Nuevo plan del IPV: cómo serán los barrios chicos que buscan construir en Mendoza

Para muchas familias mendocinas, la casa propia quedó atrapada entre alquileres cada vez más pesados, créditos bancarios difíciles de alcanzar y precios que obligan a reunir ahorros durante años. En ese escenario, el IPV activó una nueva operatoria que busca ampliar la oferta habitacional con participación privada.

El esquema apunta a desarrollos de baja escala, lejos del modelo de grandes barrios concentrados en una sola zona. La idea es que empresas y desarrolladores presenten proyectos integrales para levantar conjuntos de entre 5 y 30 viviendas, con terrenos, urbanización, infraestructura y construcción incluidos. Recién después de esa etapa se abrirá la instancia para los futuros postulantes.

Cómo será el nuevo programa del IPV

La convocatoria forma parte del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, una iniciativa que combina recursos del Estado provincial, inversión de desarrolladores y aporte de los adjudicatarios. Según la información oficial, el cupo inicial previsto es de unas 275 unidades distribuidas en distintos puntos de Mendoza. La prioridad estará puesta en barrios chicos, con obras que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 14 meses una vez aprobados los proyectos.

El IPV podrá financiar hasta el 40% del monto total de cada emprendimiento, con un valor de referencia de hasta $130 millones por vivienda para calcular el aporte estatal. El resto del costo deberá ser cubierto entre el desarrollador privado y las familias que resulten adjudicatarias. En la práctica, se trata de una operatoria pensada para sectores medios: hogares que no califican para una vivienda social tradicional, pero que tampoco logran acceder con facilidad a un crédito hipotecario del sistema financiero.

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Casas de 60 metros y barrios más chicos

Las viviendas proyectadas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y estarían pensadas con uno o dos dormitorios, de acuerdo con las características de cada desarrollo. Aunque todavía no está definido el mapa final de ubicación, la intención es que los proyectos se distribuyan en zonas urbanas con demanda habitacional, especialmente en el Gran Mendoza y San Rafael, siempre sujeto a las propuestas que presenten las empresas interesadas.

Ese punto será clave para las familias. No solo importará el valor de la cuota o el tamaño de la vivienda, sino también la localización, el acceso a servicios, la cercanía con escuelas, centros de salud, transporte y lugares de trabajo. A diferencia de otros planes donde el Estado define previamente el barrio, en esta modalidad el sector privado tendrá un rol central al momento de ofrecer terrenos y proyectos completos. Por eso, el listado de opciones concretas recién podrá conocerse cuando avance el proceso de selección.

Requisitos para acceder a las viviendas

El programa estará orientado a personas solas o grupos familiares que puedan demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota. La referencia informada es de al menos cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Con el valor vigente en junio de 2026, eso equivale a cerca de $1,84 millones mensuales, aunque ese monto puede modificarse si cambia el salario mínimo o si el IPV actualiza las condiciones de la operatoria.

También habrá filtros patrimoniales. Quienes quieran postularse no deberán tener otra propiedad ni haber sido adjudicatarios de una vivienda del IPV en el pasado. La vivienda, además, deberá destinarse a uso único y permanente. Es decir, no está pensada como inversión, segunda casa o alternativa para alquiler, sino como solución habitacional para quienes necesitan acceder a su primer hogar.

Por ahora, la inscripción para las familias todavía no tiene fecha de inicio. Antes deberán presentarse las empresas, evaluarse los proyectos y seleccionarse los desarrollos que cumplan con las condiciones técnicas, financieras y urbanísticas. Una vez superada esa instancia, el IPV habilitará el procedimiento para los interesados. Para quienes alquilan y buscan una alternativa de largo plazo, el nuevo plan abre una expectativa concreta, aunque todavía con pasos administrativos pendientes antes de llegar a la adjudicación.