Familias y docentes enfrentados tras denuncia de abuso sexual infantil en una escuela
Tensión en la escuela Lemos tras una denuncia por abuso sexual infantil a una alumna y agresiones a docentes. Familiares piden la remoción de directivos.
La comunidad educativa de la Escuela 1149 Abraham Lemos, en Corralitos (Guaymallén), atraviesa una profunda crisis tras conocerse una denuncia por abuso sexual contra una menor. El hecho, que habría sido cometido por personal de una empresa contratista, destapó reclamos históricos por fallas en los protocolos de seguridad y desató un conflicto de las familias, que exigen respuestas inmediatas, con la dirección del establecimiento.
Este martes, la tensión se materializó en una protesta, donde una veintena de padres, madres y familiares se congregó a las puertas de la escuela en un clima de contenida indignación. Frente a esta situación, las autoridades han activado los protocolos correspondientes, mientras que el sindicato docente ha salido al paso para reclamar protección para los educadores, quienes también han sido blanco de agresiones.
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Posición oficial: investigación y condena a la violencia
En un comunicado oficial emitido este martes, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE se refirió a la situación, ratificando "su compromiso inquebrantable con el esclarecimiento rápido de los hechos y la defensa irrestricta de la integridad de nuestros estudiantes".
La cartera educativa detalló que, una vez conocida la denuncia formal, "la respuesta interinstitucional fue inmediata y rigurosa: se activó de manera instantánea el Protocolo previsto para este tipo de situaciones". Aclararon que "no existen antecedentes ni denuncias previas de situaciones similares en la institución, lo que motivó una acción inmediata ante la recepción de la primera denuncia formal".
Entre las medidas adoptadas, se informó sobre la iniciación de "la investigación sumaria administrativa a fin de determinar las responsabilidades que hubiera dentro del ámbito escolar", así como la intervención del "Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) del Hospital Notti, a fin de asegurar el seguimiento médico y psicológico integral a la niña y su familia".
Frente a las agresiones a docentes, el comunicado expresó: "Lamentamos y condenamos categóricamente los actos de violencia sufridos por personal docente en el ingreso al establecimiento". La institución "ratifica su respaldo total al personal docente y directivo, quienes cumplen su función con profesionalismo".
La voz del sindicato: "Somos los chivos expiatorios de un problema social"
Gustavo Correa, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), se refirió al conflicto planteando una mirada crítica. "Nosotros venimos planteando la necesidad de tener un protocolo que atienda la demanda de proteger a los docentes y a los equipos directivos", señaló.
Correa argumentó que el problema de fondo es social y que la escuela termina siendo el ámbito donde se manifiesta. "Somos los chivos expiatorios de una situación que es un problema social, y eso hay que atenderlo desde ese lugar", afirmó, destacando que en la mayoría de los casos los docentes resultan inocentes cuando la justicia avanza.
Frente a la propuesta de aumentar la seguridad con presencia policial, el dirigente fue contundente: "La DGE se equivoca creyendo que esto lo va a resolver poniendo un policía en la puerta de una escuela. No hay proceso de aprendizaje si hay un policía en la puerta de una escuela".
El relato familiar: omisión y desconfianza
La chispa que encendió la crisis fue la presunta omisión de una docente ante el relato de la víctima. Según narró la hermana de la niña agredida, la menor se acercó a su maestra quejándose de dolores.
"Mi hermana se quejó de dolor de vientre y de dolor de sus partes íntimas, y la maestra lo único que le dijo: 'Bueno sentate, ya se te va a pasar'", declaró la joven. "Le habló a mi mamá y solamente le dijo lo que le pasó, pero le dijo: 'Yo nada más cumplo con avisarte'".
Este episodio, sumado a una denuncia previa contra un celador por agresión a otro niño -que, según los padres, fue "encubierta" por la dirección-, generó una pérdida total de confianza. "Ningún niño quiere volver a la escuela, todos son testigos de todo lo que ha pasado, conocen a su compañera, saben lo que son las maestras, no pueden ni hablar con la maestra porque no pueden confiar", afirmó la hermana de la víctima.
Desencuentro, medidas de fuerza y agresiones
La reunión sostenida entre una funcionaria de la Dirección General de Escuelas (DGE) y la directora del colegio terminó con la retirada de algunos padres, quienes aseguraron no sentirse escuchados. "Adentro están haciendo una reunión para querer acompañar recién ahora a los padres, a los niños, tener un protocolo de seguridad... Cuando nosotros lo estábamos pidiendo por el tema del celador, nunca plantearon esto", criticó la familiar.
La medida de fuerza de esta semana -no enviar a los niños a clases- fue la respuesta inmediata. "Nos dijeron que no iban a poder rendir, pero no es algo que vamos a aceptar", advirtió una madre.
La rabia y la frustración también desembocaron en episodios de violencia física contra las docentes. La propia hermana de la víctima reconoció su participación en estos hechos, justificándolos por la actitud que, según su percepción, mostraron las educadoras. "No me arrepiento, porque así como respaldan a los maestros, a los directivos, simplemente se le pidió a la maestra respuesta a todas las preguntas que teníamos nosotras (...) y cuando uno le está queriendo hablar con respeto, la maestra se ríe", afirmó. Y añadió: "Digamos que yo fui la que fue la principal agresora a las docentes, porque se me rieron en la cara y no me dieron una respuesta".
Un pedido radical y la respuesta institucional
La demanda de un sector de las familias es contundente: "Nosotros queremos que cierren la escuela (...) queremos que la directora se vaya, queremos cambio de docente, porque no podemos confiar así nomás", expresó la hermana de la niña agredida.
Las autoridades, por su parte, enfatizaron que "es fundamental que la comunidad encuentre en el diálogo y en los canales institucionales la vía para manifestar su preocupación". Respecto a las tareas de infraestructura, aclararon que "la empresa que realizaba obras de ampliación y mantenimiento en la escuela ha cesado sus trabajos, ha entregado la nómina completa del personal y colabora con la Justicia, ratificándose que la obra cuenta con ingreso diferenciado y está aislada del sector escolar".
Mientras tanto, el foco principal para la familia de la niña víctima sigue siendo su recuperación. "Ella está mal, es lo único que puedo decir", compartió su hermana. "Hoy día le tocó a mi hermana, pero mañana puede ser otro más si siguen defendiendo a los docentes, si siguen tapando el sol con un dedo".
La escuela Abraham Lemos se convierte así en un espejo de una problemática más amplia, donde la exigencia de justicia y entornos protectores para las infancias choca contra las estructuras burocráticas, y donde la desesperación ha dado lugar a acciones que, para las autoridades y el sindicato, reproducen los ciclos de violencia que se denuncian, mientras el sindicado advierte sobre el riesgo de que se profundice la confrontación entre familias y docentes.