Por qué la reforma laboral va contra las pymes y agudiza el trabajo en negro en Argentina

Tras la modificación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, el abogado Pablo Teixidor habló con MDZ Radio y dijo que el Decreto 144/2022 “atenta contra las pymes y el crecimiento real del país en la generación de empleos”. 

Hace una semana, el Gobierno nacional reformó e implementó la modificación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, la cual obliga a que las empresas con más de cien empleados ofrezcan espacios de cuidados para sus hijos e hijas de entre 45 días y 3 años de edad. Por esta razón, el abogado insistió que la medida atacará directamente contra las patronales nacionales y profundizará el trabajo en negro en el país. “Argentina tiene el impuesto al empleo más alto de la región y triplica los números superiores que tiene Perú. La reglamentación es difícil de implementar para las patronales del país, porque tienen costos muy altos para los empleadores”, comentó.

A lo que sumó: “Lamentablemente una empresa de cien empleados en el país sigue siendo considerada una pyme y al agregarle otra carga impositiva podría decrecer la escala de empleos del país. Estos gastos van más allá de lo que se ven y se toman decisiones sin razonar en todas sus dimensiones”. 

Por otra parte, el Decreto 144/2022 establece que los empleadores tendrán que ofrecer un servicio de guardería para los hijos/as de los empleados que trabajan en las patronales. Asimismo, la jurisprudencia permite que si el empleador no posee la inversión para crear un espacio común para el cuidado de menores, el mismo podrá optar en pagar un bono no remunerativo para su empleado para que pueda beneficiarse del derecho que el Gobierno nacional ha implementado de carácter inmediato. “El marco legal anuncia que en caso de no cumplir con un espacio para el cuidado de menores, las empresas deberán pagarle un adicional a su asalariado del 40%, que es calculado a partir de lo que gana una empleada de servicio doméstico. En este momento ese importe rondaría los $15.000”, declaró. 

Si el decreto es incumplido por las patronales nacionales, las empresas estarán cometiendo una infracción laboral de carácter grave en los términos del artículo 4º del Anexo II de la Ley Nº 25.212, que ratifica el Pacto Federal del Trabajo. “Es de carácter inmediato esta legislación. Sin embargo, hay un plazo de 1 año para aquellas empresas que pueden construir anexos dentro de su zona industrial”, destacó.

“El mundo está flexibilizando las normas que regulan el empleo para poder generar más puestos de trabajo y Argentina va a contrapunto del sistema. Por eso las empresas buscarán artilugios para no pagar la carga impositiva y preveo un mundo lleno de asociaciones empresariales que contratarán a 90 empleados para no pagar el coste impositivo de la reforma”, sentenció.