Johana Chacón, la niña que creció entre la pobreza, el hambre y la falta de respuestas del Estado
La vida de Johana Chacón y sus hermanos estuvo marcada por la vulnerabilidad, la separación familiar y la falta de trabajo antes de su desaparición en Lavalle.
Catorce años pasaron desde el día que desapareció Johana Chacón. Luego se confirmó que fue el mismo día de su femicidio en manos de Mariano Luque. Lo que pasó ese día en Lavalle, es el último eslabón de una cadena de vulnerabilidades atravesadas por el hambre, el abandono y la falta de trabajo que el Estado fue incapaz de resolver.
Hay una pregunta que sobrevuela el caso de Johana Chacón desde hace catorce años y que no tiene que ver con lo que le hicieron a la niña, sino con todo lo anterior: ¿cuántas infancias viven, hoy, en las mismas condiciones en las que vivía Johana y sus hermanos? No es una pregunta retórica. Es la que late detrás del testimonio de Silvia Minoli, la maestra que dirigía la escuela a la que asistía Johana, cuando reconstruye el "antes" del caso.
El caso de Johana se convirtió en una de las causas judiciales más resonantes de la historia reciente de Mendoza y en un antecedente ineludible del Ni Una Menos en la provincia. Sin embargo, no empieza el 4 de septiembre de 2012, el día en que la vieron por última vez en Tres de Mayo, Lavalle. Empieza mucho antes, en una infancia atravesada por el hambre, el abandono y la ausencia de trabajo, una acumulación silenciosa de carencias que, en algún momento, la dejó expuesta a una violencia tal que acabó con su vida.
De una familia separada a una finca de Lavalle
Johana era hija de Bernardo Chacón y Mirtha Ruiz. Tras la separación de sus padres, los cinco hermanos —Johana, Beatriz, Martín, Sebastián y Diego— permanecieron durante un tiempo con su madre en Tunuyán. Meses después regresaron a Tres de Mayo con su padre.
Bernardo Chacón manifestó que no podía cuidar a los chicos. Entonces, con su consentimiento, comenzaron a quedarse en la finca que administraba Luis Curallanca, un predio de 12 hectáreas ubicado sobre calle Rama 4.
En la propiedad vivían Curallanca, su esposa María Ruarte y Mariano Luque, hijo de la mujer. Johana y Beatriz terminaron instalándose allí de manera permanente, mientras que sus hermanos permanecían en forma intermitente.
La situación material de los chicos era de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, vecinos y docentes señalaron que, al llegar a la finca, las condiciones de vida habían mejorado. Fue en la puerta de ese lugar donde Johana fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012.
La escuela Virgen del Rosario era uno de los espacios estables en la vida de los hermanos. Su entonces directora, Silvia Minoli, recuerda que las dificultades no aparecieron con la desaparición.
“La vida de Johana estuvo signada por el abandono". Para Minoli, la escuela podía advertir situaciones de violencia, pero no contaba con las herramientas necesarias para resolverlas.
La docente sostuvo que la prevención debía involucrar a hospitales, familias, escuelas y organismos estatales, con intervención desde los primeros indicios de vulnerabilidad.
La desaparición de Johana y la búsqueda que encontró a Soledad
La desaparición de Johana puso en movimiento a la comunidad educativa de Tres de Mayo. Docentes, estudiantes, vecinos y organizaciones comenzaron a reclamar su aparición con vida. En ese proceso apareció otra ausencia que había quedado sin respuestas: la de Soledad Olivera.
Soledad, de 28 años y madre de tres hijos, había desaparecido el 18 de noviembre de 2011, casi un año antes que Johana. Vivía en condiciones también de pobreza y necesidades, con sus hijos y una hermana en el barrio Paraísos de Curi, cerca de la finca donde residía Luque. Sus hijos asistían a la misma escuela que Johana.
La investigación sobre Johana permitió visibilizar que Soledad también llevaba meses desaparecida. La comunidad educativa comenzó entonces a reclamar por ambas mujeres y convirtió la búsqueda en una causa colectiva.
Las marchas comenzaron en Lavalle y llegaron a distintos puntos de Mendoza. La experiencia de organización construida alrededor de Johana y Soledad fue uno de los primeros pasos de la organización de mujeres mendocinas, la antesala del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en 2015.
En 2018, Mariano Luque fue condenado a 24 años de prisión por el homicidio de Johana. La pena se unificó con otra condena por el asesinato de Soledad Olivera y alcanzó los 32 años. La sentencia quedó firme en 2019. El cuerpo de Johana nunca fue encontrado, solo sus huesos incinerados.
La investigación había comenzado como una búsqueda de paradero y atravesó distintas hipótesis hasta que, en 2015, Beatriz Chacón declaró ante la Justicia Federal que Luque había asesinado a su hermana y quemado su cuerpo.
Las señales que no alcanzaron
La historia de los hermanos Chacón también expuso las dificultades de las instituciones para intervenir frente a situaciones de vulnerabilidad.
Cuando comenzó la investigación por la desaparición de Johana y Soledad, Beatriz y sus hermanos volvieron a vivir con su padre. En la escuela advirtieron que estaban siendo maltratados y tomó intervención la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Los chicos fueron alojados en uno de sus hogares, pero poco después se fueron.
Minoli sostiene que la escuela había advertido situaciones de violencia y había realizado las derivaciones correspondientes, pero que el Estado la dejó completamente sola frente a una problemática que requería la intervención y el acompañamiento de otros organismos.
Sin embargo, es innegable que “Johana hizo que un montón de chicos y chicas se animaran a contar cosas". Como el caso de una alumna que durante su séptimo grado fue detectada con un embarazo y cuando las historias de Johana y Soledad habían adquirido visibilidad, contó que sufría abusos desde los 8 años por parte de su padrastro quien la tenía amenazada con hacerle lo mismo a su hermana si ella hablaba.
La situación de Johana no fue, por lo tanto, un episodio aislado. Una encuesta federal de SENAF y UNICEF registró recientemente 9.754 niños, niñas, adolescentes y jóvenes alcanzados por medidas excepcionales de protección y alojados en dispositivos residenciales o familiares. Ese número tampoco incluye a quienes permanecen en sus hogares pese a que distintas instituciones detectan señales de vulneración.
Lo que la organización consiguió y lo que el Estado todavía debe responder
Para Minoli, la movilización generada por Johana produjo una transformación. La docente reconoce que no logró recuperar a la adolescente ni evitar que otras mujeres fueran asesinadas, pero sí identifica una bisagra: chicos y chicas comenzaron a contar situaciones de violencia y la sociedad empezó a mirar problemas que antes permanecían ocultos.
Todo lo que describe Minoli —la falta de herramientas en las escuelas, la ausencia de acompañamiento estatal, la sensación de estar sola frente a un problema que le excedía— tiene, además, un correlato presupuestario concreto y actual. Las partidas destinadas a políticas de género sufrieron un recorte drástico durante la gestión de Javier Milei. La Línea 144, el servicio telefónico nacional de atención a víctimas de violencia de género, y el Programa Acompañar —que otorga apoyo económico a mujeres y personas LGBTI+ para salir de un hogar violento— cayeron en términos reales un 97,7% y un 99% respectivamente entre 2023 y 2025. El Acompañar, en concreto, pasó de asistir a más de 100.000 personas en 2023 a apenas 434 en 2024, y perdió directamente su partida presupuestaria para 2025 y 2026.
La experiencia de Johana dejó además una herramienta institucional. En 2014 Mendoza estableció el 4 de septiembre como Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana, una fecha destinada a trabajar en las escuelas sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y violencia de género.
Este 4 de septiembre, a 14 años de la desaparición, habrá una actividad conmemorativa en Tres de Mayo, organizada por la Dirección de Género de Lavalle. Al mismo tiempo, Minoli continúa realizando actividades de prevención en escuelas, institutos de formación docente, facultades y espacios comunitarios.
La memoria de Johana, así, no se limita a recordar cómo murió. También obliga a mirar cómo vivía, quiénes estaban a cargo de su cuidado, qué instituciones conocían su situación y qué ocurrió cuando esas señales no alcanzaron para protegerla.
