principal sostén socioeconómico de la República Argentina depende de las pymes.

Las cargas sociales, en nuestro país se comportan como un impuesto excesivamente elevado, regresivo y altamente desproporcionado en relación con los servicios y estándares básicos que la sociedad recibe en contraprestación de los mismos.
En comparación con países como Brasil o Chile, tenemos un índice promedio de 34,6% más alto, siendo los primeros de la región en materia de aportes y contribuciones.

Veamos un ejemplo, aclaración: ejemplo tomado sin sustento en ninguna base real, es meramente ejemplificador. Para que le quede a un trabajador en el bolsillo un salario de $15.000, el mismo debe tener como básico “bruto” $18.080 (17% aportes). A la empresa, cada empleado, le representa un costo laboral $22.239 (24% de contribuciones). Las empresas que tienen su nómina en negro obtienen un “ahorro” de $7232 por cada empleado.

Esta suma resulta ser muy tentadora y esta tentación contribuye al alza del empleo informal. Esto demuestra la poca efectividad del “efecto inhibitorio” de las conductas evasivas y fraudulentas del empleador, que el legislador tuvo por consideración en la sanción de las leyes 24.013 y 25.323.

Para acercarlo a la actualidad, en contextos donde la competitividad es muy desleal, donde los mercados se cierran cada vez más, la inflación licua la rentabilidad de las empresas, el empleo cada vez más tiende a la baja, y el costo de vida sube, se genera cada vez más el caldo de cultivo para la clandestinidad.

Por un lado, los empleadores acuden a la clandestinidad para abaratar costos y ser más competitivos. Otros acuden a la clandestinidad para poder apenas sobrevivir y no cerrar su emprendimiento o empresa.

Por el otro, los trabajadores en su más impetuosa necesidad de llevar el sustento al hogar, asumen la realidad del contexto social y económico y se someten a la precarización registral de sus relaciones laborales, en pos de garantizarse la fuente de trabajo.

En la actualidad, para la gran mayoría de los empleadores les es insostenible costear los pagos destinados al sistema de la seguridad social, riesgos del trabajo y los pagos sindicales. Esta situación empuja a las empresas a adheriste a “planes de facilidades” o dilatar pagos transformándose en futuros acuerdos insostenibles para las empresas con el único objetivo de acumular deuda. Esta cuestión es mucho más espinosa en pequeños emprendedores.

Hablar del costo de un trabajador, es sacar una radiografía sobre el Estado en que se encuentra el mercado laboral, cómo repercute en el sistema único de la seguridad social y que relación elástica tiene con los índices de desocupación y empleo.

* Juan Pablo Chiesa  es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

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