Avanza la causa sobre los "favores" a presos en la Justicia Federal

Desde hace meses, MDZ señala la posible existencia de una trama de arreglos non sanctos en la Justicia Federal mendocina. No es en todo el fuero, claro. Sin embargo testigos y fuentes internas reportan casos en los que se habrían pagado importantes sumas de dinero a cambio de sacar de la cárcel a detenidos, morigerar sus penas o modificar las imputaciones.

Plata por libertad. Plata por prisiones extramuros o domiciliarias. Plata por cajonear causas. Y vale recordar que en esos Tribunales se juzgan delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas y secuestros extorsivos, entre otras sutilezas.

Ya hay un cadáver. A mediados de año, un hombre fue secuestrado, golpeado y estrangulado. La muerte del ex corredor de aduana Diego Aliaga (51) -cuyos restos fueron enterrados en un campo de Lavalle- no estuvo necesariamente vinculada a esta mafia; pero fue una de las grietas por las que se filtró la sospecha.

Es que en ese expediente se mencionaba, un poco por arriba, que Aliaga quizá tuvo algún tipo de contacto irregular con los Tribunales Federales y con un tal Walter Bardinella Donoso (41), un detenido por narcotráfico -expediente 52.277/2017-C- que cayó en marzo de este año, cuando integraba la lista de prófugos más buscados de la Argentina.

De las pericias sobre un teléfono de Bardinella se desprendieron pistas que causaron estupor en oficinas y pasillos de calle España.

Parece que en aquel celular había diálogos y negociaciones en las que se hablaba de -o peor aún, se hablaba con- magistrados y funcionarios de primera línea, a través de un presunto tejido criminal que involucraba a “punteros”, abogados penalistas muy conocidos de la provincia e incluso el despacho de un pez gordo. Un magistrado, tal vez.

Algo huele mal

Así es como el 24 de septiembre de este año, tras periciar el mencionado teléfono, la Policía transmitió sus conclusiones provisorias a la fiscalía federal.

Era la punta del ovillo, porque en ese documento se muestra que Bardinella habló a fines de 2019 con Diego Aliaga, “como así también con Leandro Cirot y Juan Oscar Llobel Reyes -con quienes realizaría maniobras de contrabando- y con el abogado Luciano Ortego”.

Se conjetura que el grupo se refería a Aliaga usando el alias de "Fernández"

El grupo se refería a Aliaga usando el alias de “Fernández”. Y el informe subraya que entre Bardinella Donoso y Ortego hablaban sobre “posibles irregularidades en el trámite de distintos procesos” (sic) que involucrarían a funcionarios judiciales. Así se abrió la causa FMZ 13854/2020, que rebotó durante días de un lado al otro porque por diferentes motivos nadie la quería/podía agarrar.

Pero la duda ya estaba plantada; echaba raíces. Basta recorrer los cafés de Tribunales para comprobar que incontables abogados aseguran que desde hace eones se realizan maniobras de esta clase en la Justicia, y más de uno se llamó al silencio o se dejó tentar por el cinismo. Unos por cuestiones corporativas. Otros por “lealtad profesional” hacia los que están desde antes. Y otros simplemente por miedo.

Gente que no

No obstante, hace un mes el fiscal de Cámara Dante Marcelo Vega se animó. Elevó el requerimiento de instrucción formal ante Eduardo Puigdéngolas, juez de primera instancia del Juzgado Federal de San Rafael, quien se había hecho cargo del asunto luego de que un magistrado de Mendoza se excusara.

Y no sólo eso. Vega solicitó una medida que está contemplada por la Ley: pidió que la investigación se delegue en el Ministerio Público, en lugar de estar dirigida desde San Rafael. Quiere conducir la pesquisa él, en una orientación más “acusatoria” que “inquisitiva”. Tomar el toro por las astas.

Se desconoce hasta dónde llega la "trenza" 

El fiscal tiene ante sí un panorama complicado: aún desconoce hasta dónde llega la “trenza” de coimas y favores, si es que la hay. Pero si existe, se conjetura que los muchachos cuentan con mucho dinero y capacidad de presión. 

¿Quién es el “Gran Jefe” y qué se sospecha?

Según pudieron averiguar estos cronistas, Vega entiende que los hechos investigados se encuadrarían en el tipo de la asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), delito reprimido con una pena privativa de la libertad que va de 3 a 10 años.

Se trataría de una organización liderada por un magistrado

En síntesis, habría una "zona tomada” de la Justicia donde actuaría una organización criminal compuesta por tres o más personas y liderada nada menos que por un Magistrado o funcionario Federal. Se dice rápido, pero es gravísimo.

Por intermedio de “punteros” -algunos abogados del foro y otros operadores judiciales-, la banda habría beneficiado ilícitamente a cambio del pago de coimas a procesados por delitos de contrabando y narcotráfico; modificando las calificaciones legales para así obtener excarcelaciones o -en otras instancias- otorgando la prisión domiciliaria. Esa es la sospecha inicial desde la que parte el fiscal de la causa para investigar

Para el “Gran Jefe” de la organización, la amenaza de pena se eleva como mínimo a cinco años. Es decir mínimo de 5 y máximo de 10 años de cárcel (art. 210). Si el responsable aceptó coimas, el artículo 257 prevé de cuatro a doce años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

El abanico de delitos es por demás variado. Aparte de la asociación ilícita, involucra a su vez infracciones a la ley 22.415 (Código aduanero, delitos de contrabando), violación de los deberes de funcionario público, con penas de prisión de un mes a dos años (art. 248 del CP) y los delitos de cohecho activo y pasivo, con penas de prisión de uno a seis años (art. 256).

En el clásico thriller Los sospechosos de siempre (Bryan Singer, 1995) casi todos los personajes se resisten a nombrar a un villano casi invisible, un tal Keyser Söze. Cuando lo hacen, transpiran un respeto reverencial. Sin llegar a esos extremos dramáticos, también en Mendoza hay testimonios en los que se habla con cautela de “el Gran Jefe” o “el Picante”, en referencia a quien estaría coordinando desde arriba las operaciones descriptas en líneas precedentes. El tiempo -y las pruebas- dirán si se acerca su ocaso o no.

Y todavía falta hablar de los contactos con la política.

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