La Justicia Federal investiga a una universidad que recauda millones por el sistema de fotomultas
La Justicia Federal investiga a la Universidad de San Martín por el manejo de las Fotomultas. Con lo recaudado la casa de altos estudios habría comprado una suma millonaria de dólares.
La Justicia Federal de Tres de Febrero que lleva adelante la investigación por el sistema de fotomultas en PBA, puso el ojo en la compra de dolares de una Universidad.
Archivo MDZEn medio de un nuevo paro del Frente Universitario, para exigir aumento salarial y presupuesto a las Universidades, la Justicia Federal investiga el negocio millonario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) por las fotomultas. Según documento, que constan en la causa, la casa de altos estudios sanmartinense con lo recaudado habría comprado una importante cantidad de dólares.
La ruta de los dólares que investiga la Justicia Federal
Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) remitido al Juzgado Federal N°1 de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, encendió las alarmas en el ámbito académico. El documento detalla las operaciones de cambio realizadas desde enero de 2020 por los imputados y las empresas investigadas en la Causa FSM 28454/2024; cuya caratula dice: “IMPUTADO UNSAM Y OTRO S/A DETERMINAR SOLICITANTE MARTINELLI MAURO ASDRUBAL Y OTROS”
Los números oficiales desmienten cualquier narrativa de asfixia absoluta. La Universidad Nacional de San Martín figura con 291 operaciones de compra de moneda extranjera por un equivalente a $804.823.422. Por su parte, la Fundación Innovación de la UNSAM (FUNINTEC) acumuló 170 compras adicionales por $149.507.313. En conjunto, el entramado institucional de la casa de altos estudios sanmartinense adquirió dólares por un monto equivalente a $954,3 millones.
Si bien la compra de moneda extranjera es una actividad legal, el timming financiero convierte los datos del BCRA en un golpe directo al discurso del ahogo económico de dicha universidad. La Justicia intenta determinar ahora el origen exacto y el destino de esos fondos en dólares en un contexto de reclamo por los recortes del ejecutivo nacional a las universidades.
El rentable "peaje" de las fotomultas
El rastreo del juzgado Federal Nº1 de la localidad de Tres de Febrero sobre los dólares se desprende de un esquema mayor que el Juez Federal Culotta reconstruye pacientemente: la gestión de fotomultas en al menos diez distritos bonaerenses. Como lo son los municipios de La Matanza, San Martín, San Isidro, Hurlingham, General Pueyrredón (Mar del Plata), Zarate, Olavarría, Roque Pérez, Junín y Morón; por lo que el magistrado citara a los intendentes de esas localidades para determinar responsabilidades en la maniobra.
Según, fuentes en la Justicia Federal consultadas por MDZ, la hipótesis que manejan es que la Universidad de San Martín funcionó como “el canal” institucional de un circuito que solo en 2024 movilizó alrededor de mil novecientos millones de pesos.
El mecanismo bajo sospecha, investigado por la Justicia Federal, exhibe un formato escalonado: los intendentes firmaban convenios de fiscalización vial con la Universidad escudados en su prestigio; la casa de altos estudios derivaba la ejecución a su fundación FUNINTEC; y finalmente, actas complementarias dejaban las tareas técnicas, administrativas y logísticas en manos de firmas privadas.
El informe judicial detectó transferencias directas desde las cuentas de la Fundación universitaria hacia la firma Tránsito Seguro S.A., la principal proveedora privada subcontratada. Coincidentemente, el propio Banco Central reveló que esta compañía acreditó 54 operaciones de compra de moneda extranjera por un total de $1.163.430.846.
El paraguas académico y la sospecha de la intermediación
Frente al avance del expediente, desde la Universidad de San Martín habrían respaldado los acuerdos señalando la existencia de un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por el Consejo Superior, a cargo del Secretario de Extensión y Vinculación de la casa de altos estudios Diego Kampel.
Sosteniendo que su labor sería la de incluir campañas de concientización, capacitación y gestión administrativa, admitiendo además que subcontrataron a Tránsito Seguro para aportar la infraestructura tecnológica requerida.
Sin embargo, para los investigadores judiciales, el foco no está puesto en si los cinemómetros o los tótems de velocidad funcionaban correctamente, sino en el presunto "peaje" cobrado por la Universidad de San Martín.
La investigación judicial trata de esclarecer si la casa de altos estudios actuó como un mero sello formal para habilitar, de está forma, la contratación directa de privados. Permitiendo que un circuito de fundaciones y empresas intermedias se quedara con tajadas millonarias del cobro de infracciones por el sistema de fotomultas.
La causa que tramita la Justicia Federal de Tres de Febrero no establece aún imputaciones por delitos automáticos en el mercado de cambios, pero deja expuesta la trastienda financiera de una Universidad pública que puertas afuera protesta por la falta de recursos, mientras puertas adentro sería parte de un aceitado engranaje recaudador.