Martín Insaurralde enfrenta una nueva línea de investigación por la presunta caja vinculada a las fotomultas
La documentación difundida quedó incorporada a expedientes judiciales que analizan el patrimonio del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
Jésica Cirio con Martín Insaurralde, exfuncionario que estaría involucrado en un presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo tras la difusión de documentación que vincularía a una empresa dedicada al negocio de las fotomultas con una persona del entorno familiar de su expareja, Jesica Cirio. Los elementos fueron presentados públicamente por la periodista Guadalupe Vázquez y ya forman parte del material que analizan los fiscales que intervienen en distintas causas relacionadas con el exfuncionario.
El eje de esta nueva línea de investigación se concentra en Always Group S.A., una firma tecnológica que comercializa equipos utilizados para el control de velocidad y la detección de infracciones de tránsito. La empresa quedó bajo observación luego de conocerse que Priscila Ferrante, sobrina de Cirio, habría trabajado allí entre 2016 y 2018.
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De acuerdo con la documentación difundida, la firma habría sido incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires pocos días después de la llegada de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete en septiembre de 2021.
La inscripción de la empresa y las contrataciones públicas
La investigación sostiene que la inscripción de Always Group S.A. coincidió con una mayor participación de la empresa en contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, un esquema que ya era objeto de otra causa judicial por presuntas irregularidades durante la gestión del entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio.
En 2022 Insaurralde habría firmado la homologación de equipos pertenecientes a la empresa, un trámite administrativo indispensable para que esos dispositivos pudieran utilizarse dentro del sistema oficial de control de tránsito y ser contratados por organismos públicos. La documentación también indicaría que los equipos homologados habrían sido utilizados en distintos municipios bonaerenses.
Respecto a la situación patrimonial de Priscila Ferrante, la Justicia ya ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir la evolución de sus bienes y así determinar si existen elementos que justifiquen ampliar la investigación.
El material recopilado fue entregado tanto al fiscal Sergio Morla, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, como al fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente que analiza las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.
