Qué era el Comando Pío XII, el Ku Klux Klan de Mendoza que cazaba prostitutas antes del golpe militar
El Comando Moralizador Pío XII ya operaba en 1975 especialmente contra mujeres que ejercían la prostitución, anticipando la brutal represión de 1976.
El Comando Moralizador Pío XII operó en Mendoza por lo menos un año antes del Golpe del 76.
La represión ilegal en Mendoza comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tuvo un desarrollo previo, sistemático y articulado desde el aparato estatal y paraestatal. Uno de los dispositivos más significativos fue el Comando Moralizador Pío XII, cuya actuación desde 1975 muestra cómo la violencia política se entrelazó con una ofensiva moral, clasista y patriarcal.
El Comando Pío XII funcionaba desde aproximadamente mayo de 1975 y se presentó públicamente ante la sociedad a través de un comunicado el 15 de julio del mismo año, declarando como objetivo “limpiar” la sociedad mendocina de aquello que consideraba desviaciones morales. Sus principales víctimas fueron mujeres en situación de prostitución, además de homosexuales y otros sujetos considerados “indeseables”. Según registros periodísticos y testimoniales, sus integrantes actuaban encapuchados, utilizaban látigos, cadenas y armas, y realizaban secuestros, torturas y asesinatos; los cuerpos eran arrojados principalmente en el piedemonte mendocino, en zonas como Papagallos, San Isidro y Canota.
El comunicado sostenía que actuaban ante la “inacción” de la policía y la Justicia; se definían como defensores de la “moral pública” y advertían que no tendrían “misericordia”. Sin embargo, investigaciones posteriores señalan su vinculación directa con la Policía de Mendoza, bajo la jefatura de Julio César Santuccione.
El comunicado afirmaba que “serían inmisericordiosos en el castigo a las prostitutas, que con su desenfadada presencia en la vía pública atormentan y ofenden de raíz las prácticas de buena costumbre y pública moral mínima de toda sociedad decente”. Y concluía: “con látigos de tiento, cadenas, garrotes de goma y cartuchos cargados con sal ahuyentamos la presencia indecorosa de las mujeres públicas, como así también con un perro doberman, especialmente adiestrado para desnudar personas, que responde al nombre de Savonarola. Res non verba”.
Este accionar no fue marginal ni espontáneo: formó parte de una estrategia de control social previa al terrorismo de Estado, en la que la violencia sobre los cuerpos -especialmente femeninos- operó como mecanismo disciplinador. El surgimiento del Comando Pío XII se inscribe, además, en un contexto más amplio de represión paraestatal que, en Mendoza, tuvo su expresión en el Comando Anticomunista Mendoza (CAM), activo desde 1974, cuyos integrantes difundían sus acciones mediante “partes de guerra” contra la “penetración marxista”.
Contexto: la interna peronista y el origen del escenario represivo
El surgimiento de estos comandos no puede comprenderse sin el contexto político de la provincia. Tras el triunfo del peronismo en 1973, el gobierno de Alberto Martínez Baca estuvo atravesado por fuertes tensiones internas.
El peronismo mendocino estaba integrado por sectores que iban desde corrientes de izquierda, vinculadas a la Tendencia Revolucionaria y Montoneros, hasta sectores ortodoxos de la derecha peronista. A este último espacio respondía el vicegobernador Carlos Arturo Mendoza, quien mantuvo un fuerte enfrentamiento con Martínez Baca. El conflicto culminó en junio de 1974 con la destitución del gobernador mediante un juicio político, una salida institucional que canalizó formalmente la crisis, pero no resolvió la disputa de fondo.
Este proceso marcó un punto de inflexión. Tras la destitución y la intervención federal encabezada por Antonio Cafiero, comenzaron a consolidarse en Mendoza los grupos parapoliciales. En ese marco, Cafiero designó como jefe de Policía a Julio César Santuccione, un hombre ultracatólico y nacionalista que luego sería acusado por centenares de asesinatos y desapariciones, aunque murió en 1996 sin haber sido condenado.
Desde su asunción, y con ambos comandos en funcionamiento en sintonía con la lógica de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), se multiplicaron en la provincia los atentados contra mujeres en situación de prostitución, militantes políticos, sindicalistas, periodistas, estudiantes, artistas e intelectuales, así como los ataques con explosivos contra la Sociedad Israelita, el teatro TNT, el diario La Prensa, la imprenta Paulos y sedes de partidos de izquierda.
La “cruzada moral”: género, control social y violencia
El Comando Pío XII introduce un elemento central: la dimensión moral y sexual de la represión. A diferencia del CAM, cuyo discurso era explícitamente anticomunista, este grupo operaba sobre la base de una “cruzada moral”, en la que la persecución política se combinaba con el intento de “restaurar” un orden patriarcal, tensionado por la creciente participación de las mujeres en la vida pública, política y militante durante las décadas previas.
En este marco, la violencia contra las mujeres -especialmente aquellas en situación de pobreza, en prostitución o con militancia política- no constituyó un exceso, sino parte de una lógica sistemática orientada a castigar a quienes desafiaban los roles tradicionales. Los sectores moralizadores avanzaron así en un control integral que alcanzaba incluso la sexualidad.
El Comando Pío XII apareció en la escena pública en mayo de 1975 tras el brutal asesinato de dos mujeres en situación de prostitución, encontradas desnudas y con un tiro en la cabeza el 1 de mayo, luego de haber sido secuestradas la noche anterior. Sus nombres eran ClaridadGonzález de Ángel y Ramona Suárez de Martínez. Posteriormente, once hechos similares salieron a la luz y fueron vinculados al comando.
Según señalan sobrevivientes, en la esquina de Urquiza y Salta, autos con hombres de civil -en algunos casos encapuchados- patrullaban la zona y arrojaban papeles con la leyenda: “Emigren prostitutas, Comando Pío XII”, una amenaza que derivó en atentados con bombas a clubes nocturnos y cabarets, además de persecución, tortura, violación y asesinato de mujeres, principalmente en la zona de la Cuarta Sección.
Este patrón se profundizó durante la dictadura, cuando la violencia sexual fue utilizada de manera sistemática en los centros clandestinos. A partir de los testimonios de las exdetenidas, y tras años de lucha, estas prácticas comenzaron a ser reconocidas como delitos de lesa humanidad.
Los cuerpos “castigables”
“Las mujeres pagábamos el precio de ser mujeres”, declaró en los juicios Silvia Ontiveros sobre su paso por el ex D2, donde fue víctima de reiterados vejámenes y violaciones sistemáticas, al igual que sus compañeras, por parte de distintos policías: “eran distintos olores, distintos cuerpos, insultaban distinto”. En muchos casos, además, se les quitaba la patria potestad sobre sus hijos bajo acusaciones de “abandono de hogar”, como ocurrió con Ontiveros, lo que configuraba otra forma de castigo.
El accionar del Comando Pío XII funcionó como un dispositivo de disciplinamiento social basado en el género. Durante la dictadura, este patrón derivó en formas de particular ensañamiento, tal como lo registran los testimonios de exdetenidas y también de exdetenidos sometidos a abusos sexuales con el objetivo de “feminizarlos”, lo que para los perpetradores implicaba una degradación jerárquica. En ese sentido, el castigo no buscaba únicamente obtener información, sino también disciplinar los cuerpos considerados “subversivos”.
La violencia desplegada por estos grupos también tuvo un marcado carácter clasista. Las principales víctimas del Comando Pío XII eran mujeres pobres, sin redes de protección institucional, lo que facilitaba su persecución e invisibilización, mientras que el CAM dirigía su accionar contra la organización de la clase trabajadora: militantes sindicales, estudiantes e intelectuales.
La represión paraestatal como antesala del Golpe
La actuación del Comando Moralizador Pío XII revela que la represión incluyó una ofensiva sobre la vida cotidiana, los cuerpos y las conductas sociales. En ese proceso, la violencia sexual y el castigo moral ocuparon un lugar central contra quienes no respondían a su concepción de “moral y buenas costumbres”, que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico y excluía su participación en la vida pública o política.
Lejos de ser un fenómeno aislado, la represión paraestatal en Mendoza tuvo continuidad durante la dictadura militar: intervinieron los mismos actores -fuerzas de seguridad y cuadros policiales-, se desplegaron prácticas similares -secuestros, torturas y asesinatos- y se sostuvo la noción de “enemigo interno”, asociada a la defensa de la moral y el orden.
Así, el terrorismo de Estado instaurado en marzo de 1976 no emergió de manera abrupta, sino que profundizó una lógica ya en marcha: una represión simultáneamente política, clasista y patriarcal que había comenzado antes del golpe y que encontró en estos comandos su expresión más temprana y brutal.